El 28 de septiembre de 2005 hubo revuelo en el foro local. Es que por la impecable investigación de la jueza Raquel Cosgaya quedaba detenido, imputado de ser jefe de una asociación ilícita que realizaba estafas en procesos concursales, Jorge Horacio Fernández Méndez. Pasó siete meses preso. Pero no mucho más se supo de esta megacausa que ocupaba la tapa de los diarios recurrentemente. Y recientemente, abogados, escribanos y empleados del Registro de la Propiedad quedaron implicados en una causa de estafas a ciudadanos. Pregunto: ¿por qué los ciudadanos somos burlados y dañados? ¿Porque ellos tienen cierta relevancia social? ¿Hasta cuándo las causas se estancan y nosotros los ciudadanos seguimos esperando que los jueces apliquen su condena? ¿Por qué señores jueces no dan un fallo ejemplar habiendo quedado firme el procesamiento por la Cámara de Apelaciones en la causa de Jorge Fernández Méndez? ¿Será que un título universitario habilita para delinquir?
