Entre sus muchas facetas, el juicio contra Esteban Alvarado coloca en foco los riesgos que corren quienes ejercen profesiones liberales al ponerse en contacto con el campo del crimen cuando se va más allá de la estricta prestación de un servicio esporádico. Le pasó al histórico abogado defensor de Alvarado que a fines de 2020 fue condenado a tres años de prisión y a una multa de 44 millones de pesos por acciones que lo ubicaban como gestor de operaciones ilegales de su cliente. El que ahora está frente a un trance semejante, sentado en el mismo juicio, es su arquitecto. No solo está acusado de hacer construcciones para el principal acusado sino de actuar como su testaferro.
Se llama Miguel Greci Hazzi, tiene 49 años, un historial de veinte años en el diseño y dirección de obras. Está situado en el inestable equilibrio típico de las cornisas: la diferencia entre darle un asesoramiento o servicio propio de su capacitación a un hombre vinculado al delito o tener complicidad con él. Durante su defensa ejercida hace casi un año habló de manera prolongada y sin rehuir preguntas. Dijo dedicarse a proyectos que le encomendaban, tener más de 45 obras en su currículum, haber trabajado en loteos de barrios privados y en una obra pública en avenida de Circunvalación. Contó que a Alvarado lo había conocido, que no era su amigo, que nunca le ejecutó ninguna obra y que en toda su vida lo habría visto más de diez veces.
Los fiscales señalaron que una de esas veces fue una visita a la cárcel de Campana donde Alvarado estaba preso durante su primera condena importante por ser jefe de un grupo que robaba autos en el norte del conurbano. Y ofrecieron una secuencia de escuchas telefónicas que mostraban un trato muy cercano. Le atribuyeron no ser su constructor sino en esa calidad haber tomado parte de su asociación ilícita por al menos siete años entre 2012 y 2019.
En ese rol le adjudicaron haber buscado inmuebles en el mercado para que los miembros de la estructura de Alvarado ingresaran dinero de su organización criminal para su blanqueo. Asimismo, por realizar trabajos de construcción y refacción en las propiedades que los integrantes del grupo compraran y colocarse como titular de bienes pertenecientes a la organización simulando ser el verdadero dueño. El propósito, dijeron, fue el típico de maniobras de lavado: crear una distancia entre los bienes de la asociación y sus verdaderos dueños.
Para los investigadores de la Agencia de Delitos Complejos, aunque la violencia es un rasgo reiterado lo fundamental en Alvarado es la madeja de empresas que construyó. Porque esas empresas legales, alegan, financiaron actividades delictivas a la vez que permitieron comprar bienes en barrios cerrados como Puerto Roldán, Tierra de Sueños de Roldán, Funes Hills y Condominios del Alto frente al shopping Alto Rosario. En los dos últimos lugares vivió en distintos momentos gente de su familia.
En varios de esos casos fue Greci Hazzi un eslabón necesario para disimular con inversiones el origen espurio del dinero. Para los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery le construyó casas al grupo de Alvarado en Puerto Roldán, apareció como su prestanombre y también hizo refacciones.
También este arquitecto es el que aparece como comprador de un departamento en Condominios del Alto, frente al Shopping Alto Rosario, donde encontraron viviendo al allanarlo al ex jefe de Drogas Peligrosas de la ex PDI, comisario Javier Makhat. En ese departamento vivió la familia de Alvarado cuando éste decidió instalar a su esposa e hijos allí al pensar que Luis Medina quería matarlo. Los fiscales consideran a Alvarado su verdadero dueño, aunque la última escritura está a nombre de la mujer de Makhat.
También estos casos ilustran los riesgos que tiene entrar sin los debidos recaudos en una escritura de titular de un inmueble a una persona. Lo vive en carne propia la periodista Damiana Gusta Ghirardi, esposa del arquitecto Greci Hazzi, que también está acusada en el juicio. En ese departamento encontraron viviendo al comisario Makhat. La oficina económica de los fiscales encontró que ese piso de Central Argentino 1180 fue transferido varias veces en un lapso menor a dos años bajo control de la banda. Según la pesquisa el arquitecto impulsó una operación de transferencia que no fue lo que ocurrió en realidad. Su mujer aparece adquiriéndolo aunque nunca vivió allí. Luego fue cedido mediante boleto a María Estefanía A., la esposa de Makhat.
Para los fiscales esa fue una maniobra para alejar a los primeros inversores que eran del núcleo más íntimo de Alvarado como intento de blanqueo. También a Greci Hazzi le atribuyen ser quien edificó y anotó a su nombre una casa en Puerto Roldán en un momento en que estaba en quiebra, es decir, en incapacidad de adquirir bienes. Esa casa luego fue vendida a la hermana de Luciano Pizzicatti, que está imputado como miembro de la asociación ilícita, pero los fiscales consideran que el dinero venía de Alvarado.
"Aparecieron paracaidistas para comprármelo y se lo termine vendiendo a una abogada, yo conocía al hermano, lo conocía de la calle, de los bares, el hermano se llama Luciano. En realidad lo conozco del río el siempre estuvo en la venta de los autos se la ofrecí para que me la venda y me la termino comprando la hermana", contó el arquitecto cuando fue imputado.
