El fiscal que interviene en el juicio oral contra el verdulero Martín Santoro pidió ayer que sea condenado a una pena de reclusión perpetua como autor de los asesinatos de tres ancianos cometidos en 2010 en barrio Parque y en Zavalla. Lo hizo tras desgranar un extenso alegato, ante una sala colmada, en el que planteó que el imputado fue parte de "una gavilla, un colectivo despreciable que se ocupaba de la matanza" de ancianos pero cuyos otros integrantes no llegaron a juicio.
El pedido del fiscal fue respaldado por la querella. Por su parte, la defensa cuestionó la validez de actos procesales y del origen de la investigación policial que desembocó en Santoro. Y, tras reclamar al tribunal una serie de nulidades, pidió su absolución en todos los casos.
Los jueces María Isabel Mas Varela, Roxana Bernardelli y Juan José Tutau cuentan con dos días para dictar sentencia. El veredicto se conocerá el jueves a las 9.
Tarde. La jornada de alegatos comenzó tarde por dificultades para el traslado de Santoro, de 37 años, debido a la reducción de personal policial por la rebelión que protagoniza la fuerza (ver sección Ciudad). Luego de su ingreso a una sala que quedó chica para la cantidad de público que había, las partes desarrollaron durante casi cinco horas sus análisis sobre las pruebas presentadas en una semana de audiencias.
El primero fue el fiscal Esteban Franichevich. Habló de pie, con la ayuda de un pizarrón, en un rol en el que se vio más cómodo que en los interrogatorios a testigos. Durante hora y media hizo un análisis deductivo de las pruebas, con cambios de entonación y casi siempre mirando al público que lo siguió atento. Planteó que hubo datos comunes a todos los crímenes, remarcó la validez de las pruebas y analizó qué elementos ligaban a Santoro en cada caso.
El alegato desembocó en un pedido de reclusión perpetua para Santoro como autor de tres homicidios críminis causa, es decir cometidos para robar u obtener impunidad en los asaltos. Se trata de los crímenes de Concepción Lavore, Susana García y José Savini, ocurridos entre febrero y mayo de 2010.
"Hay un protagónico seguro de Martín, que mata y roba a los tres", dijo el fiscal, y reclamó una multa para el acusado, que se decomisen las cosas de las víctimas secuestradas en su poder (cremas, perfumes, un celular y relojes) y que pague un resarcimiento por daño moral y material a las familias.
Caso por caso. "Martín es parte integrante de una gavilla que de manera más o menos rudimentaria tenía división de funciones. Tendría que haber justicia para otros, pero eso no quiere decir que no se haga justicia con la conducta de Martín", comenzó el fiscal su discurso en el que, a contramano de la defensa, rescató la "indiscutible validez de los actos procesales y periciales".
Franichevich planteó como denominador común que en todos los casos la escena del crimen fue parecida, con desorden, habitaciones revueltas y cuerpos que "hablan de la violencia". Otro punto fue el franqueo de la entrada por parte de las víctimas, ya que en ningún caso se detectaron aberturas forzadas. Y, por último, que en los allanamientos al vehículo utilitario y la casa de Martín se hallaron cosas robadas a las tres víctimas.
En el caso de Susana García, el fiscal dijo que Martín admitió en su indagatoria conocer a la docente jubilada, estrangulada con un cable y atada al picaporte de la cocina el 27 de mayo de 2010 en su casa de Riobamba 3036. Su hija Leda, presente en la sala, siguió con atención y asintiendo en silencio el planteo acusatorio. Un pilar de ese relato fue que el imputado, según declaró otro hijo de la víctima, solía llevar repartos de la verdulería de su padre (también presente en la sala) a la casa de la mujer.
El fiscal puntualizó que un día después un llamado anónimo a la comisaría 5ª apuntó a Santoro. Y que Pablo Rojas, un ex imputado que actuó como colaborador en la pesquisa, dijo haber recibido la tarde del crimen un llamado en el que Martín le preguntaba cómo mover un auto sin tener las llaves. Para el acusador, se refería al VW Gol del forense Víctor Frigeri, un vecino de García que le alquilaba la cochera a la víctima.
“Días después Rojas charla con el imputado en una cancha de fútbol. Le dice que estaba preocupado porque el hermano no había usado guantes. Y que habían colgado a la víctima del picaporte de la puerta. Y le habla de la incomodidad de no poder llevar el auto porque no tenían las llaves”, citó.
Además, remarcó que el celular robado a la víctima fue hallado en poder de Martín, con otro chip. Precisó que de ese aparato se emitió el mensaje “llamame, soy Martín” y que en la agenda de contactos estaban registrados el padre del verdulero, un hermano y Natalia Luchetta, empleada de la verdulería.
En el caso de Savini, apuñalado en su casa de Dorrego al 2300 de Zavalla, señaló que “es notorio el protagonismo del imputado, que no estaba solo”. Remarcó que esa madrugada los vecinos vieron estacionada frente a la casa una Trafic blanca abollada (Santoro tenía una Sprinter de ese color). Que allí se detectó una huella de pisada que coincide con una zapatilla imitación de Adidas de Santoro. Y que uno de los celulares secuestrados al acusado emitió un llamado el 12 de mayo a las 14.50 desde Zavalla.
En cuanto a Lavore, asfixiada en su casa de Suipacha 2124 entre el 1º y el 5 febrero, el fiscal recordó que el entonces jefe de la comisaría 5ª, Silvio Marciani, vio en esa casa verduras descompuestas atadas con un nudo idéntico al del paquete hallado tres meses más tarde en el domicilio de García. Entre lo incautado a Santoro, precisó, había un reloj de la mujer, que solía recibir pedidos de la verdulería.
Respaldo. El pedido del fiscal fue acompañado por el querellante Ignacio Carbone, representante de los tres hijos de García. El letrado adelantó que requerirá una reparación económica por el daño causado a los familiares y destacó la validez de las escuchas: “El tribunal pudo escuchar al imputado y conocer su voz al comienzo del juicio. Nada afectó la prueba de calidad que se produjo en el debate”.
“La coartada del imputado es haber participado en el traslado de mercadería robada. Es endeble, cae por sí misma, hizo que este proceso se prolongue hasta tres años y medio porque se quitó el foco de la investigación a los homicidios. Este es un caso emblemático por la crueldad que ejerció Santoro”, planteó Carbone, y remarcó que García fue atontada con un golpe en la cabeza y luego estrangulada, lo que a su criterio demuestra que fue asesinada porque conocía al agresor.
Tres palabras. La voz del imputado, que no declaró en el juicio, fue la que cerró la jornada cuando le preguntaron si quería aportar algo y él respondió con tres palabras: “No señora jueza”.
Años de encierro
Aunque no fue precisado en la audiencia, el fiscal interpreta que la pena propuesta equivale a 50 años de prisión, sin chance de pedir libertad condicional tras 35 años de encierro. Si bien la reclusión presupone un régimen de detención más severo, en la práctica no hay diferencias con la categoría de prisión, aunque prevé un cómputo más estricto del encierro al contar un día de reclusión cada dos en prisión preventiva (Santoro estuvo más de tres años en esa condición), pero ese conteo especial fue dejado sin efecto por la Corte Suprema de la Nación en 2005. Una corriente de interpretación entiende que, a partir de ese fallo, reclusión y prisión son lo mismo.
Por Gonzalo Santamaría
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