Una filmación fue el elemento clave para revocar y absolver a un policía que en 2015 era jefe del Comando Radioeléctrico de Villa Constitución y en junio pasado fue condenado a dos años de prisión condicional y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos acusado de detener ilegalmente y golpear a un joven. "La detención por alteraciones del orden es resorte policial, son quienes deben velar por el resguardo de la población. No es posible sostener que la conducta de un policía que procedió a detener a una persona encuadre en el delito de privación ilegítima de la libertad", coincidieron los tres jueces de la Cámara Penal de Rosario al fundamentar el veredicto.
Un hecho confuso y la posterior denuncia de un joven que dijo haber sido víctima de una detención ilegal, abuso de autoridad y vejaciones llevó a juicio en junio pasado a siete policías del Comando Radioeléctrico (CRE) de la Unidad Regional VI del departamento Constitución; entre ellos su jefe, Hugo Daniel Aquino.
El hecho ocurrió el 21 de marzo de 2015 a las 6.15, cuando el denunciante fue detenido en una esquina donde comía un pancho con un amigo, cerca de donde se había incendiado un auto. Los policías llegaron al lugar por el siniestro, le indicaron al joven que se alejara por el inminente peligro, pero se negó. Entonces, según la presentación, lo detuvieron en forma violenta, lo subieron esposado a un patrullero donde lo golpearon en la cara.
A metros de ese lugar se dio otra situación violenta que requirió la intervención policial: una gresca en inmediaciones del boliche "La Mega". Al advertir los patrulleros, algunas personas arrojaron piedras y botellazos, lo que terminó con la detención de otros tres jóvenes.
La denuncia de M. contra los policías fue investigada por la fiscal Valeria Pedrana, que llevó a juicio a Aquino y a sus subalternos. Le imputó privación abusiva de la libertad en concurso real con falsificación ideológica de instrumento público y vejaciones en concurso ideal con lesiones leves y graves, en concurso ideal con abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Para Aquino pidió cinco años de prisión e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, y para el resto de los imputados, como coautores del mismo delito, solicitó 4 años y 8 meses.
Tras el juicio oral los jueces Eduardo Filocco, Mariel Minetti y Griselda Strólogo condenaron a Aquino a dos años de prisión condicional y cuatro de inhabilitación para cargos públicos por apresar ilegalmente y golpear a cuatro personas. En tanto, absolvieron por el beneficio de la duda a seis efectivos.
Apelación
El defensor de Aquino, Rodrigo Mazzuchini, apeló la sentencia. Adujo que el policía le pidió varias veces a M. que se retirara del lugar por una cuestión de seguridad a raíz del incendio y el joven se negó. Remarcó además que si bien Aquino reconoció y aclaró ante el Tribunal que hubo dos errores en el acta sobre el lugar y la calificación legal —fue desobediencia y no resistencia— no intentó formar arbitrariamente una causa.
Para el letrado los jueces ignoraron que hubo prejuzgamiento desde la Fiscalía que en vez de llamar al policía a ratificar o rectificar el acta, fue citado directamente a la audiencia imputativa. Además remarcó que las lesiones a M. dan cuenta de que son falsos los dichos de que lo golpearon en la espalda y que pudo reconocer a Aquino por la voz. La Fiscalía, en tanto, pidió la confirmación de la condena.
Revisión
El caso quedó bajo análisis de los camaristas Bibiana Alonso, Carlos Carbone y Georgina Depetris. Tras evaluar pruebas y evidencias, sostuvieron que una filmación resultó "fundamental". Al repasar el registro, concluyeron que "no surge ningún exceso de las fuerzas policiales durante el suceso captado. Por el contrario, se denota que el proceder de Aquino estuvo destinado a asegurar el bienestar de las personas que salían del boliche y circulaban alrededor de un auto que se estaba incendiando".
Los jueces señalaron que no se acreditó un proceder ilegal del policía ni los actos vejatorios que le atribuyeron, mientras se comprobó la resistencia del denunciante, quien reconoció junto con su amigo que se resistieron porque "no estaban haciendo nada malo". El fallo señala "que la detención por alteraciones del orden es resorte policial, ya que son quienes deben velar por el resguardo de la población y no es posible sostener que la conducta de un policía que procedió a detener a una persona encuentre en ello adecuación en la privación ilegítima de la libertad".
"En las filmaciones se puede ver cómo, tras la colocación de esposas, M. queda tendido en la acera a la espera de la llegada del móvil policial mientras el personal aguarda a su lado. No se observa ninguna actitud violenta, agresiva ni hostil hacia el detenido, lo mantuvieron en custodia sobre la vereda y sin tocarlo hasta que fue trasladado, hecho que arroja duda sobre la existencia de la brutal golpiza", sostuvieron los camaristas que absolvieron al oficial.