Mucho antes de que estos asuntos vieran la luz, en abril de 2013, el comisario Gustavo “Gula” Pereyra informó a través de en un mail a la Secretaría de Delitos Complejos que comandaba la comisaria Ana Viglione que el comisario Javier Makhat estaba construyendo en Puerto Roldán una casa en un terreno donado por Esteban Alvarado.
Según ese mail, con estatuto judicial, Alvarado entregó también allí lotes a otros dos policías de la provincia: Cristian Di Franco, ya condenado en la asociación ilícita de Alvarado, y el ex jefe de Drogas Peligrosas y titular de la Jefatura de San Lorenzo hasta 2019 Gonzalo Paz, que no está acusado de nada ni pesa en este caso evidencia en su contra. Quien construía las casas en esos lotes según los fiscales fue el arquitecto Grezi Hazzi.
Le preguntó uno de los fiscales al arquitecto si había ido a ver a Alvarado, con quien dijo tener una relación muy acotada, a la cárcel. “Sí, y te voy a decir porqué”, respondió. “Acompañé a un cliente que es amigo del señor Alvarado a visitarlo que es el señor Jorge Benegas al que les conté que le estoy haciendo una casa hace ocho años. Yo había tenido un problema con un capataz entonces le fui a pedir a Esteban para que hable con los dueños del corralón que yo sabía que él los conocía”. Sostuvo que le pidió a Alvarado que los dueños le aceptaran un inmueble para saldar una deuda. “Yo ya había hablado y me habían dicho que no. A partir de que Alvarado habló con ellos, los del corralón accedieron”.
Sobre la capacidad de persuasión de Alvarado para lograr sus objetivos se habló desde que empezó el juicio: se respetaba su palabra, sugieren fiscales y testigos, porque era temido.
Las escuchas telefónicas agregadas a la imputación por los fiscales parecen revelar no obstante que el trato de Greci Hazzi y Alvarado es frecuente, por cuestiones comerciales y de afinidad. Hay llamados en los que acuerdan ir a la isla, a almorzar o a cenar. Los investigadores desacreditan que tengan un lazo remoto.
En este tramo del juicio a Alvarado también se exponen los riesgos penales de entrar en negocios o registros con grupos criminales. Sobre todo cuando las transacciones son antieconómicas como pasa con inmuebles que se compran y venden en un rápido pasamanos. Le pasa a la esposa del arquitecto. "Mi marido se encarga de las compras de los lotes, él se dedica a la construcción, por ahí compra construye y vende", dijo su mujer ahora en el estrado. "yo no me dedico a comprar y vender los inmuebles, el que se dedica es mi marido. Yo estaba trabajando y mi marido me dice «vení y firmá» y yo iba y firmaba”, dijo al defenderse. Hoy está acusada de operar en favor del lavado de activos de la asociación ilícita. La mujer es también quien tiene a su nombre expensas de distintos inmuebles encontradas en la quinta Los Muchachos de Soldini donde, según lo que se ventila en este mismo juicio, mataron a Lucio Maldonado. Ese inmueble pertenece a los hijos de Alvarado.
En el momento de su detención, el defensor del histórico abogado de Alvarado dijo que contra él hubo un ensañamiento. Los fiscales le replicaron: "No dejaremos que se instale esta confusión interesada. No perseguimos abogados. Perseguimos a personas que cometen delitos y con una evidencia con la que tenemos certeza que habrá condena".
Un año después la hubo. Entre otras cosas porque el abogado de Alvarado admitió eso por lo que lo acusaban: la compra, en 2016, de un campo de diez hectáreas en Coronel Bogado a valor irrisorio, según los fiscales. El campo fue escriturado a nombre del abogado quien, en ese momento, figuraba en la Afip como contribuyente de riesgo, es decir sin capacidad económica para esa operación. El valor escriturado fue de 1.900.000 pesos cuando el valor fiscal catastral, dicen los acusadores, era de tres veces más. El valor catastral además es ya algo muy por debajo del valor real. El dinero empleado para la compra era de Alvarado.
Ni el arquitecto ni su esposa son sospechados de haber ejercido ni participado nunca en hecho violento alguno. Para los fiscales sin embargo aportaron para que una estructura delictiva alcance vigor como empresa criminal. Lo dijo Schiappa Pietra hace dos años cuando imputó al abogado de Alvarado.
"Estamos en una coyuntura en la que los organismos investigadores ponen cada vez más el acento en estas ramificaciones de las organizaciones criminales", afirmó entonces. "Tenemos imputada a una estructura policial que construyó un permiso estatal para que Alvarado funcione siete años. No es que un día nos levantamos y dijimos vamos a imputar un abogado. Y seguimos mirando con indulgencia conductas profesionales que nos impiden ver cómo funcionan mercados criminales sofisticados. Las agencias de investigaciones tienen un direccionamiento cada vez más fuerte con estos temas a la hora de establecer conductas ilícitas. Hay que tener una mirada mas profunda".
