Cómo transformar derechos en condenas

En nuestro país, la educación es un derecho y es obligación del Estado garantizarlo.

En nuestro país, el trabajo es un derecho, y es obligación del Estado garantizarlo.

En nuestro país, la salud es un derecho, y es obligación del Estado garantizarlo.

En nuestro país, el ambiente sano es un derecho, y es obligación del Estado garantizarlo.

Lo dice nuestra Constitución Nacional.

Lo dicen los tratados internacionales (que en Argentina tienen rango Constitucional).

Lo dice la ONU en sus Observaciones sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Argentina, en octubre de 2018, cuando recomienda al Estado argentino que "adopte un marco regulatorio que incluya la aplicación del principio de precaución en cuanto al uso de pesticidas y herbicidas dañinos, en particular los que incluyen glifosato, para prevenir los impactos negativos en la salud por su uso y en la degradación del medio ambiente".

Lo dicen también los jueces que en la provincia de Entre Ríos, ya en dos ocasiones, fallaron a favor del cuidado de la salud y la vida de los niños, niñas y docentes de las escuelas rurales de esa provincia.

Estamos transitando un tiempo que tiene como particularidad que toda la información científica para saber hacia donde estamos yendo, está no solo disponible, sino al alcance de la mano.

En Estados Unidos, desde mediados del año pasado hasta hoy, ya han habido tres condenas contra la empresa Monsanto/Bayer, en los que se la declaró culpable por fallar en la advertencia del peligro cancerígeno del Roundup, por negligencia en su accionar, y por defecto en el diseño del mismo. La justicia de ese país, demostró con documentos propios de la empresa, que ese producto (el mas usado en la Argentina), está asociado con el riesgo de desarrollar linfomas no hodgkin, disrupciones endócrinas, entre otras afecciones.

Como desnudan los #MonsantoPapers (documentos secretos de la empresa Monsanto que fueron expuestos a partir de la decisión de la Justicia norteamericana, traducidos al español por el equipo de periodistas argentinos integrado por Anabel Pomar) está demostrado ya que," entre 1980 y 2012, Monsanto (hoy Bayer) tuvo conocimiento de cinco estudios epidemiológicos, siete estudios en animales, tres estudios de estrés oxidativo y 14 estudios de genotoxicidad que vincularon al Roundup con el cáncer".

Un nuevo estudio científico publicado en la Revista Mutation Research/Reviews in Mutation Researchs, (cuyo editor en jefe es el genetista toxicólogo de la Agencia de Protección Ambiental de los EEUU, David DeMarini) coincide con la conclusión de la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer de la OMS, y afirma que los agrotóxicos a base de glifosato aumentan un 41 por ciento las posibilidades de sufrir cáncer.

Son 11.200 los juicios que enfrenta en EEUU esa empresa por haber ocultado los daños que sus productos para la agroindustria generan en las personas.

En la Argentina, desde la instalación del modelo de producción de commodities transgénicos dependientes de agrotóxicos en la región, allá por el año 1996, el área de producción se incrementó un 50 por ciento y el consumo de químicos un 1000 por ciento. Cualquier maestra de matemáticas podría explicar que esos crecimientos no son proporcionales. Menos aún, cuando analizamos datos de las oficinas de Agroindustria de Nación y encontramos que semejante aumento en el uso de venenos y sustancias químicas solo ayudó a mejorar la "productividad" de esos campos en un 35 por ciento.

En ese mismo período de tiempo y en la misma región, estudios epidemiológicos (elaborados por el equipo de la práctica final de la carrera de medicina de Rosario y coordinados por el Instituto de Salud Socioambiental de esa facultad) evidencian un incremento en casos de cáncer, abortos espontáneos, malformaciones congénitas, enfermedades respiratorias, alergias, problemas neurológicos, entre otros.

En estos contextos, resulta cuanto menos inexplicable, y desde todo punto de vista inadmisible, que cualquier funcionario público, sobre todo un presidente, trate de "irresponsable" a un fallo judicial que garantiza el derecho a la educación de los niños y niñas, el derecho al trabajo de los docentes, protegiendo el derecho a la salud a partir de la prohibición de la fumigación terrestre y aérea sobre y alrededor de las escuelas rurales.

¿Qué significa para un país, que hoy un niño ejerciendo su derecho a la educación sea un condenado a ser envenenado, y con ello, a sufrir en su cuerpo, en sus genes, un daño que incluso puede ser transmitido a sus hijos y nietos?

¿Cómo fue que pasamos de "educar al soberano" a "envenenar al educando y al educador"?

La dignidad y entereza de los maestros rurales y las comunidades, que llevaron el reclamo a no ser envenenados (ni ellos cuando trabajan, ni sus hijos cuando aprenden) debe ser aplaudida, reconocida y tomada como ejemplo de construcciones ciudadanas y saludables a imitar.

Afirmar que "no hay rigor científico" para prohibir la fumigación con venenos sobre niños y maestros, para justificar un modelo de producción adicto a transgénicos y agrotóxicos, que no produce alimentos sino commodities, que expulsa a los trabajadores de los campos, al tiempo que destruye los territorios, contamina cursos de agua, envenena el aire y la comida, también, de quienes vivimos en las ciudades, es muy peligroso.

Teniendo en cuenta que la misma Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura reconoce que la agroindustria emplea una persona cada 500 hectáreas, mientras que la agroecología requiere del trabajo de 20 personas cada 200, cuando afirman que "prohibir la fumigación sobre las escuelas rurales atenta contra los puestos de trabajo", ¿se refieren a los vendedores de venenos, a los maestros enfermos, a los padres que deben dedicarse a cuidar a sus niños envenenados o a los oncólogos y farmacéuticas que perderán pacientes y ventas?

Esencial es no confundirse, ni dejarse confundir. Lo que está en juego no son los puestos de trabajo de los agroenvenenadores, sino que tipo de sociedad y de país estamos construyendo.

Una sociedad que acepta transformar los derechos a la educación y el trabajo en una condena a la enfermedad y la muerte, no tiene futuro.

Por ello, la universidad pública debe asumir su rol de institución formadora de ciudadanos al servicio de las necesidades de los pueblos y no de las corporaciones.

El silencio no es salud.

La universidad pública no puede guardar silencio ante las hipocresías y cinismos que exigen envenenar a los niños de las escuelas rurales, mientras protegen a la hija del presidente y su familia, la importancia de las huertas agroecológicas de las cuales se alimentan para no poner en riesgo su salud.

¿Qué pasaría si el presidente (y todos los funcionarios públicos) tuviesen la obligación de enviar sus hijos a una escuela rural? ¿Seguirían fumigando esas escuelas?

Quizás sea tiempo que el Parlamento agende también estos temas.