La 125: el conflicto fundacional de la administración de Cristina

A lo largo de la década kirchnerista, el sector agropecuario gozó de altas tasas de rentabilidad, derivadas de los precios internacionales de las materias primas y mantuvo un conflicto sostenido en torno a la distribución de esas ganancias entre distintas fracciones de la burguesía y el sector público.

La profunda crisis política desatada en 2008 por la resolución 125 reveló las grandes transformaciones del sector y reactualizó debates sobre los ganadores y los perdedores del agro, el rol del Estado y las consecuencias sociales y ambientales de un esquema productivo basado en el predominio creciente del cultivo de soja. Debates que, aún hoy, siguen vigentes.

En efecto, la puja por la 125 obligó a «aggiornar» la mirada sobre el agro. Lejos quedó el cuadro que representa a grandes terratanientes ganaderos y pequeños chacareros. Hoy la realidad es más compleja y diversa y la foto incluye más actores.

En los años noventa, a través de la desregulación y la incorporación de capitales de la valorización financiera, se dio en el sector un salto en el proceso de innovación tecnológica, iniciado en los 60. Se extendió el empleo de la siembra directa, nueva maquinaria, agroquímicos, transgénicos, y nuevos métodos de gestión empresarial. Además, se profundizó la tendencia a la concentración de capitales. Muchos pequeños propietarios se convirtieron en rentistas. Los censos nacionales agropecuarios de 1988, 2002 y 2008 muestran que en ese período hay en todo el país una caída de la cantidad de explotaciones agropecuarias: pasaron primero de 421 mil a 333 mil, y después a 276 mil.

Se fueron articulando unidades de mayor tamaño, que combinan distintas formas de acceso a la tierra. Surgieron figuras como los pooles de siembra, fideicomisos y se consolidaron grandes empresas agropecuarias, asociadas a dueños de la tierra, contratistas y profesionales.

Entre las campañas de 1993 y la 2010-2011, la producción de soja se multiplicó casi por cinco: pasó de 10 millones de toneladas a 48 millones. La superficie implantada, también: de 5 millones de hectáreas a 18 millones. Esas nuevas 13 millones de hectáreas equivalen, por ejemplo, a la superficie total de la provincia de Santa Fe.

En cuanto a la exportación de grano, harina y aceite de soja, el estudio "Análisis de la cadena de soja", elaborado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), refleja mercados en los que las seis principales empresas exportadoras representan el 80 por ciento del total. Con predominio de Cargill, se destacan también Noble Argentina, Bunge Argentina, Dreyfus, Molinos Río de la Plata, Vicentin, Nidera y AGD.

Ante esta situación, y como señalan los investigadores Nicolás Arceo y Mariana González en su artículo "La transformación del modelo rural en Argentina", el lugar del agro en la economía argentina está marcado por el contraste. Afirman que "su peso dentro de la producción y el empleo global no es significativo en comparación con otros sectores". Sin embargo, destacan, "el campo concentra dos recursos clave: provee buena parte de las divisas y de los alimentos para su población".

¿DéCADA GANADA? Luis Cardini, referente de la Corriente Agraria Nacional y Popular (Canpo) consideró que con las políticas del kirchnerismo "se crearon las condiciones para salvar muchos productores que venían con un endeudamiento que hacía comprometer su patrimonio, no se ha rematado una hectárea de campo", dijo.

Aseguró que existe un mayor "impulso al desarrollo tecnológico y apoyo con recursos materiales al Inta, y facultades de agronomía y veterinaria". También que "se han generado políticas de apuntalamiento de 200 mil microproductores, con resultados muy importantes en cuanto al valor agregado de origen".

Desde una mirada opuesta, Pablo Paillole, dirigente de Federación Agraria Argentina (FAA), consideró que entre los noventa y el período kirchnerista existe "una continuidad en políticas estructurales económicas, en tierra y comercialización no tomó ninguna medida que se diferencie del menemismo; incluso lo profundizó, con características diferentes".

Y agregó: "Desde el 2002 al 2008 desaparecieron 60 mil productores. Es verdad, ahora no hay remates. Pero hoy al productor lo acorralan el pool de siembra y los grupos concentrados. Y Dreyfus, Cargill, Nidera siguen siendo los que monopolizan la comercialización de los granos en Argentina".

Por su lado, Jorge Rulli, integrante del Grupo de Reflexión Rural (GRR), sostuvo que la apuesta del gobierno nacional es "continuar y profundizar el modelo de agronegocios. Esto no sólo implica una agricultura química y en escala, con pooles de siembra y con un gran protagonismo de las empresas exportadoras, sino también la vigencia de los supermercados, de las cadenas agroalimentarias y, sobre todo, de la industrialización de alimentos".

