Disponen límite al número de presos en comisarías

La jueza penal Mónica Lamperti fijó el cupo legal de 190 personas privadas de su libertad en las comisarías de la Unidad Regional II. Lo hizo en el marco de una audiencia en la que se discutió un hábeas corpus presentado por el defensor general de la provincia, Gabriel Ganón, y la Defensoría Regional de Rosario por el incumplimiento parcial de la sentencia dictada por la jueza Roxana Bernardelli en diciembre de 2014. Entonces, la magistrada hizo lugar al pedido por "el estado de hacinamiento, la vulneración de derechos a personas sometidas a encierro y la violación del cupo legal fijado".

En ese marco el 14 de junio último se hizo la primera audiencia y el Ministerio Público de la Defensa denunció el incumplimiento de aquella sentencia judicial que fijaba un cupo legal de 230 personas privadas de su libertad en todas las comisarías de Rosario. Y, además, solicitó que se adopten medidas de corrección urgentes y se convoque a audiencias de control.

Tras escuchar el planteo de las partes, la jueza Lamperti dispuso una serie de audiencias "a fin de construir una política pública destinada a proteger y asegurar los derechos de las personas privadas de su libertad en las seccionales de Rosario" y reclamó la presencia de diversos actores institucionales y Organismos de Derechos Humanos.

Finalmente, el pasado 29 de julio se decidió "modificar el cupo legal y constitucional de personas en situación de encierro en comisarías de Rosario fijado en 2014, disminuyendo el número de 230 a 190". Y en ese marco la Defensa Pública pidió que, "de ser sobrepasado ese número, sea comunicado inmediatamente a la autoridad administrativa y judicial". En ese sentido el Defensor Regional, Gustavo Franceschetti, dijo que "con este paso previo se pretende hacer un control más eficaz de estas medidas cautelares para los alojamientos en comisarías".

Sin acuerdo. El recurso señalaba que en la alcaidía de mujeres de Rosario se impedía a las internas recibir visitas íntimas, por lo que la Defensa Pública solicitó que esa condición sea modificada. Y como no pudo llegarse a un punto de acuerdo con el Ministerio de Seguridad, Franceschetti exhibió la nota enviada por las presas pidiendo que dichas visitas puedan ser realizadas dentro del establecimiento o en otro centro de detención. Y expresó que "la alcaidía debería ser un lugar de tránsito pero no lo es ya que en reiteradas ocasiones se ha comprobado que existen personas detenidas por largo tiempo".

Finalmente, otro punto cuestionado en el hábeas corpus estuvo relacionado con las denuncias por "los procedimientos de requisas ultrajantes y situaciones humillantes innecesarias hacia los familiares de los presos, lo que está vedado por el protocolo de revisión de la visita femenina". En ese marco, Franceschetti mencionó que "hay una Guía de Procedmiento Adecuados a los DDHH para la requisa de familiares, allegados y niños en el marco de visitas dictada por el Poder Ejecutivo que no es cumplida". Por eso propuso que se "conforme una unidad de control en la que participen actores institucionales que puedan realizar inspecciones sucesivas y sorpresivas a las comisarías en el momento en que se realizan las requisas".