Vasto acuerdo político nacional por acciones de seguridad no autoritarias

Representantes de un arco político diverso suscribieron en el Congreso de la Nación las bases de un programa común ante las demandas de seguridad desde una perspectiva democrática. El proyecto implica rechazar iniciativas estatales autoritarias e ineficientes frente al delito y adoptar otras acciones para hacer frente a la criminalidad. Estas suponen estrategias sociales y culturales inclusivas, control civil de las fuerzas de seguridad y supervisión de éstas por el Poder Judicial.

Santa Fe se sumó al proyecto con referentes de distintos espacios de acción política. Adhirieron el senador nacional Rubén Giustiniani (PS); los diputados nacionales Agustín Rossi (FPV), Mónica Fein (PS) y Verónica Benas (SI); los diputados provinciales José Tessa y Marcelo Brignoni; el ministro de la Corte Suprema Daniel Erbetta; el secretario de Seguridad Comunitaria Enrique Font; el ex ministro de Seguridad Daniel Cuenca y el criminólogo Máximo Sozzo.

La iniciativa tuvo aval de legisladores opositores y del oficialismo. Hubo referentes sociales, sindicales y académicos. Firmaron la UCR y PJ y apoyó la CGT y la CTA. La auspició el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el documento plantea lo que sigue:

Estado ante el delito. La acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria. En los últimos años, algunos procesos de reforma de las instituciones de seguridad tuvieron resultados favorables, pero fueron interrumpidos para volver a políticas de probado fracaso".

Mano dura. La delegación de la seguridad en las policías, el aumento de las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva son ejes de estas políticas de mano dura. Los reiterados fracasos de estas políticas han sido utilizados para insistir con las mismas recetas, en una espiral irresponsable que nunca rindió cuenta de sus resultados. Esta sucesión de intervenciones erradas fue un impedimento para la profesionalización de las policías y potenció la acción de redes de ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos.

Responsabilidad del Estado Una adecuada política criminal y de seguridad requiere: una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada; una justicia penal que investigue y condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido resocializador.

Concepción de la seguridad. La manera eficaz de avanzar sobre el problema implica operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas. Esto requiere estrategias que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas, y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado. Estos recursos deben generar una mayor protección para los sectores excluidos. El diseño e implementación de políticas democráticas debe surgir de diagnósticos basados en información veraz y accesible al público.

Gestión democrática. Los lineamientos básicos para una modernización y gestión democrática de las instituciones de seguridad son: la integración de las labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la descentralización institucional de la organización policial a nivel distrital y comunal; la integración de la policía con la comunidad y los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito; el control interno de carácter civil y control externo del desempeño y de la legalidad; el sistema de formación y capacitación policial no militarizado y anclado en valores democráticos; el régimen profesional basado en el escalafón único y las especialidades policiales.

Redes delictivas. Las medidas meramente represivas con las que se insiste ante cada crisis de inseguridad apuntan a perseguir los pequeños delitos y a los autores más jóvenes, bajo la falsa creencia de que así se limita el avance de la criminalidad. La realidad indica que un gran porcentaje de los delitos comunes está asociado a la acción de poderosas redes delictivas. Por lo tanto, reducir la violencia que alarma a nuestra sociedad exige reorientar los recursos de para desactivar estas redes de delito y de los mercados ilegales.

Policía no violenta. Se debe la regular el accionar policial en los operativos en eventos como espectáculos deportivos, recitales, manifestaciones de protesta social y desalojo de personas. Para ello es fundamental establecer estándares de actuación en el espacio público, para asegurar un uso de la fuerza racional y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.

El papel de la Justicia. Jueces y fiscales tienen una doble responsabilidad en el impulso de políticas de seguridad democráticas, en la investigación rápida y eficaz de los delitos, y el control sobre el uso de la prisión preventiva. En nuestro país hay cerca de 60 mil personas presas. Una política democrática de seguridad tiene que ocuparse de que el cumplimiento de la prisión preventiva y de la pena se dé en condiciones dignas y aptas para la readaptación de la persona condenada.

Un nuevo acuerdo. Para cumplir con la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos es imprescindible alcanzar un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.