Las autoridades de Vicentin denuncian estafa procesal, porque la Justicia les puso un freno y no les permitió pagar una parte insignificante de la deuda con el botín robado. Denuncian maniobras de los acreedores, cuando fue la auditoría forense la que dejó en evidencia que Vicentin omitió contabilizar los pasivos comerciales, fundamentalmente de soja a fijar, por más de 580 millones de dólares, con la consecuente subvaluación de los costos de producción, es decir aumentando las ganancias. Por eso presentaron el balance un año después de iniciado el concurso.
►Daniel Néstor Buyatti, 49 hechos delictivos. Se lo considera jefe de la Asociación Ilícita creada para cometer 43 estafas y administración fraudulenta en 5 hechos, por lo que pidieron para él la condena de 16 años de prisión
►Alberto Julián Macua, 49 hechos delictivos, otro de los que integraron la jefatura de la organización delictiva, por lo que también para él pidieron la condena de 16 años de prisión
►Omar Adolfo Scarel, el cuarto jefe, 44 hechos delictivos, 14 años de prisión
►Martín Sebastián Colombo, 13 años de prisión
►Máximo Javier Padoan, 49 hechos delictivos, con un pedido de 12 años
►Roberto Oscar Vicentin, 49 hechos delictivos, 11 años de prisión
►Máximo Javier Padoan, 49 hechos delictivos, pedido de 10 años de prisión
►Sergio Roberto Vicentin, 49 hechos delictivos, pedido de 10 años
►Pedro Germán Vicentin, 49 hechos delictivos, 10 años de prisión
►Yanina Colomba Boschi, 49 hechos delictivos, 10 años
►Javier Gazze, 9 hechos delictivos, pedido de 8 años
►Miguel Vallazza, 9 hechos delictivos , 8 años de prisión
►Eduardo Harnan, KPMG, acusados de estafa, 7 años de prisión
►Ernesto García, Diego Telesco y Carlos Amut, síndicos concursales, acusados de encubrimiento agravado por ser funcionarios públicos, 3 años de prisión
Vicentin engaña diciendo que presentamos una “falsa denuncia” contra Renova S.A. porque la fiscalía recabó una gran cantidad de evidencia sobre las 55.600 toneladas de soja de Commodities SA, que estaban a depósito en Renova SA y que Vicentin denunció como deuda en su concurso.
Esto motivó que el 5 de noviembre de 2024, los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja acusaran y pidieran la elevación a juicio oral a todos los directivos de Renova y de Vicentin acusándolos de administración fraudulenta en carácter de coautores y en grado consumado y solicitando las siguientes penas:
►Sergio Eduardo Gancberg: 5 años de prisión
►Daniel Néstor Buyatti: 5 años de prisión
►Máximo Javier Padoan: 4 años y 6 meses de prisión
►Diego Mejuto: 4 años de prisión
►Daniel Pajaro: 4 años de prisión
►Alberto Julián Macua: 3 años y 6 meses de prisión
►Roberto Alejandro Gazze: 3 años y 6 meses de prisión
►Cristián Andrés Padoán: 3 años y 6 meses de prisión
►Martín Sebastián Colombo Boschi: 3 años y 6 meses de prisión
►Sergio Roberto Vicentin: 3 años y 6 meses de prisión
►Pedro Germán Vicentin: 3 años y 6 meses de prisión
►Roberto Oscar Vicentin: 3 años y 6 meses de prisión
►Yanina Colombo Boschi: 3 años y 6 meses de prisión
►Omar Adolfo Scarel: 3 años y 6 meses de prisión
Denuncian un plan “ilegítimo” para que el concurso de Vicentin llegue al Cramdown, porque no les gusta que los “chiquitos” nos plantemos y ejerzamos nuestra defensa como nunca antes se hizo en Argentina. Desde el primer comunicado del fideicomiso Acreedores Granarios de Vicentin dejamos claro que no ahorraríamos esfuerzos para aportar a una solución superadora para todos los acreedores granarios. Pero “el negocio” de Vicentin siempre fue para unos pocos.
También lo comunicamos abiertamente, desde que conocimos el fallo de apertura del Cramdown, nos hemos esforzado para interesar a inversores financieros y participantes del comercio mundial de granos, seguros de que la competencia generará una solución más justa.
Si Vicentin está convencido de la legalidad de su propuesta abusiva y parcial, que compita en el Cramdown y lo gane. Quizás, solo quizás, el fallo de la Corte Suprema de Santa Fe (5 votos a 1) del 22 de octubre de 2024, con el que se inició el proceso para evaluar la legalidad de su propuesta los dejó sin otra opción más que sacar a la luz falsas denuncias que tendrían como objetivo amedrentar, usando la justicia penal, a un acreedor que simplemente lucha por recuperar lo que le robaron.
Nota aclaratoria 1:
Las denuncias de Vicentin son de fecha diciembre del 2022 y febrero del 2023, y malintencionadamente las impulsan en la prensa cuando la Corte abrió la Queja interpuesta por Commodities SA. La aceptación de Vicentin como Querellante no es más que un paso procesal que nada tiene que ver con el fondo de unas denuncias que pierden sentido al evaluar las acusaciones de la justicia penal de Rosario, y sobre cuya legitimidad aún no se ha expedido el fiscal interviniente quien, por el contrario, dejó bien en claro en la audiencia, que la aceptación de ese requisito formal en modo alguno implicaba que se tuvieran por ciertos los hechos denunciados por el directorio de Vicentin.
Por parte, en el día de hoy, 3 de diciembre de 2024, el juez Benegas ha declarado en distintos medios: ” De la cuestión de fondo no he hecho ningún tipo de análisis de nada, solo resolví que la empresa pueda ser querellante”.
Nota aclaratoria 2:
Declaraciones del fiscal Juan Sebastián Marichal en la audiencia del 2 de diciembre de 2024, donde se aceptó a Vicentin como querellante: “No estamos diciendo que consideramos probado, ni siquiera en grado de probabilidad o sospecha, que el delito se haya cometido. Porque el Código no lo exige (…) Ni siquiera se exige que hubiera sido convocada a audiencia imputativa la persona querellada. Por lo tanto, no solo es un derecho, es una obligación de la fiscalía proveer la querella. Esto no implica que consideremos probado el delito; eso quedará sujeto a un análisis posterior”.
