Martín Avalos se defiende y niega las acusaciones.
El titular de delegación local de la Administración Provincial de Impuestos (API), Martín Avalos, rechazó por infundadas las acusaciones realizadas la semana pasada por un grupo de ejecutores fiscales de Rosario. Avalos se defendió públicamente y remarcó que “es evidente que detrás de esos planteos realizados solo existe una feroz resistencia al control de los procesos de apremios fiscales, que durante años se gestionaron al margen de cualquier estrategia de lucha contra la evasión”.
La semana anterior, abogados que trabajan en la Oficina de Apremios de la Regional Rosario de la API denunciaron penalmente a Avalos y lo acusaron de forzarlos a depositarle en su cuenta bancaria personal el 50 por ciento de los honorarios por las acciones de cobro que inician.
Según los denunciantes, eso no solo perjudica sus ingresos sino que además constituye un ilícito.
Avalos refutó ahora ese y otros argumentos de las denuncias. “Si bien hasta el momento solo hemos tomado conocimiento de versiones periodísticas, quiero dejar perfectamente aclarado que, por supuesto, nadie ha afectado los derechos laborales y/o económicos del grupo de ejecutores fiscales de Rosario que se encuentra realizando el reclamo”, destacó en su descargo.
Avalos expresó su posición en un comunicado en el que enfatiza que “el planteo se vincula con la decisión de política pública orientada a la lucha contra la evasión que se viene desplegando en el organismo”.
“Cuando asumimos nos encontramos con un organismo muy deteriorado, con falencias de todo tipo, tecnológicas, de recursos humanos, de gestión judicial de deuda y por supuesto de control. Por eso, nos propusimos intervenir las áreas de apremios fiscales que carecían de un ordenamiento adecuado, fundamentalmente en Rosario, y que hacía más de una década que nadie controlaba”, resalta el texto.
“En una primera etapa se llevó adelante una intervención en los procesos judiciales, para luego desarrollar un sistema informático de control y así digitalizar por completo su funcionamiento. En este último punto se firmó un convenio de colaboración con la Corte Suprema de Justicia de la Provincia”, amplía.
“Sobre esa base, se diseñó un sistema de supervisión y seguimiento de causas judiciales que posibilite el recupero de deuda. Se comenzó entonces a trabajar en los juicios de apremios siendo desarrollados por los ejecutores fiscales, con el patrocinio conjunto del fiscal de Estado y del administrador provincial de impuestos, para lograr un doble contralor respecto a la fecha de radicación de las causas y su real continuidad”, advierte.
“Es evidente que solo existe detrás de los planteos un simple reproche a la decisión adoptada de controlar los procesos de apremios fiscales, que durante muchos años se gestionaron al margen de cualquier estrategia de lucha contra la evasión definida por el organismo. Esto también se refleja en el rechazo a un aplicativo informático que trasparentará el cobro judicial de los tributos en la provincia”, subraya.
Por Redaccion Comercial
