Ley de educación ambiental integral: entre la urgencia y las contradicciones

Desde Taller Ecologista compartimos algunas reflexiones e interrogantes en torno a la reciente y aplaudida sanción de la “ley para la implementación de la educación ambiental integral en la República Argentina”.

En sus principios, el texto se presenta de modo manifiesto como política pública en clave de derechos, haciendo lazo no sólo con el artículo 41 de la Constitución Nacional, sino también con las leyes de bosques nativos, de glaciares, de manejo de fuego, entre otras. En buena parte de Latinoamérica, desde hace algunos años, los derechos de la naturaleza interpelan al campo jurídico, históricamente abocado a configurar pautas orientadas a la regulación de la vida humana y la convivencia entre personas.

Si bien se trata de un anuncio largamente anhelado por numerosos colectivos abocados a la defensa de los bienes comunes, no deja de sorprendernos el enfático tenor de la norma —representativa de un horizonte deseable— en un contexto signado por la destrucción ambiental y por la ausencia de garantías gubernamentales respecto del cumplimiento de la amplia legislación ambiental vigente, incluyendo la adhesión del Estado a tratados internacionales también en curso.

Llama la atención el raudo avance en la deliberación y aprobación de este proyecto de ley, cuando ante un reclamo impostergable y masivo como la sanción de una ley de protección de humedales —cuyo primer proyecto se presentó en 2013— sigue aún pendiente de la debida atención política. Asimismo, dentro de los avances jurídicos corresponde señalar la reciente sanción de la Ley Yolanda, que establece la capacitación obligatoria en materia ambiental para todas las personas que se desempeñen en la función pública de la administración nacional; como la ratificación de nuestro país al Acuerdo de Escazú.

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Humedales Jaaukanigás al noroeste de Santa Fe en el departamento de General Obligado.

Foto: Turismo provincial.

Mientras tanto, en los territorios de vida avanzan sin pausa la megaminería a cielo abierto, los desmontes, los monocultivos, el uso indiscriminado de agrotóxicos, la profundización de la hidrovía, la exponencial producción de artículos rápidamente descartables, todo lo cual deja a la vista la actualidad de un modelo productivo extractivista, depredador, esparcido por el mismo territorio al que la nueva ley propondría proteger. Lógicas contrapuestas que indican que es también, y primordialmente, el Estado el que debe afirmarse en la coherencia de la toma de conciencia de la cuestión ambiental, enunciado que a partir de la nueva norma se incorporaría al artículo 92 de la ley de educación nacional, dedicado a instituir contenidos curriculares comunes.

Nos parece una buena decisión la de calificar a la educación ambiental como integral (EAI), por cuanto es preciso desprendernos de la racionalidad positivista y largamente dominante que separa al conocimiento de la vida y asumir el pensar —integralmente, colectivamente— desde donde pisamos, enfrentando toda la conflictividad del presente. En ello radica la auténtica urgencia de una estrategia nacional de EAI estipulada en la presente ley.

Concebimos a la educación ambiental como una práctica social crítica, problematizadora y propositiva que, poniendo en foco al territorio, apuesta a una acción política transformadora a partir de la inserción lúcida en la realidad. En tanto campo educativo emergente, tensiona la tradicional lógica disciplinar, la trastoca y la desborda, haciendo necesarios los abordajes interpretativos que el texto de la norma contempla, los que deben nutrirse de los aportes del diálogo intercultural e intergeneracional, como así también de las contribuciones de la mirada ecofeminista.

"Concebimos a la educación ambiental como una práctica social crítica, problematizadora y propositiva que apuesta a una acción política transformadora a partir de la inserción lúcida en la realidad" "Concebimos a la educación ambiental como una práctica social crítica, problematizadora y propositiva que apuesta a una acción política transformadora a partir de la inserción lúcida en la realidad"

La sanción de una ley de educación ambiental integral supone un reconocimiento a la educación, ese hecho inestimable que funda subjetividad y comunidad, en su potencial para alentar alternativas al mal desarrollo. Enorme desafío cultural, político y pedagógico para las instituciones educativas, llamadas a una construcción que claramente excede lo escolar: hacer educación ambiental no es sólo tarea de docentes; en un amplio arco de responsabilidades públicas y privadas, exige la implicación de todos los sectores. Y sobre todo, exige del Estado un gesto esencial que debe acompañar al enunciado: afrontar la incomodidad y avanzar decididamente en la construcción que hoy impulsa.

La sanción de la ley no es lo único que esperamos, mientras las organizaciones seguimos trabajando articuladamente y sin descanso, por el resguardo integral de los ecosistemas y la vida.