El gobierno nacional resolvió postergar la decisión de implementar en la Justicia Federal de Rosario la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de la Nación, que determina audiencias orales y públicas para todos los trámites de enjuiciamiento de delitos, que había sido dispuesto para el primer minuto del lunes próximo. La nueva disposición fija que el comienzo del nuevo modelo dentro en algo menos de dos meses, para el 6 de mayo próximo.
La decisión fue adoptada por el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, quien un día antes había suscripto la resolución 63 de esa cartera, con la que ordenó que en el ámbito de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario se iniciara de manera plena la aplicación del sistema acusatorio, que solamente rige en la Justicia Federal en las provincias de Jujuy y Salta. Con la resolución 64, este viernes el ministro resolvió el aplazamiento de su medida. Lo hizo, según explica en el texto, luego de haber advertido por conversaciones con funcionarios judiciales de Rosario "la necesidad de reforzar el apoyo institucional de los órganos que conforman el sistema de justicia federal, y de elaborar un plan de contingencia que posibilite la implementación inmediata" del nuevo sistema.
La decisión de Cúneo Libarona de apurar la implementación en Rosario del nuevo modelo acusatorio se produce en la coyuntura en que la ciudad fue sacudida por actos de criminalidad extrema que la pusieron en el centro de la atención pública. En el nuevo sistema se termina el trámite inquisitivo de expediente escrito y sin publicidad hasta la etapa del juicio. Ahora los fiscales federales toman de forma exclusiva el control de las investigaciones desde el inicio y ante detenciones deben llevar a los imputados a una audiencia oral y pública a muy breve lapso. Los jueces solamente se dedican a valorar las pruebas para imputar o condenar y no tienen facultades investigativas. Y la organización de las audiencias queda a cargo de una oficina de gestión y no de los juzgados que como unidades funcionales desaparecen.
La decisión de la cartera de Justicia del gobierno nacional provocó ayer enorme conmoción en la Justicia Federal local y también en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que motivó que su ministro Horacio Rosatti llegara a Rosario para mantener reuniones en la Cámara Federal de Apelaciones. En ese contexto se decía que sin cargos, recursos técnicos y oficina de gestión en marcha era imposible poner en marcha un cambio total de sistema de enjuiciamiento en el plazo de dos días hábiles.
Según consignaron a este diario fuentes judiciales de distintos niveles y jurisdicciones, la posibilidad de diferir el comienzo del modelo acusatorio hasta dentro de 50 días fue posible porque se armonizaron las diversas posiciones a partir del diálogo entre la Corte Suprema de la Nación, el Ministerio de Justicia, de la Procuración General de la Nación y de la Justicia Federal local. Uno de los puntos que tornaba por completo inviable fue la inexistencia de una oficina de gestión judicial que en los modelos con audiencias públicas tienen una función elemental: son las que se encargan de fijar horario de las audiencias que se realizan diariamente, lo que implica toda una coordinación múltiple. Esto es verificar la disponibilidad de las salas, notificar a fiscales, defensores y jueces, y comunicar a las fuerzas de seguridad encargada de trasladar a los detenidos.
Justamente este viernes se impulsó en la Corte Suprema de la Nación una resolución para crear en Rosario una oficina de gestión judicial con 14 cargos asignados que está a la firma de los cuatro ministros, se verá si con métodos democráticos de ingreso. También se prevé la creación de seis cargos en los tribunales federales orales de Oroño al 900.
En el febril debate de ayer se pusieron de manifiesto los riesgos de una implementación precipitada. "Sin coordinación con seguridad se iban a dar problemas que un abogado de un micronarco podría explotar para generar nulidades o llevar al juez a la comisión de disciplina". Hubo conversaciones entre reparticiones y se acercaron criterios. Que el Ministerio de Justicia admitió a condición de que en 50 días se arranque con el nuevo modelo de manera inexorable.
Están pendientes asuntos como la creación de cargos aunque la gobierno nacional y Corte tienen informes exhaustivos sobre la jurisdicción federal en Rosario y estarán atentos a los puestos. Habrá transferencias a distintas labores nuevas del personal ligado al sistema escrito en los juzgados de instrucción que desaparecen cuando acaben de liquidarse las causas del modelo que termina. Está previsto que haya dos salas de audiencias. El martes próximo llegarán equipos técnicos de las áreas de infraestructura, sistemas informáticos y administración que evaluará las disponibilidades y exigencias.
En escalones del gobierno nacional y Corte Suprema dicen tener de la Justicia Federal de Rosario un diagnóstico ajustado. El interés en la jurisdicción es alto por varios motivos: violencia ligada al comercio de droga, vacante significativas durante mucho tiempo en cargos de jueces y además una jurisdicción que pisa la zona norte de la provincia de Buenos Aires, lo que en un país con una cultura política arraigada en esa región tiene una preocupación institucional que se acentúa. Pero también hay una valoración sobre cultura laboral y rendimiento con números y conceptos críticos. Altas fuentes oficiales manejan que el Tribunal Federal Oral (TOF) de Santa Fe tiene un cifra que supera significativamente en sentencias a cada uno de los TOF de Rosario. Hay un conocimiento del tipo de gestión en el tipo de gestión en la instrucción penal federal. Y ya se están manejando estratégicamente las asignaciones de jueces y funcionarios en el venidero sistema acusatorio. En Buenos Aires resumen la expectativa del cambio de este modo: "Es necesario para Rosario otra forma de trabajar. Y sobre todo, otro compromiso".