Uno de los problemas más graves que atravesó el subsistema de formación docente en los 90 fue, precisamente, el abandono por parte del Estado de su responsabilidad al respecto. La formación docente dejó de ser considerada una política estatal, como lo fue desde el mismo surgimiento del sistema educativo, y pasó a ser responsabilidad de las instituciones, de los propios docentes y estudiantes. La evaluación prevista en la tristemente célebre Resolución A 14, eximía tanto al Estado nacional como a los provinciales, de sus responsabilidades en cuanto al sostenimiento y mejora de la formación docente. Los directivos eran considerados los responsables de ampliar bibliotecas, informatizar las instituciones, los docentes de hacer posgrados, entre muchas otras exigencias. Los alumnos eran responsables de llegar al nivel superior con un capital cultural "ideal", sin tener en cuenta que éste tenía directa relación con lo que el mismo Estado les había ofrecido en los niveles anteriores y/o con las condiciones materiales, también directamente relacionadas con las políticas económicas. El instrumento privilegiado para implementar ese modelo de transferencia de la responsabilidad del Estado a las instituciones y personas fue, como es habitual, la evaluación estandarizada, con parámetros economicistas, exigiendo requisitos que, aunque eran claramente responsabilidad estatal, nunca se habían garantizado. La finalidad, no sólo oculta sino explícita, también fue la esperable: justificar el cierre de instituciones, es decir de lugares de trabajo para los docentes y lugares de estudio para los jóvenes. Nadie duda, ya, que las políticas de los 90 fueron claramente neoliberales.
¿En qué consisten las políticas nacionales actuales dirigidas a la formación docente? Para demostrar la ausencia total del Estado nacional bastaría con señalar que el ex ministro de Educación, Esteban Bullrich, fue el más ausente de toda la historia del sistema educativo. Asumió una cartera tan nodal para el sistema democrático a sabiendas que su único interés iba a ser preservar su propia figura para llegar a su candidatura como senador sin atravesar conflicto alguno. A tal fin, decidió no cumplir con la ley de financiamiento educativo, no llamar a paritarias, provincializar todo problema inherente a su cartera. La única idea que se conoce del ex ministro es la del emprendedurismo y la importancia que la escuela tiene al respecto, concepto peligroso y que desenmascara una filosofía que también intenta claramente transferir las responsabilidades de las malas políticas económicas a las personas.
Pero hay más datos de la realidad que nos permiten afirmar el nuevo avance de la ausencia del Estado en materia de formación docente. El Instituto Nacional de Formación Docente (INFD), creado en 2007 con la intención de volver a posicionarla como política del Estado —después del desmantelamiento de los 90— cerró o dejó caer todos los programas a través de los cuales la Nación apoyaba el fortalecimiento de esta formación en las provincias. Es más, hubo rumores, en los inicios de la nueva gestión, que el INFD se iba a transformar en un instituto de evaluación docente, rumores desmentidos por las autoridades.
Propuesta de achicamiento
Sin embargo, en más de un año y medio de gestión sólo se conocen propuestas de achicamiento del sistema formador y de desreponsabilización del Estado, típicas de las políticas neoliberales: el Estado deja de ser el responsable de las instituciones públicas y pasa a cumplimentar sólo una función evaluadora. Cabe insistir que no se trata de que la docencia no quiere ser evaluada, como dicen siempre los medios hegemónicos con la intención de desprestigiarla. Antes de la creación del INFD se llevó a cabo una intensa investigación sobre los institutos de formación docente de todo el país, dirigida por la prestigiosa pedagoga María Cristina Davini. La información reunida sirvió de base para que el INFD defina qué áreas debía contribuir a fortalecer. En cambio, las evaluaciones estandarizadas, descontextualizadas y que sólo miden resultados y no procesos, siempre tienen la finalidad de hacer ránkings, sin explicar la multiplicidad de factores que intervienen en los procesos y con la finalidad de desprestigiar instituciones y profesionales, de transferir responsabilidades y de justificar achicamientos.
En consonancia con las conocidas políticas neoliberales, el gobierno nacional insiste con la propuesta de cierre de los institutos pequeños que funcionan en zonas alejadas desconociendo, una vez más, la importante función académica y social que estas instituciones cumplen: forman a un porcentaje altísimo de docentes para todos los niveles y modalidades desde una tradición pedagógica reconocida como fortaleza y llegan a lugares a los que otras instituciones no logran llegar, lo que permite que muchos más jóvenes estudien y luego se queden a trabajar en su lugar de origen. La otra propuesta es nuevamente implementar la tristemente célebre evaluación estandarizada sin trabajarla con las jurisdicciones, con las instituciones y con los propios implicados.
Compromiso militante
Pero teniendo en cuenta que uno de los efectos que buscan las políticas neoliberales es la paralizar la resistencia (al respecto léase "La doctrina del shock. El auge del capitalismo desastre", de Naomi Klein), la mejor reacción es el compromiso militante de asumir desafíos posibles. Enumeraremos brevemente algunos. A los gobiernos provinciales que dicen oponerse a las políticas neoliberales les corresponde la difícil tarea de concretar esa oposición con decisiones claras. ¿Qué se hará frente a la propuesta de evaluación nacional estandarizada? ¿Se aceptará sin condicionamientos, como se hizo con el reciente operativo Aprender? ¿Se desistirá de participar? ¿Se mostrará cómo y cuánto ya se evalúa en los distintos niveles del sistema educativo? ¿Se hará circular toda la información que a través del mismo sistema o de investigaciones que utilizan dispositivos pertinentes y validados se ha logrado reunir? ¿Se convocará a las instituciones a discutir un proyecto de evaluación alternativo? También les caben otros desafíos: avanzar en el cambio de diseños curriculares, en los modelos de gestión institucional, asegurar las condiciones materiales —por ejemplo edificios propios—, articular con las universidades la formación continua de sus docentes.
Las instituciones de nivel superior no universitario también pueden ofrecer resistencias a las políticas neoliberales. En primer lugar revisando sus propios modelos de gestión secundarizados, escasamente participativos y que atentan contra la autonomía necesaria en las instituciones de nivel superior. Destacamos este desafío como problemática institucional porque conocemos las propuestas ministeriales para modificar los modelos de gestión y también las resistencias que ofrecen algunos directivos ante esos cambios. Otro modo de resistencia es la concreción de proyectos académicos, de extensión, de investigación, si es posible en articulación con otros institutos y/o con la universidad. También cabe mencionar como desafío para los profesores y estudiantes fortalecer permanentemente la propia formación y participar de todas las instancias posibles: institucionales, gremiales, políticas. No dejamos fuera de estos desafíos a la universidad que deberá, cada vez más, abrir sus puertas a los docentes de todos los niveles y modalidades, con propuestas académicamente valiosas como son los posgrados.
