El Senado dio media sanción para reformar el Consejo de la Magistratura; un organismo del Poder Judicial creado por la Reforma constitucional de 1994 cuya función principal es nombrar y destituir jueces y fiscales. 28 años después de 1994 continúa la disputa política sobre cómo debe constituirse, cantidad de miembros y procedencias. El Frente de Todos (FdT), luego de introducir algunas modificaciones al proyecto originado en la Casa Rosada, integró a dos aliados clave (el bloque oficialista cuenta con 35 miembros), obtuvo la mayoría absoluta estricta, 37 votos, y cumplió con el requerimiento reglamentario de alcanzar supremacía agravada que requiere el tema, que excede la simple mayoría.
Juntos por el Cambio (JxC), que impulsaba otro dictamen, obtuvo 33 votos. El frente opositor consiguió el acompañamiento de dos aliados, pero a la vez sufrió la ausencia de dos senadores (uno de ellos, Martín Lousteau, con Covid).
La nueva Magistratura que propone el oficialismo, y que ahora quedó en manos de la Cámara de Diputados, tendría 17 miembros entre legisladores (6), abogados (4), jueces (4), del ámbito académico (2) y un representante del Poder Ejecutivo nacional. Y el punto sensible que generó gran polémica con la oposición, no ocupará una banca en el cuerpo ningún miembro de la Corte Suprema de Justicia.
La media sanción, de todos modos, llega justo al límite temporal que un muy criticado fallo de la Corte Suprema (por todo el oficialismo) impuso el 16 de diciembre pasado cuando declaró inconstitucional la actual ley vigente desde 2006 – que reguló al Consejo por 16 años- y apuró al Congreso a dictar una nueva ley antes del próximo 15 de abril. Plazo que, como resulta obvio, no será cumplido. Ya que, aún con un cálculo optimista, Diputados necesitará no menos de tres semanas para tratar la media sanción que llega este viernes desde el Senado.
Apropósito, el jefe de bloque del FdT en Diputados, el rosarino Germán Martínez, se expresó por twitter ni bien el Senado emitió la media sanción, “quedan cuatro días hábiles para la fecha límite que estableció la Corte, el tiempo es muy escaso”. Una verdad de Perogrullo, que, en verdad, busca provocar un gesto mínimo de la Corte en el sentido de extender los plazos. Y así evitar caer en un limbo jurídico peligroso, o, más grave aún para la visión de la Casa Rosada, reponer luego del día 15 abril la ley que rigió la suerte de la Magistratura desde 1997 hasta 2006, cuando una nueva ley aprobada por amplias mayorías (2006) le dio la configuración actual de 13 miembros.
Anabel Fernández Sagasti (legisladora por Mendoza), vice presidenta del bloque del FdT en el Senado.
La media sanción aprobada por mayoría absoluta en el Senado volvió a demostrar la alta capacidad de negociación para constituir acuerdos de la presidenta del cuerpo, Cristina Kirchner, y del jefe del bloque, José Mayans, y su segunda, Anabel Fernández Sagasti, entre otros. Y todo indica, contrastará con el bloque oficialista en la Cámara de Diputados, que tendría más dificultades para romper su propio techo numérico (118) y llegar al número mágico de 129 (mayoría absoluta), equivalente al 37 que juntaron anoche Cristina y compañía, pero en la Cámara alta.
La reforma a la Magistratura que aprobó el Senado con el apoyo clave de Alberto Weretilneck (Río Negro) y de Magdalena Solari Quintana (Misiones), ambos con mono bloques propios por fuera del FdT, incorpora una dimensión desconocida para un organismo como el Consejo de la Magistratura, la dimensión federal.
Se constituirá una Comisión de Asuntos Federales con funciones tales como elaborar propuestas a las distintas Comisiones y al Plenario del Consejo, llevando las necesidades específicas de cada región. A la vez que emitir opiniones no vinculantes y participar en el Plenario.
Por caso, de aprobarse, sesionará al menos una vez por trimestre en el ámbito de distintas Cámaras Federales del interior del país. Se constituirá un organismo de “Asuntos federales”, integrado por consejeros ad honorem en representación del Senado de la Nación.
El país se dividirá en cuatro regiones; el AMBA (Capital Federal y Gran Buenos Aires); Norte ( Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes y Entre Ríos); Centro (Mar del Plata, Córdoba, Rosario y Mendoza) y Sur, de Bahía Blanca hacia la Patagonia.
Ahora, y contra reloj, la Cámara baja tiene la palabra; hay final abierto con la Magistratura.
