La violencia despiadada en Rosario interpela a todo el arco institucional

Los últimos días marcados a sangre, fuego y miedo por el narcoterrorismo interpelan al arco institucional en todos sus niveles y fijan el desafío de articular acciones urgentes y duraderas para frenar una saga de muertes violentas e intimidaciones que, por momentos, sumió a Rosario en una parálisis similar a la registrada en la primera fase de la pandemia de Covid.

En ese sentido, el politólogo y profesor de la UNR Hugo Quiroga consideró que lo que hoy está en juego en territorio santafesino es “un proyecto de convivencia democrática en paz”, en especial para Rosario.

“No se trata solo de una promesa de campaña sino de impedir en los hechos el desmantelamiento de una forma política que, en la organización de la Nación, se llaman provincias. Las acciones que encarna el crimen organizado condicionan nuestras vidas cotidianas, las envenenan, violan los derechos humanos y comprometen a la democracia”, afirmó a La Capital.

Al respecto, sostuvo que la responsabilidad política del gobernador Maximiliano Pullaro es “combatir un sistema de protección que se organiza a favor de la mafia, en su propio ambiente, en este caso la provincia”, y consideró que su gestión va en esa dirección.

El combate al narco no se agota en absoluto con el aumento de las fuerzas policiales. Hay que poner el foco en la sociedad” El combate al narco no se agota en absoluto con el aumento de las fuerzas policiales. Hay que poner el foco en la sociedad”

“Existe un profundo entramado entre el poder criminal mafioso, sectores de la política, la Justicia y las fuerzas de seguridad. Erradicarlo es una tarea laboriosa, ardua, que no es de corto plazo y que implica no solo el refuerzo de la acción policial represiva, incluida la de prevención, sino poner fin a una cultura de la ilegalidad, la impunidad, la corrupción y la intimidación sobre la sociedad”, aseveró Quiroga.

Si bien el politólogo consideró que el gobernador “está tratando de terminar con la hipocresía del poder, en todos los niveles y zonas grises", dejó un interrogante a modo de advertencia: “¿Cómo acabar con los pactos de los facinerosos?”.

Pero violencia extrema en Rosario también golpea las puertas de la Casa Rosada. “El presidente Javier Milei tiene mucho para perder frente al avance del crimen organizado si la intervención del Estado nacional es insuficiente para frenar la estrategia de las mafias”, alertó el especialista.

¿Por qué? Según la Constitución, Miel es el jefe supremo de la Nación y responsable político de la administración general del país. También por la palabra empeñada en su calidad de presidente.

“Milei dijo: «son ellos o somos nosotros». Con anterioridad había cometido un profundo error cuando sostuvo en una entrevista que los problemas de seguridad corresponden a los gobiernos provinciales, olvidando que el narcotráfico es un delito federal”, rememoró Quiroga.

Los otros frentes

No obstante, subrayó que “el combate al narcotráfico no se agota en absoluto con el aumento de las fuerzas policiales sino que hay que poner el foco en la sociedad, principalmente en la situación de la pobreza extrema, de los grupos más vulnerables, entre tantos otros, los conjuntos de jóvenes de los barrios más carenciados, frente a la ausencia de horizontes y de un presente razonable”.

“Los recortes realizados al Fisu (Fondo para la Integración Socio Urbana) para los barrios populares no se encarrilan en la dirección del combate más adecuado al crimen organizado, que penetra en todas las capas sociales”, puntualizó.

Pero Quiroga tampoco soslayó que el narcotráfico se convirtió en “una mafia financiera, una organización sofisticada y comprometida con el lavado de dinero en el orden nacional e internacional”, razón por la cual “ese es el gran desafío” que tiene el Ejecutivo nacional para “impedir que toda la Argentina quede bajo su control”.

Respecto del rol del intendente Pablo Javkin, el politólogo enfatizó que “el punto de partida de cualquier opinión es comprender que el narcotráfico configura un delito federal”.

“Javkin no cuenta con las herramientas institucionales para luchar contra un fenómeno delictivo tan complejo y sofisticado. Sin embargo, realizó denuncias sobre acciones ilegales organizadas desde las cárceles y reclamó un mayor apoyo de los entonces gobernador Omar Perotti y presidente Alberto Fernández, con escasa escucha. Lo mismo ocurrió cuando solicitó potestades para designar a los jefes policiales de Rosario”, repasó.

De todos modos, Quiroga marcó un cambio de situación “con los apoyos de Pullaro y de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, con el Plan Bandera, cuando el terror se instaló en Rosario, constituyendo un punto de inflexión”.

“La crueldad y el placer de matar al azar caracteriza al narcoterrorismo. Es la violencia despiadada que atemoriza a la sociedad, de ese modo la muerte adquiere una dimensión pública. La política de dar muerte no es una figura retórica”, concluyó el experto.