La educación superior es un derecho. Así lo establecieron en 2008 las universidades latinoamericanas reunidas en la Conferencia Regional de Educación Superior (Cres) en Cartagena de Indias. Y también la reforma que introdujo en 2015 la pedagoga y entonces diputada nacional Adriana Puiggrós a la ley de educación superior (LES). Allí quedó taxativamente expresa la responsabilidad “indelegable y principal” del Estado respecto de la educación superior, considerándola un “bien público y un derecho humano”. Y estableció la prohibición de establecer cualquier tipo de arancel en los estudios de grado.
Pero no se trata solo de un derecho de beneficio individual. “El derecho a la educación superior es colectivo, del pueblo”, advierte Eduardo Rinesi, politólogo egresado en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), profesor y ex rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Autor entre otros libros de Filosofía (y) política de la universidad, Universidad y democracia, y Política y tragedia, Rinesi reflexiona sobre la posibilidad de cambiar la ley de educación superior, tal como lo manifestó en varias oportunidades el presidente Alberto Fernández y apunta sobre los discursos que proponen el arancelamiento en base a que “los pobres no llegan a la universidad”. Y afirma: “La derecha en este país tiene un conmovedor sentido de la justicia tributaria que le ataca justo cuando se habla sobre la universidad”.
—Es un derecho que está establecido por una ley de la nación, como producto de un largo proceso que quizás encuentra uno de sus hitos mayores en un importante documento que es la declaración final de la Cres de 2008. Allí se establece que la educación superior, no solo la universidad, es un bien público y social. Esto significa que no es una mercancía sino una cosa pública, un derecho humano universal y una responsabilidad de los Estados. La educación superior en general, y la universidad en particular, tiene unos mil años en la historia de la cultura de los países de occidente y nunca se pensó a sí misma como un derecho o como una institución encargada de garantizarlo. Se pensó como lo que siempre fue: un privilegio, una prerrogativa de unos pocos, una máquina de fabricar elites reducidas: clericales, profesionales, técnicas, burocráticas. Ni la Reforma del 18 ni el Mayo Francés se propusieron pensar a la universidad como un derecho universal. Democratizaron su vida interna, fortalecieron el vínculo entre movimiento estudiantil y movimiento obrero, y una gran cantidad de cosas más también. Pero de ahí a pensar a la universidad como un derecho, ni los cordobeses del 18 ni los parisinos del 68 lo hicieron.
—Es una idea más reciente.
—Se trata de una idea muy actual y cercana en el tiempo. Es interesante que se haya podido pensar por primera vez con tanta fuerza en América Latina en el marco de un proceso de democratización social, política y cultural de nuestras sociedades en los tres primeros lustros de este siglo. Eso revela hasta qué punto el movimiento de transformación que se operó en América Latina durante ese período permitió cosas muy originales que no se habían pensado antes en la historia de occidente. Y en efecto nos plantea un conjunto de desafíos muy importantes. ¿Cómo entender que la educación superior es un derecho? Hay un primer modo de entenderlo, que es como derecho de los ciudadanos, ciudadanas e individuos de cursar estudios universitarios sin ser excluidos, por ejemplo por la vía de un examen de ingreso o sin tener que pagar por la vía de un arancel. Y en los más altos estándares de calidad, sea como sea que la calidad se mida. En ese sentido avanzó la legislación argentina y en el año 2015 la ley de educación superior (LES) que rige desde comienzos de los años 90 es modificada por una iniciativa de la entonces diputada Puiggrós. Esa ley hoy dice que la educación superior es un derecho en la Argentina.
—¿Fue clave esa modificación?
— Me parece muy importante porque cambia todo en nuestra representación sobre la universidad. No porque la lucha contra el examen de ingreso y contra los aranceles no sea muy antigua. De hecho eran las consignas con las que muchos de nosotros, que nos vamos acercando a los 60, iniciamos nuestra militancia universitaria cuando éramos chicos al final de la dictadura. Pero más allá de esas consignas particulares, que son irrenunciables y que está muy bien que hayan quedado plasmadas en el texto de una ley, la idea más general de que la educación superior es un derecho universal nos compromete fuertemente a profesores y profesoras universitarias, a las instituciones y a las políticas públicas, porque si buscamos que los derechos sean efectivos y no meramente declarativos, tienen que estar asegurados y garantizados por políticas activas, sostenidas por gobiernos, con asignaciones presupuestarias suficientes para llevarlas adelante.
