El juez federal Norberto Oyarbide dispuso ayer excarcelar al titular de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), Gerónimo “Momo” Venegas, y le fijó una fianza de 500.000 pesos tras siete horas de indagatoria por su imputación en cuatro delitos, entre ellos el de asociación ilícita, en el marco de la causa denominada como “mafia de los medicamentos”.
Venegas fue trasladado a la dependencia Madariaga y General Paz, en Villa Lugano, donde fue notificado y puesto libertad tras pagar una caución real de medio millón de pesos, que se concretó anoche en el juzgado federal 3 luego de que sus allegados juntaran el dinero, o más precisamente añadieran 200 mil pesos a los 300 mil pesos que ya llevaban en su poder para hacer frente al trámite..
La indagatoria de Venegas había comenzado cerca de las 13 y tras un breve receso fue retomada pasadas las 15, y tuvo lugar en el despacho de Oyarbide en los tribunales de Comodoro Py.
Venegas fue asistido por el abogado Miguel Plo, quien se quejó ante el magistrado porque ordenó el traslado de su defendido desde la alcaidía de Villa Lugano, adelantando un día el trámite.
Antes de que Venegas llegara a los tribunales un grupo de manifestantes de distintos gremios (la mayoría de Uatre) se concentró frente al edificio, y mientras cortaba el tránsito dirigían cánticos contra la decisión judicial y vitoreaban al gremialista.
El fiscal de la causa, Luis Comparatore, había pedido ayer a la tarde la excarcelación de Venegas, al considerar que la situación del gremialista es diferente a la de otros imputados en la causa (tiene casi medio centenar), según informaron fuentes judiciales.
Al dirigente gremial se le imputan cuatro delitos por tres hechos, el más grave es “asociación ilícita”.
También se lo imputa por defraudación al Estado, referido a dos millones de pesos derivados por programas especiales del APE (el organismo que provee de fondos para tratamientos onerosos, como oncológicos.
Según indicaron los abogados de Venegas, la acusación es porque ese dinero no se habría aplicado a tratamientos, pero según los defensores la suma se destinó a la compra de 20 ambulancias.
El tercer delito que le imputan es poner en peligro a la población con sustancias peligrosas, y está relacionado con que se encontró medicación irregular en una de las clínicas de la Uatre.
Se lo acusa además por infracción a la ley de marcas por haber utilizado medicamentos apócrifos, y refiere a una droguería proveedora de la obra social.




























