Por Javier Felcaro
Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.
El futuro institucional de Marcelo Sain vuelve a estar en manos de los legisladores.
El oficialismo calificó de “ilegal” la resolución del fiscal Regional de Reconquista, Rubén Martínez, quien abrió un proceso disciplinario contra Marcelo Sain por “faltas graves” y sugirió la suspensión provisoria del ex titular de Seguridad provincial como director del Organismo de Investigaciones (OI), que depende del Ministerio Público de la Acusación (MPA), como un potencial avance en el mismo sentido de la comisión bicameral de Acuerdos de la Legislatura santafesina.
“Es una ilegalidad más dentro de una embestida persecutoria contra Sain, que incluye un fallido pedido de juicio político, porque le endilgan hechos que corresponden a su paso por el Ministerio de Seguridad”, afirmó a La Capital la diputada provincial del PJ Matilde Bruera.
Martínez, auditor ad hoc, emitió el martes pasado una resolución en la que admitió las presentaciones contra Sain por “faltas graves”, como también la decisión de abrir una investigación disciplinaria, junto a un planteo de suspensión preventiva del ex funcionario como titular del OI.
Además, Martínez remitió el expediente a Acuerdos, que se encarga de acusar y sancionar a fiscales y defensores bajo sospecha de faltas graves. El cuerpo especial, que integran senadores y diputados provinciales, le dio ingreso al expediente y el miércoles próximo definirá si le otorga tratamiento.
El fiscal solicitó a los legisladores que integran la comisión bicameral la suspensión provisoria de Sain mientras dure la investigación con el objetivo de evitar el entorpecimiento del trámite previsto por la normativa vigente.
El planteo contra Sain dentro del MPA había corrido por cuenta del fiscal Regional de Santa Fe, Carlos Arietti, y de 27 diputados provinciales de la oposición, quienes consideran al ex ministro como el responsable —entre otras acusaciones— del hacinamiento de presos en comisarías, de escuchas a integrantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de presuntas irregularidades en una licitación para la compra de armas de fuego y hasta de manifestaciones discriminatorias en varios pronunciamientos (denunciadas ante el Inadi).
Bruera advirtió que, “como a Sain no pudieron juzgarlo porque renunció al ministerio, ahora apuntan al MPA”. Y añadió: “Preocupa mucho la violación de las instituciones”.
La diputada también recordó que Sain había objetado en su momento a Arietti por el modo en que se realizaron las investigaciones del crimen del comerciante Hugo Oldani, ocurrido en febrero de 2020 en una galería del centro de la capital provincial.
Acerca de los próximos pasos a dar por la bicameral de Acuerdos —con predominio opositor—, fuentes legislativas del oficialismo deslizaron: “La sensación es que algunos de sus integrantes no serán cautos, que la estrategia pasa por avanzar sobre Sain”.
Días atrás, la comisión de Juicio Político de la Cámara baja había cerrado el proceso contra Sain por presunto mal desempeño de sus funciones.
Lo hizo luego de escuchar a la denunciante, la diputada nacional de la Coalición Cívica (CC) Lucila Lehmann, quien sostuvo que la renuncia de Sain a la cartera de Seguridad (ocurrida el 18 de marzo) había cumplido el objetivo de su presentación.
En su reciente resolución, Martínez consideró, pese a que las denuncias aluden a casos ocurridos durante su gestión en Seguridad, que Sain seguía perteneciendo al MPA porque había solicitado licencia en la OI —cargo al que accedió por concurso en 2018 y retomó en abril— para sumarse al gabinete de Omar Perotti.
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