"Si buscamos que los derechos no sean solo declarativos, tienen que estar asegurados y garantizados por políticas activas" "Si buscamos que los derechos no sean solo declarativos, tienen que estar asegurados y garantizados por políticas activas"
—¿Cómo analizar, en este contexto, frases como “los pobres no llegan a la universidad”, que pronunció la entonces gobernadora bonaerense Vidal?
—Esa frase es una barbaridad por diversas razones. En primer lugar es falsa. Algunos hijos de los sectores populares en la Argentina, muchos menos de los que yo querría, en efecto llegan a la universidad debido a que el gobierno al que pertenecía la importante funcionaria que produjo esa declaración no terminó de destrozar las políticas públicas que gobiernos anteriores habían implementado. Está claro que esta es una sociedad muy injusta, los hijos de los sectores populares tienen muchas más dificultades para realizar sus proyectos educativos que los sectores medios y altos, pero en la medida que en este país todavía hay una educación pública de razonable buena calidad, y políticas públicas que permiten que adolescentes y jóvenes dispongan de becas y de otras posibilidades que les hacen un poco menos cuesta arriba llegar a los niveles superiores de educación, esa frase es falsa. Algunos de los que, como dijo la entonces gobernadora, nacen en la pobreza llegan a la universidad en la Argentina. De todos modos es rigurosamente cierto que llegan muchos menos de los que yo querría que llegaran o que deberían llegar. En la universidad los sectores populares están fuertemente subrepresentados. Y por eso es que hay que hacer políticas públicas, institucionales, docentes y pedagógicas para cambiar las cosas. El modo en que los pueblos podemos cambiar las cosas es haciendo política, y no simplemente describiendo cómo son las cosas del mundo. Lo que me resulta particularmente escandaloso e indignante de esa frase es que la haya dicho una señora que no había sido votada por el pueblo de la provincia que la eligió para que trabajara de socióloga empirista y nos contara cómo son las cosas, sino para que gobernara. Es decir, para que hiciera políticas al servicio de que la realidad, que esa noche en el Rotary Club se limitó a describir, se pareciera un poco más a lo que mandan las leyes de la nación. Entonces, esa frase es inaceptable no solo por su falsedad, sino porque no la puede decir una gobernadora.
—Muchas veces este debate deriva en la idea sobre el arancelamiento, que siempre vuelve.
—Sí, siempre vuelve porque la derecha en este país tiene un conmovedor sentido de la justicia tributaria que le ataca justo cuando se habla sobre la universidad. Por supuesto que el sistema tributario en este país es muy injusto, pero la justicia tributaria se hace en el sistema tributario, no en el sistema educativo. La universidad no puede ser arancelada sobre la base del absurdo pretexto de que los pobres no llegan a ella porque ese pretexto es falso. Porque si la arancelamos van a llegar en menor porcentaje aún de los que llegan. Pero además, porque hay una ley de la nación que dice que la educación superior es un derecho. Uno lo que tiene que decidir es qué hace con las leyes, si se las toma en serio o si cree que forman parte de un relato que les hicieron creer los loquitos que gobernaron al país durante doce años. Si uno cree que las leyes son mandatos de cumplimiento obligatorio, que hasta que no se las reforme hay que tomarlas en serio, no hay discusión posible: la universidad no se paga porque es un derecho. Por supuesto que es una injusticia escandalosa que los ricos, que en este país pagan muy pocos impuestos, vayan a la universidad en mucho mayor porcentaje que los pobres que en este país pagan muchísimos impuestos. Porque el grueso de los impuestos son indirectos. Pero lo que hay que hacer es reformar el sistema tributario, no empezar a cobrar aranceles en la universidad. No resiste el menor análisis ese ataque de justicia tributaria que le agarra a la derecha justo cuando se habla de universidad.
universidad.jpg
Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital
—¿Hace falta una nueva ley de educación superior?
—Es una discusión interesante. Siempre las leyes son perfectibles y mejorables. Cuando surgió en el momento más entusiastamente neoliberal de la programática menemista, fuimos miles los que salimos a protestar contra esa ley, que sin dudas se inscribía dentro de ese contexto histórico, político e ideológico. Creo que no nos equivocamos al salir a la calle en ese momento. También creo que mucho tiempo pasó y que experiencias gubernamentales que vinieron después demostraron que se podía hacer en la Argentina una política universitaria muy diferente de la que se había desplegado durante los años neoliberales de fin de siglo sin necesidad de tocar la ley. Quiere decir que esa ley toleraba políticas de orientación ideológica muy diferentes a la que había velado su cuna. Por eso creo que el kirchnerismo nunca se preocupó mucho por cambiarla. A mí me hubiese gustado que lo haga, con una gran discusión no solo entre universitarios, porque la universidad es un problema del pueblo argentino. Y así como se pudo hacer una política muy avanzada durante los años de los tres gobiernos kirchneristas sin necesidad de cambiar la ley, se pudo hacer después una política muy restrictiva durante los años que siguieron. Eso me obliga a poner un poco entre paréntesis la pregunta por cuál es la importancia de una eventual reforma de la LES.
