El derecho Romano exhorta: “La justicia es la constante perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho”. En contrapartida, las encuestas acreditan la mala imagen actual de la justicia. Los propios jueces, fiscales, magistrados y periodistas opinan que los avances en este “servicio público” son mínimos, deficientes y en casos inexistentes. Aceptamos con escaso margen de error que, tratándose de justicia, todo va peor de lo que los ciudadanos idealizan. La justicia debiera entenderse como la concepción que cada sociedad adopta para dar a sus miembros normas de relación equitativa con sus semejantes. De modo preocupante, terminamos aceptando como ciudadanos que la justicia es sinónimo de oficinas colmadas de legajos, jueces imperfectos, cuestionados en casos por complicidad, libertades mal acordadas, argucias para retrasar resoluciones, falaces plazos de condenas o libertades condicionales, ejecuciones tardías y perniciosas. Logrando que socialmente hayamos esclerotizado una idea de justicia lenta, improductiva y arcaica, desprovista de las garantías que le deberían ser propias. Consecuentemente, su eficiencia en relación directa con las expectativas y derechos de los ciudadanos, es muy pobre y en algunos casos, casi nula. Resulta evidente que basar los esfuerzos solo en lo económico orientado a mejorar la justicia, se desvanece en sueldos fabulosos, se malgastan en una desmedida población judicial, o en períodos interminables de procesos. El motivo para que padezcamos esa contradicción entre dotación y resultados seguirá persistiendo, en la medida que los esfuerzos presupuestarios no se apliquen en mejorar la capacidad resolutiva de los conflictos indagando en la idoneidad de quienes tienen la responsabilidad de resolverlos. Caso contrario, la actual improductividad y muchas veces marcada parcialidad, seguirán triunfando dando la razón a Platón: “La peor forma de injusticia es la justicia simulada”.
