Los defensores de los acusados de integrar una red de vendedores de droga liderados por dos ciudadanos colombianos dicen lo mismo: la acusación fue montada en base a injustificables violaciones de la intimidad de los imputados, con intervenciones telefónicas que se mantuvieron durante cuatro años sin que surgiera, en base a lo que se escuchaba, aportes de prueba que demostraran que comercializaban estupefacientes. Por esa razón los abogados que alegaron solicitaron al Tribunal Federal Oral Nº 2 de Rosario que se declare nulo todo el trámite y que los acusados sean absueltos.
Este grupo de diez personas que son juzgadas desde noviembre pasado en Rosario, aunque ninguno es de la ciudad, están involucrados en una investigación que tiene doce años, lo que ya sorprende por su duración. Los implicaron a partir de la venta de cocaína al menudeo en distintas localidades bonaerenses. Los escalones superiores de la banda responden por abastecerlos y triangular la droga, que traían de Colombia y remitían a Australia, España y Holanda en paquetes del Correo Argentino por mar o aire. La fiscal Adriana Saccone pidió para ellos penas que van desde los seis hasta los doce años (ver aparte)
La causa comenzó con la detención de un artista popular muy conocido en la ciudad de San Pedro, Javier Kukato García, acusado de vender pequeñas cantidades de droga al menudeo, contra quien la fiscal Adriana Saccone pidió seis años de prisión. Esa imputación fue cuestionada por el defensor Carlos Ríos quien recordó que durante cuatro años a su cliente lo escucharon sin que surgiera ninguna prueba de campo de delito: ni un video, ni una foto, ni un allanamiento donde se encontrara droga o en el que alguien lo señalara como vendedor. A tal punto fue inexistente la evidencia que el propio fiscal que instruía el caso, Juan Murray, le advirtió al juez de instrucción que no podían seguir con esas intervenciones, porque no había evidencia de comercio de estupefacientes. "Y no obstante eso el juez siguió adelante", dijo Ríos. La mayoría de los defensores instaló en eso la base del pedido de absolución.
"Durante cuatro años mi cliente vivió con el Estado adentro de su casa. Vivió con la policía metida en su teléfono, conociendo vida y obra de lo que hacía en una violación incomprensible a su derecho a la intimidad. Sabemos que la intimidad es un derecho sujeto a reglamentación. Pero la prueba en el Derecho Penal tiene que ser razonable. En esta investigación de doce años de razonable aquí no hay nada".
1.145 días
El abogado Ríos contó la historia de la detención de Kukato durante 56 minutos de película. Distintos actores del juicio admitieron que había que hacer memoria para recordar un alegato de tanto lucimiento. "No quiero ni por lejos victimizar a mi cliente. El señor es un adulto que con honestidad brutal nos ha hablado de su adicción a la droga. No es que los dioses se conjuraron para que este hombre la esté pasando mal. Pero el hecho de que haya tomado decisiones de las que es responsable no lo hace un delincuente".
Esa fue la entrada para indicar que Kukato había caído por una denuncia anónima que decía que vendía droga en su casa de San Pedro o en un bar llamado La Toscana. "Se comisionó a un policía que sacó un par de fotos. Vieron pasar un niño que conversó con él. En otra oportunidad llegó otra persona en auto que lo saludó. Luego llegó un auto y se ve un pasamanos. A partir de ahí se ordenó una intervención telefónica. No se obtuvo nada pero en mayo de 2005 un juez pidió informes. En la foja 117 un señor llamado Paniza dice que varias veces fue a lo de Kukato y que nunca pudo advertir movimientos relacionados a venta de estupefacientes. Señores jueces: esto es lo que había en setiembre de 2006 en la causa: una intervención que no sabemos a dónde fue a parar y policías que dicen no haber observado a Kukato actividad compatible con la venta de drogas".
Lo que reconocía el abogado Ríos es que Kukato consumía y le conseguía mínimas cantidades de droga a su círculo de amigos y no que vendía. "Pero tuvo 1.145 días el teléfono intervenido y no hay ni un solo acto procesal dirigido a probar lo que se quería probar". El defensor señaló que era cierto que tenía contacto con Marcelo Biradelli —otro de los juzgados por vender cocaína— hablando de drogas. "Kukato admitió que con Biradelli no hablaba de otra cosa. ¡Que lo volvía loco! Pero si queríamos probar que eso era comercialización de estupefacientes debíamos ponerle contenido a las escuchas. No le secuestraron droga, ni elementos de corte, ni una balanza, ni una libreta que indique actividad comercial. Señores: lo único cierto es que en la foja 558 el fiscal planteó un recurso contra las escuchas porque en dos años no se encontró delito".
Matar al Papa
En cuatro años de seguimiento, dijo Ríos, se le secuestró a Kukato 0,2 gramos de una sustancia que no se pudo probar que era droga. "!Todo ese tiempo en el tubo del teléfono y nada probado! ¿Esa cantidad vendía? Además entre los diez imputados a los que se describe como banda internacional se le secuestró la cantidad de 811 gramos de cocaína después de cuatro años de investigaciones. Con todo respeto: o esta organización todavía no había arrancado o estaban fundidos".
El defensor sostuvo que la fiscalía no mostró un solo caso de venta de estupefacientes. "Por más que de escuchas alguien saque que yo tengo pensado matar al Papa o volar las torres gemelas lo que hace falta es prueba. Los hechos acá no existen. Mi cliente consumía droga con sus amigos. No forma parte de una banda internacional. El trasunta miseria en sus conversaciones. ¿Qué tipo de narcotraficante es un tipo que anda en un ciclomotor?¿Un hombre que no tenía cuenta bancaria y que animaba fiestas en su pueblo para ganarse la vida?" Ríos pidió la absolución de su cliente porque no se probó nada contra él. "Ilustres jueces: si ustedes admiten eso no sólo estarán defendiendo la inocencia de mi defendido sino la inocencia de todos nosotros".
El veredicto se conocerá el miércoles
Este juicio contra 11 implicados comenzó el 30 de noviembre y termina este miércoles. La fiscalía señaló que dos fueron detenidos por vender cocaína al menudeo en San Pedro y Campana. Los escalones superiores responden por abastecerlos y triangular la droga que traían de Colombia y remitían a Australia, España y Holanda.
Los dos colombianos acusados como líderes son Diego López Echavarría, imputado de radicarse en Argentina para consolidar una red de vendedores, y Argemiro Sierra Pastrana, un ganadero de 66 años de la ciudad de Villavicencio, condenado en Estados Unidos hace 20 años por la venta de 20 kilos de cocaína.
Uno de los juzgados, Horacio Biradelli, murió en diciembre tras ser retirado indispuesto de la audiencia . Su hermano Marcelo, dueño de un bar de Campana, estuvo preso en Miami por drogas. Para la fiscalía envíaba cocaína hacia España. Por sus conversaciones llegaron al supuesto Luis Avelino Esquivel, detenido en 2008 con casi 6 kilos de cocaína en un aeropuerto de Brasil.
