El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky decidirá en los próximos días si acepta a la
Dirección General de Aduanas como parte querellante en la causa sobre presunto contrabando de un
centenar de autos de lujo con franquicias diplomáticas. Mientras tanto, la
fiscal María Luz Rivas Diez podría pedir en las próximas horas una serie de diligencias y medidas
de prueba para avanzar con la pesquisa del caso, que estalló hace dos semanas y que salpica a ricos
y famosos por ser dueños de autos lujosos que fueron ingresados al país a través de los beneficios
que gozan los diplomáticos.
Sin embargo, fuentes judiciales indicaron que “la causa es muy
compleja por lo engorroso del análisis y el cruce de información”, porque llega de tres
organismos distintos: Cancillería, Aduana y Registro del Automotor. “Hay que trabajar con un
lápiz fino para detectar y controlar todos los casos”, precisaron. La maniobra consistió en
importar autos con una franquicia diplomática libre de impuestos (casi el 50 por ciento menos del
precio) y, en vez de usarlos, eran nacionalizados rápidamente y vendidos en el mercado local. Por
lo pronto, la nómina incluye a 98 vehículos.
La investigación surgió a partir de una auditoría de la Cancillería, que
advirtió que varios de los casos analizados ni siquiera habían solicitado el uso de chapa
diplomática. Fue así que el caso fue llevado a la Justicia en dos fueros: el criminal federal, por
presunta corrupción, y el penal económico, por contrabando agravado. Mientras el juez federal
Norberto Oyarbide se declaró incompetente y envió la causa a la Corte Suprema, el juez Aguinsky
recibió un pedido de la Aduana para convertirse en querellante.
Tras la auditoría de Cancillería, la Aduana impulsó la denuncia por
entender que los automóviles entraron de manera irregular al país y ahora quiere ser parte de la
causa para solicitar que la investigación no sólo abarque el período 2004-2007, que está siendo
analizado, sino también los años anteriores.
Mientras tanto, Aguinsky aguarda informes adicionales del Registro
Nacional de la Propiedad Automotor y de la Inspección General de Justicia sobre los titulares de
costosos automóviles sospechados de irregularidades y con nombres de personas que integran
sociedades poseedoras de algunos de esos vehículos.
Pesar. La embajada de España aseguró ayer que “altos cargos de la
Cancillería argentina” calificaron de “irreprochable” a la actuación de los
diplomáticos ibéricos en los trámites de importación de autos.
El viernes había trascendido que eran requeridos por la Fiscalía Federal
Rodrigo Aguirre de Carcer, consejero de la embajada, y el ex agregado militar, Javier Castro
Rodrigo. Ayer, el vicecanciller argentino, Roberto García Moritán, expresó a Aguirre de Carcer su
pesar porque las informaciones periodísticas lo relacionaran con el escándalo.
En tanto, el gobierno de Bolivia anunció que investigará y destituirá a
los funcionarios de su embajada que estén involucrados en el caso.
“La persona que cometió el error o violó la ley estará fuera del
trabajo e irá a la cárcel”, aseguró el vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera.
Actualmente, once ex funcionarios y actuales diplomáticos bolivianos son investigados por la
Justicia argentina.
Por su parte, el canciller boliviano, David Choquehuanca, señaló que los
diplomáticos de su país en Argentina estaban autorizados a comprar vehículos cuyos precios no
superen los 20 mil dólares, en el caso de funcionarios de menor rango, y de no más de 40 mil
dólares en el caso del embajador.
