Si se busca información sobre Raquel Peyraube en Google, lo primero que se devuelve es un perfil que la define como "La mujer que impulsó la legalización de la marihuana en Uruguay". Peyraube es doctora en medicina y especialista en uso problemático de drogas, con formación en psiquiatría, toxicología y psicoterapia. Y además una defensora precisa y valiente de las políticas de regulación de drogas. Porque, afirmó, "la prohibición sólo favoreció al narcotráfico" y destacó la incipiente experiencia uruguaya. "En las zonas donde hay clubes de cannabis y autocultivo se redujeron las bocas de venta de droga y también bajó la criminalidad", sostuvo.
La especialista estuvo el jueves pasado en la Facultad de Derecho de la UNR, invitada por el programa de Violencia Urbana y Seguridad Ciudadana que depende del Instituto de Cooperación Latinoamericana. Frente a un auditorio colmado, habló de los efectos del cannabis y cannabinoides sobre la salud, lamentó la lenta implementación de la ley uruguaya y cuestionó la ley argentina de cannabis medicinal porque "lo único que se legalizó es la investigación" sobre cannabis.
—La ley uruguaya que regula la producción, distribución y venta de marihuana se promulgó hace dos años y medio. ¿Cómo está su implementación?
—Uruguay tiene una muy buena ley, pero mi lectura es que el gobierno de (José) Mujica subestimó la complejidad de su implementación. Lo que se puso en marcha hasta ahora fueron aquellas cosas que no dependían del gobierno. Se lograron avances en aspectos en los cuales el gobierno no tiene una acción concreta más que registrarte como cultivador o como responsable de un club. Eso fue lo que se hizo, pero falta aún avanzar en lo que tiene que ver con el control de calidad y con la venta en farmacias. El tema es que cuando uno está haciendo una ley, simultáneamente tiene que realizar un análisis de la estructura burocrática que va a estar involucrada en la ley, para desobstaculizar su la implementación. Eso no se hizo y, ya sabemos, en el sistema político los prejuicios, la incompetencia y la desinformación son las mismas que en la población general. Obviamente todo esto ha interferido. Pero lo más preocupante es que con respecto al cannabis medicinal, el Ministerio de Salud uruguayo ha sido un obstaculizador activo, muy activo, de la implementación.
—Por qué?
—Porque en Uruguay hemos tenido proyectos de desarrollo de producción de cannabis medicinal de extrema seriedad, de mucha ciencia y con una proyección y una visión de política social, no de una empresa. Desarrollamos un modelo productivo de accesibilidad, de calidad farmacéutica, de bajo costo. Pero hubo tantas trabas que estos investigadores se asustaron y se fueron.
Monitor Cannabis es una plataforma de evaluación de la ley que depende de la facultad de Ciencias Sociales de Uruguay. Recientemente los investigadores del grupo advirtieron que los problemas para la implementación de la norma tenía que ver con "la incompetencia, la ineficacia y la falta de voluntad política". Para Peyraube, la ley pero puede estar "condenada al fracaso" si no se hace una buena implementación. En cambio, advirtió, hay otros países que, de pronto, no tienen leyes tan buenas, pero tienen productos de calidad farmacéutica al poco tiempo de haberse aprobado la ley. "Mientras tanto, nuestros pacientes apenas pueden importar los productos después de hacer un trámite personal en el Ministerio de Salud, similar a la gestión que en Argentina se realiza ante la Anmat", se quejó.
—¿Qué sabemos con certeza sobre el uso medicinal del cannabis?
—Muchísimo.