125 Y DESPUES. La resolución ministerial más famosa de la historia argentina tenía el objetivo, casi único, de aportar recursos adicionales para garantizar el superávit fiscal primario de 2008. El nuevo aumento de las retenciones, sumado al incremento de noviembre de 2007, significaban 19 mil millones de pesos más para las arcas del Estado.

El ministro Martín Lousteau abrió la caja de Pandora. Un inesperado bloque social resistió la la medida en las rutas y pueblos agrarios. Además de aquellos nucleados en las cuatro entidades de la mesa de enlace (Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria, CRA y Coninagro) se movilizaron productores, transportistas, comerciantes, profesionales y empresarios vinculados a la agroindustria. Un frente que se autoidentificó como el "interior productivo" frente a "los abusos del poder central".

A cinco años del conflicto, desde Corriente Agraria Nacional y Popular (Canpo) plantearon que "en el conflicto agrario se disputaron a grandes rasgos dos modelos de país. Una visión cuya cara más visible sería la Sociedad Rural y las corporaciones afines, pretenden un país para poca gente. Nosotros pensamos en un país para 40 millones de personas o más, con un desarrollo industrial que tienda a sustituir importaciones", dijeron.

Consideraron que "una buena parte de la dirigencia de Federación Agraria erró el camino y traicionó los postulados históricos", y que se perdió "una oportunidad histórica" para aplicar la segmentación de retenciones y la bonificación por flete, que habían tenido media sanción en Diputados.

Desde FAA hicieron una evaluación agridulce. "Logramos frenar lo que era una confiscación. Pero fue una lucha inconclusa, por el programa que levantamos los pequeños productores. Planteamos que segmenten las retenciones, que sean coparticipables, que haya una ley de arrendamiento. Sólo logramos que se volviera para atrás la 125", dijeron.

En el Grupo de Reflexión Rural consideraron que "los caminos los cortaron los pequeños chacareros de hasta 400 hectáreas, devenidos rentistas, que vieron disminuir sus ganancias. Los más poderosos estuvieron del lado del gobierno". Y sostuvieron que el gobierno utilizó con habilidad batallas del pasado: "El enemigo público era Biolcatti, que tiene 2 mil hectáreas. Y a Kirchner lo asesoraba Elsztain, que tiene un millón. Una nueva clase oligárquica ha reemplazado a esa vieja oligarquía vacuna, que practica turismo en sus viejos castillos. Hoy los dueños de la tierra son otros. Son los Werthein, los Grobocopatel, los Elzstain", señalaron.

Después del voto "no positivo" del entonces vicepresidente Cobos, el gobierno tomó nota. Convirtió la Secretaría de Agricultura en Ministerio. Creó el Fondo Federal Solidario, a través del cual se coparticipa el 30 por ciento de las retenciones, y disminuyó las alícuotas para los cereales. A principios de este mes de mayo, el gobierno anunció la creación de un fondo fiduciario para devolver retenciones a los productores de trigo.

Sin embargo, la medida más ambiciosa del gobierno para el sector es el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA) 2020, lanzado en 2010. El PEA plantea como meta alcanzar en 2020 las 157,5 millones de toneladas de granos, con 42 millones de hectáreas sembradas.

Diversas organizaciones sociales y ambientales criticaron el plan. Por ejemplo, el Movimiento Nacional Campesino Indígena consideró que la iniciativa oficial tiene "claras contradicciones con las aspiraciones de un desarrollo industrial armónico con justicia social y con las políticas de derechos humanos". Advirtió también que se profundizarán los "desalojos de las familias campesinas" y la destrucción de "la biodiversidad de ecosistemas frágiles y en franco deterioro como el Parque Chaqueño".

ALTERNATIVAS. Cardini reconoció que "hay mucho para corregir del modelo productivo". Afirmó que en Canpo trabajan en una nueva ley de suelos y otra sobre semillas: "Tiene que ver con la soberanía alimentaria. Es un tema que periódicamente hace ruido, porque hay grandes corporaciones que pretenden condicionar el proceso productivo y comercial".

Paillole, enrolado en la corriente Chacareros Federados y opositora a la conducción de Eduardo Buzzi, sostuvo que "las propuestas deben ir acompañadas de procesos de lucha como en el 2001, no con la mesa de enlace. La mesa que queremos es con multisectoriales y las fuerzas vivas del pueblo: con la CTA, parte de la CGT, y las pymes". Reclamó "políticas diferenciadas" y mayor regulación estatal: "Que establezca un precio mínimo sostén y que planifique la produccion, a través de la Junta Nacional de Carnes y Granos, junto a los productores". Planteó también la necesidad de una nueva política crediticia y una reforma tributaria.