Otra vez, la Argentina recibió un revés en la Justicia de Estados Unido. La jueza del Segundo Distrito Sur de Manhattan, Loretta Preska, falló contra el Estado argentino en el juicio que se tramita en los Estados Unidos por la expropiación de la petrolera YPF, llevada a cabo en 2012.
El valor de la indemnización que deba pagar el Estado argentino, si no logra revertir el fallo, se estima entre los u$s 8.500 millones y los u$s 19.8000 millones. Pero el monto no está determinado y dependerá de las investigaciones que se realicen durante el avance del juicio.
El fallo favorece al fondo Burford Capital, un bufete de acción global que cotiza en la Bolsa de Londres, al que muchos comparan por su accionar con un fondo buitre ,y a Eton Park, empresa de inversiones de riesgo de fondos estadounidenses.
Ambas sociedades fueron quienes iniciaron el juicio luego de comprar en la Justicia española los derechos para litigar en el marco del proceso de quiebra de las empresas Petersen Energía y Petersen inversora, en el proceso contra la Argentina e YPF,
Se descarta que Argentina, a través de la Procuración del Tesoro, se reservará el derecho de apelar ante la Cámara de Nueva York o, incluso, llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Ninguna de estas instancias le garantizan al país triunfar en la causa pero le darán un tiempo imprescindible para rearmar la estrategia judicial y quizá hasta dos años hasta llegar a diagramar un cronograma de pagos.
Aún así, y para acceder a la apelación , el Estado Nacional deberá depositar una garantía millonaria como actor perdedor en el litigio
Por ahora, la magistrada sólo determinó responsabilidades porque desconoce el momento exacto en que la Argentina tomó control de las acciones de YPF.
Preska deberá determinar si el control accionario se realizó en la expropiación del 2012 o cuando se pagó los u$s 5.000 millones, en concepto de resarcimientos por renacionalización, a la española Repsol en 2014.
Saber eso significaría reconocer cuándo debería haber sido el lanzamiento oficial de la oferta a los accionistas relegados.
De acuerdo con su cotización en la Bolsa de Nueva York, la petrolera de bandera nacional vale u$s 8.576 millones pero el dictamen de la jueza no pone en riesgo a la energética porque reconoce que la compañía no tenía responsabilidad en la expropiación y que no es garante del Estado nacional. De este modo, sus activos están fuera de riesgo o embargo.
El principal argumento en el caso es que el gobierno de Cristina Fernández Kirchner rompió el contrato de concesión de YPF, no lanzó una oferta pública de adquisición sobre el total de las acciones a los socios minoritarios y expropió el 51% de la empresa de hidrocarburos y energías renovables.
Argentina sostiene que la decisión se encuentra amparada en el derecho público y apuntaba a que una expropiación, con ley del Congreso nacional, está por encima de los estatutos de la empresa, por lo que no debía hacerse tal oferta pública al resto de los accionistas.
La jueza citó en su fallo los estatutos de YPF del año 1993 y luego concluyó que “La República Argentina prometió a los tenedores de valores que les proporcionaría una salida compensada si recuperaba el control sobre el número requerido de acciones. Los demandantes tienen derecho a una sentencia sumaria contra la República por sus reclamaciones por incumplimiento de contrato. Los demandantes han demostrado la existencia de un contrato válido y vinculante contra la República, pero no contra YPF”, dijo Preska en la sentencia.
El proceso comenzó en la última etapa del gobierno de Cristina Kirchner, siguió en la administración de Mauricio Macri, y comenzó a definirse durante la gestión de Alberto Fernández.
Hasta la Corte Suprema de Estados Unidos fue consultada sobre el tema en 2019 y rechazó analizar el caso. Esta demanda ya había tenido cuatro fallos adversos de diferentes cortes estadounidenses y ni una sola victoria importante para Argentina.