El ex policía y piloto Oscar Pérez, que protagonizara acciones de alto impacto mediático contra el gobierno de Nicolás Maduro, murió en un operativo de captura desplegado el lunes por fuerzas policiales y militares en las afueras de Caracas, que será investigado por el Parlamento. El ministro del Interior, general Néstor Reverol, incluyó a Pérez en la lista de "siete terroristas fallecidos" —entre ellos una mujer— y mostró sus fotografías, en la televisión gubernamental, poniendo fin al mutismo oficial sobre la suerte del ex agente de la policía científica. Pérez, de 36 años, era el hombre más buscado por las autoridades de Venezuela desde que el 27 de junio sobrevoló Caracas en un helicóptero policial con algunos de sus hombres, lanzando cuatro granadas contra el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y disparando contra el Ministerio de Interior. El ataque —sin víctimas— ocurrió en medio de una ola de protestas contra el presidente Nicolás Maduro, que dejó unos 125 muertos entre abril y julio de 2017.
Siete meses después, comandos militares y policiales realizaron en la mañana del lunes la "Operación Gedeón" contra el ex policía y sus hombres, a quienes sitiaron en una casa en la carretera a El Junquito, 25 km de Caracas. Reverol precisó que otros seis miembros del grupo, cuatro hombres y dos mujeres, están "detenidos"; en tanto que dos policías murieron y ocho resultaron "gravemente" heridos.
Acompañado de altos mandos militares y policiales, el ministro aseguró que los "actos cometidos por esta banda criminal califican" como "terrorismo, constituyendo claros y flagrantes ataques contra la institucionalidad democrática". Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada, comentó que la acción de Pérez parecía aislada. "La zona elegida para esconderse, los pocos actos realizados en siete meses y la ausencia de personal de resguardo que custodiara o respondiera al ataque no supone la existencia de una red articulada y experimentada para realizar acciones terroristas o derrocar el gobierno", subrayó.
La muerte de Pérez ha provocado polémica en el país. En quince videos que difundió en Instagram durante el operativo, el piloto, con el rostro ensangrentado, había acusado a las autoridades de querer matarlos, pese a que estaban dispuestos a entregarse. "Nos están disparando con lanzagranadas, francotiradores, dijimos que nos íbamos a entregar y no quieren dejar que nos entreguemos, nos quieren asesinar", dijo Pérez en uno de sus últimos mensajes en plena balacera. Pero el gobierno asegura que fue Pérez y sus hombres quienes atacaron.
Tras el informe del ministro, la esposa del piloto, Dana Vivas, quien poco antes había pedido una "prueba de vida", pidió a las autoridades permitirles identificar el cadáver. "La familia exige al gobierno de Venezuela, que permita identificar el cuerpo de Oscar Pérez. No autorizamos su cremación", dijo en su Twitter Vivas, quien vive en el exterior con sus tres hijos.
Aminta Pérez, madre del piloto, calificó la operación de una "masacre". La ONG de derechos humanos Provea acusó al gobierno de propiciar un "desenlace violento".
Al respecto, la Asamblea Nacional (Congreso) de Venezuela, bajo control de la oposición, aprobó ayer emprender una investigación sobre la operación militar contra un grupo rebelde encabezado por el ex policía. La jefa de la Comisión de Política Interior, Delsa Solórzano, dijo que se aprobó la creación de una subcomisión que tendrá a cargo la investigación y que pedirá respuestas al gobierno sobre una serie de dudas generadas por la operación de comandos militares.
"Desde esta Asamblea condenamos la muerte de todos los que fallecieron en un oscuro procedimiento emprendido para capturar a un venezolano", dijo la legisladora.
Mientras tanto, al menos dos ex funcionarios y actuales disidentes del chavismo criticaron el operativo y cuestionaron al gobierno del presidente Maduro. La ex fiscal general Luisa Ortega Díaz afirmó en un video publicado en su cuenta de Twitter que el operativo de ayer "terminó con una ejecución extrajudicial vista por el mundo entero". "El desgobierno de Nicolás Maduro consolidó su carácter criminal y violador de derechos humanos con la ejecución de Oscar Pérez y otros jóvenes venezolanos", subrayó Ortega Díaz en el mensaje con que acompañó el video. El general Miguel Rodríguez Torres sostuvo que "el uso desproporcionado de la fuerza, el uso de armas antitanques y no permitir que la negociación terminara para enviar civiles armados a masacrar a los rebeldes, o como quieran llamarlos, fue un hecho igual o peor que los vistos en El Amparo, Cararabo o Cantaura". Se refirió a tres masacres: en 1982, en Cantaura, Estado Anzoátegui, tropas regulares bombardearon un campamento guerrillero y dejaron 23 muertos; en 1988, en El Amparo, Estado Apure, policías y militares mataron a 14 pescadores, y en 1995, en Cararabo, en la frontera con Colombia, un centenar de guerrilleros colombianos asesinó a ocho infantes de marina venezolanos.
Muy activo en las redes sociales, Pérez difundía videos para llamar a los venezolanos a rebelarse contra "la dictadura", y publicar sus golpes contra el gobierno. En diciembre, lideró un comando que asaltó una base militar en la población Laguneta, y se llevó 26 fusiles Kalashnikov, pistolas y municiones. Antes del ataque con helicóptero, Pérez, actor aficionado y con apariencia de estrella de Hollywood, ya era conocido, pues protagonizó en 2015 el filme de acción Muerte Suspendida.
Cacería. Miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) participaron del operativo.
