Garante de un alto el fuego que puede romperse con sólo un tuit, Sergio Massa avanza por el desfiladero estrecho del ajuste mientras ya consume el recurso más valioso. El tiempo.
Por Mariano D'Arrigo
Garante de un alto el fuego que puede romperse con sólo un tuit, Sergio Massa avanza por el desfiladero estrecho del ajuste mientras ya consume el recurso más valioso. El tiempo.
Obsesionado con juntar los famosos cinco mil millones de dólares para renovar el plazo fijo de expectativas que abrió al asumir -todavía, una expresión de deseo- el ministro de Economía evitó ponerle la cara al anuncio de la procrastinada poda de subsidios.
Después de postergar durante demasiado tiempo la reforma de un sistema que, según definió el eyectado Martín Guzmán, es pro-ricos, el peronismo mete tijera a los apurones, cuando las arcas estatales están exhaustas, la maquinaria de la emisión se fundió y la disparada -o no- de una nueva corrida cambiaria depende, sobre todo, de que el agro y el Fondo Monetario Internacional habiliten dólares en las próximas semanas.
Uno de los riesgos que enfrenta el virtual interventor del gobierno es que el costo económico -menos consumo y desaceleración económica- y político -malestar social- de la inevitable suba de tarifas superen el ahorro fiscal, que distintos especialistas calculan en 50 mil millones de pesos para lo que queda del año. Siempre y cuando la “redistribución de subsidios” no se trabe antes en los tribunales, como ya adelantan asociaciones de consumidores.
El ex intendente de Tigre y el peronismo deberán agudizar el ingenio para compensar a los perdedores del ajuste. Sobre todo, a la franja de la clase media que no tiene el paraguas de las paritarias, no tiene lugar en el esquema de contención social que montaron los movimientos sociales y el Estado ni posee la espalda financiera de la clase media alta.
Es, justamente, la vieja base electoral del líder del Frente Renovador, que allá a lo lejos se vio atraída por los dos grandes hits massistas: la suba del mínimo no imponible y la promesa de mano dura contra el delito. No son los únicos que esperan soluciones.
“La situación se calmó temporalmente, al menos hacia Cristina, los gobernadores y los actores económicos, ahora toca mandar señales hacia abajo”, dicen desde un espacio peronista que mantiene la lealtad a Alberto Fernández aún en los peores momentos.
Fuera de Juan Grabois -que amaga con armar rancho aparte en los ámbitos legislativos y ponerle más pimienta a la acción callejera- en el mundo peronista no ven a ningún jugador de peso con ganas de sacar los pies del plato antes de tiempo. Eso no significa que el cuadro deje de ser extremadamente delicado.
Un ejemplo: en julio a una familia de cuatro integrantes en la que los adultos cobraban el salario mínimo -45.540 pesos- todavía le faltaban 20 mil pesos para llegar a la canasta básica familiar, que el Indec calcula en 111.298 pesos.
La salida a la calle de la CGT, las CTA y el amplio arco de movimientos sociales significó una válvula de escape ante el malestar que provoca una inflación de 71% interanual que carcome los ingresos y se encamina hacia los tres dígitos. Fue, además, un mensaje hacia los hoy opositores y que se relamen con el regreso al poder.
Aves de todas las especies coinciden en que la única alternativa es desplegar lo más rápido posible un plan de shock que tiene como dos de sus principales pilares el hachazo del gasto social y una reforma laboral.
Lo cierto es que mientras el ministro busca la salida del laberinto ambos Fernández dejan hacer. Al menos por ahora. Reducido a un rol casi protocolar, el presidente espera su eventual revancha con el rayo neutralizador que ya descargó sobre Juan Manzur y Daniel Scioli.
Por su lado, la vice avala con su silencio un ajuste todavía más profundo que el que osaron aplicar Guzmán y Silvina Batakis y se enfoca en el primer juicio oral en su contra. El espectáculo consumido con fruición por el público antikirchnerista muestra un nuevo caso de ascenso empresarial meteórico al amparo del Estado, un recorrido típico en la Argentina.
Pero también las relaciones promiscuas entre fiscales, jueces y sectores del poder político que desatarían un escándalo mayúsculo si el signo político de quien se sienta en el banquillo de los acusados fuera distinto.
Después de la bomba de fragmentación que arrojó Elisa Carrió sobre Juntos por el Cambio el conflicto en la alianza entre el PRO, la UCR y la Coalición Cívica entró en un impasse pero a la disputa por los liderazgos se sumó un nuevo problema: cómo pararse -y para qué mantenerse unidos- frente a un peronismo que parece cambiar de piel, se muestra amigable con el mercado y mira más a Washington que a Caracas.
En este delicado contexto económico y social se inserta el pedido, casi un ruego, del embajador estadounidense Marc Stanley a oficialistas y opositores a que lleguen un acuerdo para evitar la implosión económica y política -el gran fantasma que sobrevuela en el Círculo Rojo- y, de paso, abrir oportunidades de negocios para empresas norteamericanas en una región rica en recursos valiosos como el litio y donde, según dijo la jefa del Comando Sur del Pentágono, la generala Laura Richardson, “China juega al ajedrez”.
