La Cámara Federal porteña confirmó la designación de "interventores informantes" en las empresas del empresario Lázaro Báez dispuesta por el juez federal Claudio Bonadio en diciembre del año pasado.
La Cámara Federal porteña confirmó la designación de "interventores informantes" en las empresas del empresario Lázaro Báez dispuesta por el juez federal Claudio Bonadio en diciembre del año pasado.
La Sala I del tribunal rechazó un planteo de los abogados de Báez, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, que el propio Bonadio había desestimado por "extemporáneo".
La defensa de Báez argumentó que la apelación contra la decisión de Bonadio se había presentado el primer día hábil de febrero, tras la feria judicial de verano, pero los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia le recordaron que el expediente siguió tramitándose durante el receso estival.
En ese sentido, subrayaron que Bonadio "habilitó la feria judicial de enero. Justamente ello lo hizo en el marco de la misma resolución que el quejoso (Báez) pretende someter a revisión de esta sala y a efectos de comenzar a ejecutar de inmediato la medida dispuesta".
A mediados de diciembre pasado Bonadio intervino por medio año a empresas de Cristóbal López y Lázaro Báez en el marco de la investigación por presunto lavado de activos en la sociedad Los Sauces, en cuyo marco hoy prestará declaración indagatoria la ex presidenta Cristina Fernández (ver aparte).
El juez de primera instancia designó "interventores informantes" en el Grupo Indalo e Indalo Media, en el Grupo Báez, en Idea SA y en Negocios Patagónicos SA, con la misión de "informar toda transferencia o pago efectuado o recibido de estas empresas a Los Sauces".
En aquella resolución, Bonadio dispuso también la intervención de Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner.
Planteos rechazados
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó planteos de Báez en la causa conocida como Ruta del dinero K, por la que está preso desde hace 11 meses.
Según se indicó en Tribunales, la Sala IV de Casación (que integran Gustavo Hornos y Mariano Borinsky) no hizo lugar a cuatro quejas planteadas por la defensa de Báez para que se declarase la inexistencia de delito y la nulidad de varias medidas de prueba.
Entre esas medidas rechazadas estaba el reclamo de una junta médica para evaluar a Leonardo Fariña —el "arrepentido" de la causa—, la anulación de su testimonio, la nulidad de los allanamientos dispuestos sobre sus propiedades y el consecuente sobreseimiento por inexistencia de delito.
Ninguno de esos reclamos tuvo éxito en Casación, mientras el juez Sebastián Casanello, a cargo del expediente, prepara el caso para elevarlo a juicio oral.
Lázaro Báez se encuentra procesado por lavado de activos, con relación a la realización de maniobras a través de la financiera SGI, con el fin de sacar del país sumas millonarias en dólares presuntamente originadas en el uso de facturación apócrifa para simular gastos en el marco de los contratos de obra pública con el Estado nacional.
Por Juan Iturrez
Por Pablo Mihal
Por Lucas Vitantonio (enviado especial)