En el oficialismo procuran avanzar con el tratamiento en comisión de la iniciativa la semana próxima.
Foto: Archivo / La Capital.
El Congreso de la Nación será nuevamente escenario de una áspera disputa política por el proyecto oficial que elimina las Paso.
El gobierno tiene previsto enviar este miércoles el borrador de la nueva ley ómnibus (más acotada que la anterior) a los diputados nacionales de los bloques dialoguistas y mandatarios provinciales con el fin de pulir el texto final, que podría ingresar el viernes al Congreso para comenzar con el tratamiento en comisión la semana próxima.
Entre las novedades sumadas a la iniciativa oficial, como parte de la reforma fiscal, se incluirá el piso de Ganancias. También todo lo vinculado a la reforma laboral, salvo aquellos artículos que afectan los derechos de los sindicatos y sus obras sociales. Sí mantendrán los vinculados al monto indemnizatorio, a las multas y al período de prueba. De todos modos, esas propuestas se incorporarán en el tratamiento en comisión.
El proyecto del Ejecutivo llegará acompañado por un capítulo fiscal, a tratar de modo conjunto, e incluye la modificación del impuesto a las ganancias retrotrayendo la eliminación de la cuarta categoría y llevando el piso a 1.800.000 pesos para trabajadores solteros y $2,2 millones para casados.
Los números fueron definidos tras las recientes reuniones que el ministro de Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, mantuvieron con los gobernadores más cercanos a la Casa Rosada, entre ellos el santafesino Maximiliano Pullaro, y los diputados dialoguistas.
Tanto en el bloque de La Libertad Avanza (LLA) como entre sus aliados del PRO hay optimismo respecto de que la nueva versión de la ley Bases avanzará en Diputados.
Consideran que es un proyecto mejorado con las modificaciones acordadas en el primer intento que fracasó en febrero pasado por la falta de acuerdo en el articulado relacionado a la reforma del Estado y, principalmente, con las privatizaciones.
Respecto del texto definitivo, trascendió que en el primer artículo (más de 260 en total) se declara “la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año”.
El texto de ese artículo va en sintonía con las condiciones acordadas en Diputados antes de que cayera el proyecto original del Ejecutivo.
La nueva ley ómnibus establece también que el gobierno “informará mensualmente y en forma detallada al Congreso de la Nación acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos”.
El segundo capítulo está ligado a la reforma del Estado y alude la reconfiguración de la administración central. Al respecto, la Rosada fija la posibilidad de su “reorganización, centralización, transformación, fusión, escisión, disolución total o parcial y transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos”.
Por lo pronto, la prueba de fuego es la evaluación de los mandatarios de la Patagonia, los más duros acerca de Ganancias, que pasará a llamarse Ingresos Personales.
En Balcarce 50 creen que la mejora en la oferta del piso que habían propuesto inicialmente y la introducción de nuevas escalas serán medidas suficientes para convencer a Alberto Weretilneck (Río Negro), Rodolfo Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Claudio Vidal (Santa Cruz).
Paralelamente, el Gobierno de Córdoba adelantó su decisión de acompañar en el Congreso el nuevo proyecto de ley Bases impulsado por el oficialismo como primer paso rumbo al Pacto de Mayo, convocado por el presidente Javier Milei.
En ese sentido, la vicegobernadora cordobesa, Myrian Prunotto, destacó que desde el primer momento el mandatario de esa provincia, Martín Llaryora, “estuvo abierto al diálogo” y destacó el vínculo que mantiene con el ministro de Interior en las negociaciones por el texto de la flamante ley.
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