Universitarios se manifiestan a favor de una nueva ley de educación superior

“Retomaremos la convocatoria a debatir una nueva ley de educación superior”, fueron las palabras del presidente Alberto Fernández el 1º de marzo, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. El anuncio ya había sido expresado el año anterior, previo a la pandemia. Un reclamo histórico de varios sectores de la comunidad universitaria para dejar atrás a la ley sancionada en 1995, en pleno auge del menemismo.

Si bien a esa norma se le realizaron con el correr de los años distintas modificaciones, siempre quedó en agenda la posibilidad de su cambio por una nueva, como sucedió durante la primera década de este siglo con otras leyes educativas.

Representantes de los estudiantes universitarios de Rosario manifestaron su acuerdo con la necesidad de cambiar la ley que rige al sistema de la educación superior y expresaron algunos puntos claves que deben estar presentes en el debate que se abrirá, como el número de representantes en el cogobierno y la formación de los profesionales. También proponen que no estén ausentes en las discusiones otros actores de la sociedad civil.

Mercantilización educativa

“Entiendo que lo principal es generar una nueva ley, porque la actual, que deviene del menemismo y fue engendrada por la peor situación para la educación pública, no puede seguir vigente”, dijo Manuel Leiva, integrante del frente que preside la Federación Universitaria de Rosario (FUR). El estudiante recordó que la ley vigente tiene aproximadamente 160 reformas, resoluciones y decretos que la fueron modificando. Uno de esos últimos cambios fue el proyecto aprobado por el Congreso a fines de 2015 que impulsó la entonces diputada Adriana Puiggrós, donde quedó expresado que el Estado tiene la “responsabilidad principal e indelegable” sobre los estudios superiores, a la vez que prohíbe la implementación de cualquier tipo de arancel directo o indirecto.

Frente a la posibilidad de una nueva ley, para Leiva aún resta avanzar en otros puntos nodales, como la derogación del artículo que habla de la generación de recursos adicionales “mediante la venta de bienes, productos, derechos o servicios”. “Eso —advirtió Leiva— abre la puerta a la mercantilización, porque detrás de ese artículo engañoso se liberan acuerdos con multinacionales y se pone a la educación pública al servicio de empresas que nada tienen que ver con los intereses nacionales”.

“A partir de esa lógica se fue avanzando en un sentido privatista de la educación, brindando servicios y productos para la venta”, agregó el estudiante de comunicación social de la UNR e integrante de la agrupación Alde.

Otro punto que considera fundamental a discutir es el de la igualdad en el cogobierno. Ejemplifica que de acuerdo al estatuto de la UNR, en los consejos directivos de las facultades la proporción es de 10 docentes y 8 estudiantes. Los dos puestos restantes —además del decano que preside el consejo— lo ocupan graduados y no docentes. Cuestionó también a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), a la que calificó como “una herramienta de apriete a la autonomía universitaria, que acredita o desacredita carreras según beneficios o intereses externos”.

fur

Universidad y sociedad

Facundo Puras es el secretario general del centro de estudiantes de la Regional Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y también acuerda con la necesidad de una nueva ley de educación superior. “Cada vez que hablamos de universidad pública nos referimos a un fuerte compromiso con la sociedad, que hace falta más estructura curricular que lleve a que el estudiante tenga conciencia de la sociedad en la que vive y de los problemas que hay en ella”, dijo el joven, que cursa en ingeniería química de la UTN local e integra la agrupación Gradiente.

El dirigente estudiantil recordó los orígenes de la Tecnológica como Universidad Obrera Nacional creada en 1948, con cátedras que analizaban la historia del movimiento obrero. “Esas materias tenían una carga para poder interpelar a los actores sociales y que los estudiantes no salgan solo con conocimientos técnicos, sino que sean conscientes del rol que tenemos en la sociedad”, dijo.

Al Igual que Leiva, el estudiante de la UTN mencionó que un cambio necesario es la composición de los órganos de cogobierno. En el caso específico de la Tecnológica, otro punto clave que propone revisar es el de la inserción de los graduados en la facultad: “Tenemos un derecho que en otros países no existe (por el carácter público de la universidad), pero también el problema que hay pocas actividades donde a los graduados se los involucra para que sigan estando en nuestra casa de estudios e investiguen”.

Todas las voces

“Sin dudas creemos que es necesaria una revisión de esa ley del 95, aprobada en pleno neoliberalismo. Han pasado un montón de gobiernos y esa ley no se ha terminado de modificar”, sostuvo Sofía Poudes, estudiante en Psicología, militante de Aire (Articulación Independiente Regional) y copresidenta de la FUR. Recordó que el movimiento estudiantil ya viene desde hace años debatiendo el tema en distintos encuentros y charlas.

Poudes destacó además que la construcción de la nueva ley debe hacerse “con las voces de todos”. Y explicó: “Necesitamos discutirla los estudiantes, docentes y la sociedad en general, porque cómo nos formamos los profesionales les compete a todos. Por eso es necesario que los desocupados, las organizaciones sociales y los distintos actores de la sociedad también participen en esa discusión”.

“Sin dudas el tema de la educación pública, gratuita e irrestricta para todos es el principal”, agregó. Para la estudiante, la universidad “ya venía siendo no del todo publica y gratuita para los sectores que históricamente no han podido ingresar”, pero que “en 2020 se aceleró una reforma de hecho con la virtualidad”. Una modalidad de cursado para la cual se necesita garantizar “dispositivos, internet o un lugar adecuado para estudiar, por eso se hace cada vez más difícil ingresar y permanecer en la educación superior”.