Esta semana, la Cámara de Diputados reanudó el debate sobre el nuevo régimen penal juvenil que propone el gobierno nacional. Entre sus puntos más polémicos figura la intención de bajar la edad de punibilidad de los 16 a los 15 años. Una idea que cosechó fuertes críticas de organizaciones sociales, académicos e instituciones como Unicef, que sostiene que "las políticas de inclusión, educación, salud, deporte generan oportunidades que ayudan a los jóvenes a alejarse del delito", y que por lo tanto "hay alternativas al proceso penal".
Consultado al respecto, Lupori fue categórico: "Estoy totalmente en contra. Primero porque eso va contra el sentido de los pactos internacionales que firmó la Argentina, que dicen que lo tribunalicio es la última de las instancias a las que se debe acudir. Y en segundo lugar, si los chicos acaban haciendo actos lesivos a la seguridad de otros, lo que hay que tener en cuenta es la victimología, porque quien hoy juega como victimario con anterioridad ha sido un sujeto victimizado por políticas económicas y sociales".
Para el referente del Medh, más que avanzar en medidas punitivas hay que reforzar las políticas preventivas y "salidas que tengan más que ver con lo social y lo educativo", y modificar a la par las políticas económicas y sociales de los gobiernos.
Lupori también habla de los límites que muchas veces necesitan los chicos en conflicto con la ley. "Los chicos que a veces delinquen no han tenido límites. Pero ¿cómo brindarles un límite sin que los estropeen peor de lo que estaban? Porque nuestras cárceles son un problemón que no acaban resocializando a nadie ni tienen lugares adecuados".
Prevención
Para Unicef "es sumamente importante que la Argentina tenga una ley de justicia penal juvenil en línea con los estándares internacionales". Pero para ello, propone "un sistema de justicia especializado con un enfoque centrado en la prevención del conflicto con la ley penal antes que la represión, y una estrategia orientada a la reinserción social que ofrezca a los adolescentes oportunidades educativas, de formación laboral y recreativas, para facilitar su inclusión en un proyecto de vida alejado del delito".
"Los estándares internacionales para la justicia juvenil unánimemente consagran como objetivo principal la resocialización de las y los jóvenes y la no profundización de sus condiciones de vulnerabilidad", señala el organismo dedicado a la infancia y la adolescencia. Y frente al debate que se desarrolla en el Congreso nacional, advierte que la experiencia internacional muestra que un sistema basado en los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, que facilite la reinserción "es mejor para la sociedad porque reduce la reincidencia y la violencia y, además, en muchos casos esa clase de medidas resultan también menos costosas en términos económicos".
Para Unicef, "una justicia especializada para adolescentes y jóvenes debe garantizar el abordaje diferenciado desde el inicio de la investigación hasta la finalización del cumplimiento de la sanción, incluyendo cada una de las instancias superiores. Esto requiere, además de la modificación de la ley de fondo, la asignación de recursos económicos y el nombramiento de jueces, fiscales, defensores y equipos técnicos interdisciplinarios, por medio de procesos de selección que contemplen efectivamente la especialización en materia de niñez y adolescencia".
