El pasado domingo tomé un colectivo para volver de Venado Tuerto hacia Rosario, a las 21,22, con la empresa Casilda (Monticas SA) patente BEP-554. Al salir de la Terminal, la carrocería tocó con el asfalto y a los pocos kilómetros, cuando tuvo que doblar a alta velocidad, casi choca y vuelca. Así que la gente se dirigió al chofer, quien confesó que andaba casi sin frenos y tenía rotos los amortiguadores. Le pedimos que parase y nos mandasen otro coche, porque el colectivo se tambaleaba de un lado a otro. La situación parecía de una película de Fellini: una chiquita lloraba, otra pareja rezaba en voz alta, una chica le gritaba que pare y otro le gritaba borracho al chofer. Al llegar a la rotonda de Elortondo, nos bajamos todos los ocupantes y esperamos 50 minutos hasta que llegó otro coche de la empresa Arito, patente RUB-433, quien nos levantó y llevó hasta Firmat donde se le rompió el sistema de aire que acciona los cambios y las compuertas. Ahí otra hora y media entre que llegó el otro coche y pudieron abrir la bodega. Finalmente pudimos llegar sanos casi tres horas después del horario estimativo. En plena emergencia vial, donde se gastan millones de pesos en publicidades, cuya efectividad no parece funcionar, deberían contar con un mecánico que controle a los coches y un médico o alguien que controle también el estado de los choferes antes de salir. Y en caso de no poder hacerlo con total seguridad, que las empresas sean pasibles de multas y suspensiones efectivas, ya que por ahorrar pocos pesos ponen en riesgo las vidas de decenas de ocupantes, incluso la del mismo chofer. Es sabido que los coches casi no reciben asistencia mecánica debido a que están viajando de manera permanente. Por ello, hay que obligar a las empresas a invertir y justificar gastos, y al Estado a mantener las rutas en condiciones y no a sus piqueteros. Parece mucho pedir en un país que está poco acostumbrado a hacer.
