La ciudad
Miércoles 05 de Julio de 2017

Fein: se deberá demostrar la licitud de los fondos para levantar el Sheraton

El empresario que lidera el proyecto está acusado de ser testaferro del ex funcionario kirchnerista que arrojaba bolsas con dinero en un convento

La intendenta Mónica Fein aseguró ayer que el empresario a cargo de levantar el complejo del Sheraton en Rosario deberá demostrar la licitud de origen de los fondos que destinará al millonario proyecto. "Si no cumple con la legitimidad de los recursos, por supuesto que el proyecto no podrá desarrollarse", advirtió en referencia al titular de la firma Turicentro Viajes SA, Carlos Hugo José Gianni, empresario ligado al turismo pero también a contratos con el Estado. Gianni está actualmente procesado por el juez federal Daniel Rafecas acusado de actuar como testaferro del detenido ex funcionario kirchnerista José López.

"El titular (del proyecto Sheraton Rosario) tendrá que hacer según las normativas vigentes todas las presentaciones. La Municipalidad tiene normativas donde hay que declarar, donde hay que informar a la UIF (Unidad de Información Financiera), donde vamos a buscar todos los mecanismos para que se pruebe la legitimidad de los recursos. Lo demás es un tema judicial", dijo ayer Fein en declaraciones a la prensa.

La polémica se desató el lunes pasado tras la información publicada por La Capital sobre quién es el empresario que está detrás del Sheraton Rosario, que el jueves pasado consiguió que el Concejo le aprobara una excepción a la normativa urbanística en la zona de Puerto Norte, donde pretende construir el complejo.

La instalación del hotel cinco estrellas viene de la mano del empresario rosarino Carlos Gianni, que está procesado en una de las tres causas que se le siguen a José López (ex secretario de Obras Públicas de la Nación) por enriquecimiento ilícito. El ex funcionario se hizo famoso el 14 de junio del año pasado por un escándalo de corrupción tras ser pescado in fraganti revoleando bolsos con nueve millones de dólares en un convento de General Rodríguez (provincia de Buenos Aires).

La causa en la que están procesado López y Gianni es por un departamento ubicado en Las Heras 2032, piso 13 "B", del barrio porteño de Recoleta. En este caso la Justicia sospecha que el ex secretario de Obras Públicas ocultó la compra de este inmueble, que en los papeles figura a nombre de Marketing y Eventos SA, firma cuyo titular es precisamente Gianni. Ese departamento estuvo "alquilado" desde 2011 a 2016 a la hija adoptiva de López, Mariana Soulés, con un contrato con opción a compra. Pero el juez Rafecas sostiene que esa propiedad formaría parte del patrimonio del ex secretario de Obras Públicas, quien se habría servido, como fachada o prestanombre, de Marketing y Eventos SA. Así, Gianni está acusado de ser testaferro de López. Por este hecho, el magistrado procesó a Gianni como "partícipe necesario del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público" y le decretó un embargo por 5 millones de pesos.

Al igual que Fein, el presidente de la comisión de Planeamiento del Concejo, el socialista Horacio Ghirardi, afirmó respecto del origen de los fondos para construir el complejo Sheraton que "si se detecta alguna irregularidad, no tengan dudas de que este proyecto se cae". Y pidió "tranquilidad" a la población ya que "se están cumpliendo todos los pasos legales".

Por otro lado, la intendenta defendió la aprobación por parte del Concejo de una modificación a la ordenanza 8.320/08, a pedido del empresario Gianni, que regula la renovación urbana del área Scalabrini Ortiz-Puerto Norte. "Fuimos desde diciembre al Concejo para que se analizara el tema, hubo pedidos de informes. Es un centro de eventos con hotel y por lo tanto fuimos al Concejo para que tuviera oportunidad de pedir todos los informes, y después de seis meses fue aprobado", señaló Fein.

Esta normativa sólo permitía construir en esa parcela del frente ribereño hasta 21.000 metros cuadrados y 48 metros de altura. Pero ahora, gracias a esta excepción, el proyecto del Sheraton podrá tener 41.500 metros cuadrados y tres torres de hasta 130 metros de altura (están programados un hotel, complejo de viviendas y centro de convenciones). Además, se cambiaron los criterios de preservación de los silos que allí existen. Como compensación, el desarrollador deberá pagar $20 millones a la Municipalidad. La iniciativa se aprobó con 15 votos a favor (oficialismo, PRO, los radicales Daniela León y Martín Rosúa, y Diego Giuliano y Carlos Cossia), 6 en contra (Ciudad Futura, los peronistas Eduardo Toniolli y Norma López, Fernanda Gigliani y Celeste Lepratti) y tres abstenciones (Jorge Boasso, Osvaldo Miatello y Carola Nin). Quienes se opusieron denunciaron que el proyecto aprobado es "un traje a medida" para el desarrollador privado.

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