—Muchas veces se invoca que no hay evidencia científica sobre sus beneficios
—Eso es lo perverso de los que sostienen la prohibición. Lo primero que hay que saber es que así como los médicos tenemos tratados en los que estudiamos pediatría o farmacología, también hay tratados de medicina en base a cannabis producidos por la Universidad de Oxford o por editoriales científicas importantes. Es cierto que nos falta evidencia clase A, la avalada por ensayos clínicos que permiten considerar que algo es un medicamento. Pero el tema es que nos prohíben la producción de esa evidencia porque no nos dan los permisos para hacerla. De todas formas, hay una serie de usos en los que sí hay ensayos clínicos y la evidencia de segunda categoría sí indica que es posible su uso. Uno no tiene otra posibilidad y está tratando pacientes con enfermedades graves, como los que tratamos con cannabis medicinal, donde la medicina convencional no tiene respuestas suficientes. Además sobra evidencia de que es una sustancia de bajo nivel de daño, con efectos secundarios de leves a moderados y que se revierten fácilmente con la reducción de la dosis o la supresión del tratamiento, mientras que muchos medicamentos deben ser retirados del mercado después de años de prescribirlos porque se empieza a ver una toxicidad grave, como está pasando ahora con algunas benzodiacepinas. De todas formas, también es muy importante que la población no entre en esta versión de chamanismo cannábico, del romanticismo y la new age porque eso le roba a los pacientes el último derecho que les queda cuando el médico produce un daño y es el derecho al reclamo.
—¿Por eso la necesidad de que se realicen controles de calidad a los productos que se utilizan en los tratamientos?
—Claro. Así como al prohibicionista yo le pregunto por qué le exigen al cannabis lo que no le han exigido a la industria farmacéutica, le digo al activismo de esta versión del uso medicinal alegre, liviano e irresponsable por qué le permite al uso y a la producción inadecuada de cannabis lo que no le hubiera permitido a la industria de medicamentos.
—¿Que opina de la ley de cannabis medicinal aprobada en marzo en Argentina?
—La ley argentina tiene una falla grave desde la ética de la salud pública. La salud pública tiene tres pilares éticos fundamentales: no dañar y hacer el bien, la justicia social y el derecho a la autodeterminación. En relación a las políticas de drogas eso no se respeta en ningún campo. Lo que me preocupa es cuando una ley parlamentaria no lo respeta y lo ejercita un gobierno nacional, acríticamente. La falla ética de esta ley es que primero no hay justicia social ya que la gente que está en tratamientos con cannabis sólo tiene acceso si está en el sistema público, si estás en el sistema privado no. Una barbaridad. Lo otro es el derecho a la autodeterminación, no sólo a elegir el tratamiento, sino que en este caso para recibir el tratamiento hay que participar de un estudio científico. Si yo tengo un hijo que esta convulsionando y la chance que tengo de recibir cannabis de calidad farmacéutica, provista por el Estado, controlada y legal es participar de un estudio del gobierno, perdí mi libertad, me siento extorsionada porque la posibilidad de tener derecho depende de que yo acepte a participar del estudio. Creo que Argentina debe y merece avanzar hacia un sistema más justo y sensato. No se legalizó el cannabis, se legaliza una investigación.
—Dos argumentos frecuentes contra la legalización son que produce más consumo e incrementa el negocio del narcotráfico. ¿Son correctos?.
—Cuando uno quiere defender una posición moral apela a la opinología. Yo exijo otra cosa, exijo evidencia. Todo lo que se dice sobre la legalización son cosas que ya están pasando. Está aumentando el consumo, cada vez baja más la edad de inicio, cada vez se accede a drogas más peligrosas. Así que hay que ensayar otra cosa, pero además hoy tenemos más certezas, las cifras en Uruguay todavía son incipientes, pero ya se ven dos cuestiones. En las zonas donde hay clubes de cannabis y autocultivo se redujeron las bocas de venta de droga, de cannabis pero sobre todo de pasta base y de cocaína. Eso es un dato. Y también bajó la criminalidad en esas áreas. De todas formas, sabemos que la población de mayor vulnerabilidad social no va ni a cultivar ni a hacerse miembro, porque no tiene cultura sibarita del cannabis, consume como consume cualquier otro commodity. Ellos dependen de que esté instalada la venta y eso va a pasar en julio. Pero ya podemos adelantar eso. Quiere decir que si bajaron las bocas de cocaína disminuyó el negocio del tráfico, entonces por qué se va a pensar que se va a enriquecer el narcotráfico cuando se le está restando mercado. ¿Cuál es la lógica que permite sostener ese argumento?. Hasta ahora sabemos que la ilegalidad solo benefició al narcotráfico.
