Un pedido de desalojo con escasos antecedentes en Rosario viene generando extrema preocupación y todo tipo de conversaciones para morigerar el impacto social que acarreará. El predio en cuestión abarca 12 hectáreas usurpadas desde hace años y donde viven unas 3 mil personas que, ante el panorama, se quedarán en la calle y deberán ser relocalizadas, salvo que el Estado expropie el terreno. La Justicia citó en diferentes audiencias a la provincia, la Municipalidad y el gobierno nacional, pero hasta ahora no hubo acuerdo.
Los propietarios del predio solicitaron que Tribunales desaloje el lugar ocupado por los centenares de familias en viviendas precarias. El enorme terreno está situado al sur de avenida Sorrento, entre Cullen y el arroyo Ludueña (cercanías del Club Argentino de Rosario), en la zona norte de Rosario.
En efecto, la solicitud planteada oportunamente por la empresa Companía Santafesina de Tierras tiene sentencia. Se trata de una firma inmobiliaria que lleva a cabo loteos y urbanizaciones y decidió volver a la carga tras años de no lograr acuerdos con el Estado. "Nosotros no queremos una decisión drástica, sino consensuar. Estamos dispuestos a que se realice una expropiación o, en todo caso, a que se establezca un organigrama de desalojo y relocalización", dijo a La Capital el abogado de la firma, Juan Luis Hourcade.
Es más, si los propietarios cobraran por el terreno, allí se podría organizar un fideicomiso con los habitantes del lugar, quienes, según el letrado, estarían dispuestos a pagar por sus espacios. "No tenemos problema de ir a un juicio por expropiación".
En los últimos días, la firma solicitó a la jueza de Circuito de la quinta nominación, Stella Maris Bertune, que fije fecha para realizar el desalojo y se cite nuevamente a la provincia de Santa Fe y al municipio para que las familias que viven en ese lugar sean relocalizadas. Si bien el juicio de desalojo se inició hace varios años, la Companía Santafesina de Tierras pidió que se establezca la fecha de ejecución del desalojo.
Por estas horas, en el edificio de los Tribunales provinciales se comenta el fuerte impacto social que tendrá una resolución de este tipo por la elevada cantidad de personas que viven en el asentamiento precario.
En rigor, existen algunos antecedentes de expropiación, es decir de una acción directa del Estado sobre el terreno. Es el caso de Villa Banana y de la zona conocida como Puente Negro.
Respecto del primer predio, pertenecía a la compañía Ejido Inmobiliaria, que, en los años 80, logró un acuerdo con la provincia por lo que se expropió el lugar. El compromiso judicial contemplaba la construcción de viviendas y la urbanización, algo que no se cumplió y las unidades habitacionales precarias y pobreza crecieron exponencialmente. "Fue un plan pionero que incluso generó la movilización de las familia", recordó Hourcade.
En cuanto, al predio de Puente Negro, hacia el norte del de Sorrento que hoy genera controversia, ocurrió algo similar, aunque la Corte no fijó todavía el monto indemnizatorio a los propietarios y todavía no se cobró a pesar de que el tema lleva unos diez años.