Sin embargo, parece que el acuerdo se hará esperar. Conspiran contra un entendimiento la debilidad relativa de los liderazgos que ven con buenos ojos un pacto, el poder de veto de Macri y Cristina, la fragmentación de la representación corporativa y el cálculo electoral.
El Frente de Todos reza para que la movida de Massa tenga éxito y Juntos por el Cambio quiere que el gobierno haga el trabajo sucio solo antes de diciembre de 2023. La pregunta de siempre es si la malla de contención social aguantará y si el malestar se canalizará a través de sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos.
Son justamente los sindicatos estatales y docentes los que coprotagonizan con Omar Perotti una dura pulseada por las paritarias. Lejos de descomprimir, la convocatoria para los primeros días de septiembre caldeó los ánimos entre la dirigencia gremial.
“El gobierno combina el fetiche de que va a poder dominar los gremios con el hecho de que dan por perdidas las elecciones y derivan plata a municipios y comunas amigas porque creen que los empleados públicos no los van a votar. Hacen política como hace treinta años, creen pueden desgastar el paro pero estas no son las maestras del 2004. Ahora nos van a querer pagar con lo que se ahorraron en estos dos meses de no negociar; esa es la idea de Agosto, pero con estos tipos nunca se sabe ”, desliza un sindicalista docente.
De todos modos, el principal frente de batalla sigue siendo la violencia urbana, que sigue cobrándose víctimas en Rosario. Con un agravante: cada vez mueren más personas ajenas a las disputas por el territorio.
La ola de homicidios en la ciudad contrasta con la de Córdoba, que tiene una tasa de homicidios seis veces menor. Eso no significa que la capital mediterránea sea un cantón suizo. Allí el delito existe, pero está regulado.
“Acá está todo balcanizado, las bandas son muy rústicas y los pibes son unos parias que buscan respeto y están dispuestos a morir por eso. Allá tenés mafias muy pesadas, cada vez que se rompió algún código pasaron hechos muy bravos pero después todo vuelve a su cauce; el que ordena es el jefe de policía”, dice una persona que conoce desde adentro el ministerio de Seguridad y se muestra pesimista con la llegada del ex comisario Rubén Rimoldi, que no informó aún ni siquiera los trazos gruesos de su plan para bajar la violencia. “Esto va a ser cada vez peor”, sentencia la fuente.
Quienes conocen el paño observan en la incipiente gestión Rimoldi no sólo el regreso una concepción anacrónica de la organización de la fuerza. Su poder, señalan, es limitado. “No conduce el ministerio, le dio el poder de sanción a la policía y las palancas clave, como la administración, las siguen manejando Perotti y Agosto”, indican.
Lo cierto es que el recambio en Seguridad generó nuevos chispazos en el peronismo santafesino, que se ordenará, con suerte, después de las elecciones. “Lo que vendrá después dependerá del resultado de cada uno, pero lo que se expresó en la gestión está agotado”, dicen desde la mesa chica de una orga que también se mueve en el tablero nacional.
En la oposición están cada vez más convencidos de que Perotti -que esta semana firmó en Buenos Aires el acuerdo por el acueducto con Córdoba y respaldó al secretario de Agricultura en el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario- seguirá el camino de Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz y buscará la presidencia de Diputados. “Va a tratar de ordenar el camino hacia las Paso y el armado con látigo y zanahoria, con fondos para los distritos y lugares en la lista”, dice una persona que trabaja en el detrás de escena de la política.
Las negociaciones por estos días incluyen, además de la fórmula de gobernador y vice -donde parecen imponerse las candidaturas cruzadas entre dirigentes de la UCR y el PRO- la cabeza de la lista de diputados, que debe ser una figura fuerte. “No podemos quedar flacos de legisladores”, advierten desde el radicalismo.
Hiperactivo, Maximiliano Pullaro se reunió en las últimas semanas con Rogelio Frigerio y Mauricio Macri, quien, según cuentan, está más en modo mediador que candidato y no está en contra del frente de frentes en Santa Fe. El próximo martes el ex ministro de Seguridad cerrará en Rosario junto a José Corral y referentes del PRO el ciclo Agenda abierta, con el buscó cohesionar a la tropa propia y delinear un programa de gobierno.
En tanto, Clara García continúa recorriendo la provincia, aceita contactos con el mundo agropecuario y aparece como la principal carta del socialismo para el año que viene, mientras Pablo Javkin explora un armado con los intendentes Emilio Jatón y Alberto Ricci y los espacios de Antonio Bonfatti -que dio una nueva señal a favor de la unidad participando de una actividad con Pullaro y dirigentes del PRO y el PDP- y Mario Barletta.
El alcalde rosarino y el gobernador insistieron esta semana por las quemas en el delta del Paraná, un tema que los rosarinos sufren hace años pero que sólo activó al gobierno nacional cuando el humo llegó a Buenos Aires.
Los incendios muestran la peor cara de la política argentina: ministerios que se reparten por criterios partidarios y no por competencia, la baja prioridad que tiene la cuestión ambiental en la agenda pública, el poder de intereses corporativos para frenar iniciativas como la ley de humedales, la descoordinación entre autoridades, una Justicia que persigue a perejiles y capacidades estatales raquíticas. Una combinación que abre un gran signo de interrogación sobre la posibilidad de resolver los problemas mucho más complejos que la Argentina viene apilando hace décadas.
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