Más allá de las divisiones internas que pueda haber en las estructuras políticas o en el partido de gobierno, y los lógicos desencuentros circunstanciales entre alguno de sus dirigentes, lo que ocurre a menudo en todas partes; hoy asistimos a un caso de violencia política y manipulación institucional muy pocas veces visto en la Provincia. Esta más que claro que el caso “Traferri” no es un problema penal, mucho menos judicial, y diría que de ninguna manera legal, es un tema político que tiene su génesis en la situación de minoría del Poder Ejecutivo de Santa Fe ante las cámaras legislativas, no hay otra cuestión de por medio; aunque esa representación parlamentaria es la que estableció el pueblo en las urnas, y su fallo es inapelable. No se trata de las formas y métodos de entendimiento a la hora de gobernar, se trata de acatar la voluntad popular y la vigencia plena de la ley y la Constitución.
Como es obvio, se encuentran en jaque las “reglas de juego” de la sociedad democrática porque no son aceptadas por uno de los actores principales; y que, para modificar su relación con el Poder Legislativo eligió el camino de la confrontación y el uso del aparato estatal para doblegar voluntades. Desechó el dialogo y la persuasión, se inclinó por la presión mediática a quienes no le responden, y además no hace ninguna distinción a la hora de echar mano de las fuerzas represivas, o incluso del Ministerio Publico y de sus órganos de investigación criminal, sobre todos los vinculados a las tareas de “inteligencia”. Esas “reglas de juego” están establecidas en la Constitución Provincial y en el mandato popular, que cada cuatro años determina quien gobierna y quien controla.
La elección de una “arena” distinta para dirimir el conflicto, como es lógico pensar, ha tensionado de tal modo el manejo regular de las instituciones que compromete incluso el funcionamiento propio del Poder Judicial; que en medio de la pelea debe decidir entre quienes están del lado de la ley y quienes pretenden subvertir el orden constitucional sin importar las consecuencias, como si la sociedad no se diera cuenta.
A ello se suma una política propia de los estados burocráticos autoritarios que es el espionaje político y las escuchas ilegales a funcionarios de los tres poderes (según denuncia del Fiscal Regional de Santa Fe que ha elevado a la legislatura la Junta de Fiscales del MPA, y del dictamen del Fiscal Regional de Reconquista como auditor e investigador especial), y que hoy en el seno de la Comisión de Acuerdos del parlamento local se impide avanzar por mecanismos leguleyos y chicanas procesales, pero que tarde o temprano saldrán a la luz, por ser hechos de suma gravedad institucional.
Se ha instalado una especie de “comisariato político” y un “estado policial” que se mete en la vida ciudadana y que acciona entre los pliegues de algún sector del MPA vinculado a la llamada “inteligencia criminal”, que además pretende neutralizar a quienes deben controlar a sus miembros desde otro poder, mediante la descalificación de los legisladores que investigan las actividades de estos mismos empleados del estado que, entre otras cosas también se encuentran abocados a conseguir información, armar carpetas, denunciar hechos falsos, comprometer a personas en causas penales, y paralizar la actividad parlamentaria. Esta práctica nefasta es la que se debe investigar y que hoy no lo permiten algunas fuerzas que no dan la cara.
El caso es que, antes desde el Ministerio de Seguridad y ahora desde la A.I.C tenemos la lamentable coincidencia de que la misma persona es la que maneja los resortes de la información y que todos sospechamos, se utiliza para otros fines. Por ello y atento la situación en que ha quedado el peronismo de cara a las próximas elecciones, seria de buen agrado para toda la sociedad que estas conductas antidemocráticas se dejen de lado, de lo contrario un triste espectáculo ganará espacio entre todos los participantes de esta lucha política, y por eso pedimos al Señor Gobernador que extreme sus esfuerzos para permitir la investigación legislativa del Señor Marcelo SAIN, y no interfiera en la situación judicial como lo ha hecho recientemente a través del Señor Fiscal de Estado.
La protección del Gobierno provincial hacia este funcionario es más que obvio, ha quedado demostrado en un decreto que dispuso el allanamiento en un trámite judicial y; lamentablemente los organismos competentes del MPA, no pueden, o saben o no quieren tomar cartas en el asunto.
Saluda atentamente, un ciudadano, que además de peronista ha sido Convencional Constituyente en la última reforma de 1994.