—Un tema que lo planteó el presidente y el exministro Trotta.
—Dos o tres veces el presidente lo mencionó en sus mensajes. Entonces uno no puede sino hacerse la pregunta de en qué sentido alguien está pensando cambiar la ley de la educación superior en la Argentina. Y ahí tengo un temor: creo que si esa idea de reformar la LES nos permitiría abrir un gran debate ciudadano sobre la universidad que necesitamos, sobre cómo garantizamos el derecho a la educación superior, yo encantado. Temo que más de cuatro actores vinculados con la vida universitaria en la Argentina, incluyendo algunas autoridades de universidades, cuando escuchan reforma le brillan los ojitos porque lo que leen allí es reforma de lo que entienden como la inoportuna modificación de 2015. Hay más de cuatro que creen que lo de 2015 fue un disparate demagógico, democratista, populista, parte del relato, del “curro de los derechos”. Tanto es así que algunos rectores del sistema universitario público, varios de ellos pertenecientes al mismo signo político de la diputada Puiggrós, una vez sancionada la reforma en lugar de pensar cómo hacían para gobernar las universidades conforme mandaba la ley decidieron que era mas práctico protestar ante el más antidemocrático de los poderes del Estado. Entonces la ley está en el Poder Judicial de la Nación impugnada por cuatro rectores. Frente a eso enciendo mis luces de alarma, porque sería una muy mala noticia que después de un avance tan democratizador volviera a ponerse en discusión en la Argentina si se puede o no cobrar el ejercicio de los derechos, y si se puede o no seleccionar a la gente para determinar quiénes están o no en condiciones de ejercerlos. Ambas cosas me parecerían un escándalo.
—La pandemia agudizó problemas como la pobreza y la desigualdad ¿qué debate debe darse la universidad frente a ese contexto y a la pospandemia?
—Hay una cantidad de debates interesantísimos que se abren. Creo hasta este punto de la charla de la universidad como derecho que venimos incurriendo en dos reduccionismos. El primero es suponer que ese derecho es solamente de los ciudadanos que quieren estudiar en la universidad. El otro es suponer que solamente es un derecho a la formación de profesionales. El derecho a la educación superior es colectivo, del pueblo, no solamente individual. Un derecho que tiene ese pueblo a usufructuar los beneficios que la universidad hace, tanto en el plano formativo como en el de la producción y difusión de conocimientos que produce. Allí la universidad tiene por delante muchos debates para dar. Durante los primeros meses de la pandemia cada vez que el presidente hablaba sobre las políticas que estaba implementando decía que seguía el consejo de “los que saben”. Independientemente de muchas consideraciones que uno podría hacer sobre esa frase, incluso críticas, resulta interesante el modo en que la pandemia puso en la propia retórica presidencial la idea del saber como un bien público y un valor apreciable. En la universidad hay gente que sabe sobre un montón de cosas que en efecto van a empezar a formar parte de la agenda de discusiones. Están por supuesto los que saben cómo achatar curvas de contagio, fabricar barbijos y todo esos saberes que han sido importantísimos estos últimos dos años, pero también los que saben sobre las causas de esta pandemia, de otras que nos azotaron en las últimas décadas y de las que nos van a azotar si la humanidad no hace algo al respecto en las décadas que vienen. Todos los que saben en la universidad sobre medioambiente y desastres ecológico nos lo vienen diciendo. También otros sobre pobreza y desigualdad, o enseñanza y tecnologías. A mí hoy me importan más las causas que las consecuencias, porque con las causas de las próximas, todavía a lo mejor estamos a tiempo de hacer algo. Pero también hay modos de circulación de los saberes universitarios que tienen que ver con lógicas académicas, de la reproducción del propio sistema que muchas veces están menos atentas de lo que deberían a garantizar que sea el pueblo el destinatario principal de los saberes que la universidad produce. Hacer eso bien también es garantizar que la universidad sea un derecho para todo el mundo.
