El juez federal Norberto Oyarbide allanó anoche la droguería Urbana, principal proveedora de la obra social de los camioneros, en el marco de la investigación de supuestas vinculaciones del ente que dirige el gremialista Hugo Moyano con la “mafia de los medicamentos”, por la que ya está preso el sindicalista bancario Juan José Zanola.
Junto a la sede de la droguería Urbana, en Moreno al 3000, también eran allanados anoche otros dos puntos de interés para la causa en el barrio porteño de Balvanera y tres en el partido de Avellaneda.
Los investigadores enviados por el juez Oyarbide fueron a buscar documentación y, de haberlos, remedios adulterados que serían inmediatamente secuestrados, dijeron fuentes judiciales del caso.
Los allanamientos se ordenaron un rato después de que en el juzgado federal de Comodoro Py 2002, en Retiro, declarara Ibar Esteban Pérez Corradi, un empresario detenido a pedido de Estados Unidos que también quedó sospechado en la causa por el triple crimen de General Rodríguez.
Pérez Corradi negó ayer estar vinculado a las maniobras financieras para lavar dinero de la llamada “mafia de los medicamentos”, según fuentes judiciales.
El personal de la División Unidad de Investigación Técnica del Delito de la Policía Federal realizaba los procedimientos con la colaboración de representantes de Instituto Nacional de Medicamentos (Iname).
El mayor interés estaba puesto en el procedimiento que se inició a las 18 en las oficinas de Moreno 3059, en la droguería Urbana, propiedad de Marcos Daniel Hendler, quien figuró como aportante de la campaña de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2007.
Precisamente, Hendler fue convocado por el juez a prestar declaración indagatoria el martes 23 venidero.
Se investiga si Hendler compró entre 2007 y 2008 medicamentos a droguerías vinculadas a Sebastián Forza (víctima del triple crimen de General Rodríguez) y a Néstor Lorenzo, preso junto a Zanola por la “mafia de los medicamentos”.
Oyarbide, que investiga una supuesta asociación ilícita que habría funcionario para adulterar y proveer medicamentos a través de la obra social bancaria (Osba) amplió el objeto de interés hacia otras obras sociales. Y así recayó en Oschoca, el ente sindical de salud que lidera Moyano, ya complicada en otro expediente judicial a cargo de Claudio Bonadío por el supuesto fraude a la gubernamental Administración de Programas Especiales (APE) para cobrar subsidios.
Recientemente la Cámara Federal porteña avaló la realización de una pericia que pretende hacer Bonadío para establecer si en la obra social se falsificaron troqueles para justamente recibir reintegros. l (DyN)
