Una millonaria estafa concretada en el Registro de la Propiedad con la venta de un terreno que no estaba apto para ser comercializado será finalmente sometida a juicio: la Cámara Penal confirmó los procesamientos de siete personas acusadas de participar del ardid. Entre ellas se encuentran dos escribanos y dos funcionarios jerárquicos de esa dependencia pública.
Para los jueces de la Sala II de la Cámara Penal, que revisaron el caso, se advirtió la existencia de un plan común para concretar la venta del terreno, valuado en más de 4 millones de dólares, pese a que estaba inscripto como un bien litigioso. Valoraron que existió una "división del trabajo" entre los implicados para ejecutar la estafa.
El grupo. Entre los acusados que serán sometidos a juicio se encuentran los empleados del Registro Tomás Campbell, jefe de Certificaciones de Gravámenes, y el abogado Gustavo Stoisa, tercero en la jerarquía de la dependencia. Junto a ellos serán juzgados el escribano jubilado Eduardo Yanno, el escribano Gerardo Antonio Rubio, el empresario Armando Santillán, la mujer que aparecía como titular registral del inmueble, Sabina González, y su hijo Luis Alberto Gómez, quien actuó con un poder emitido por su madre.
Todos habían sido procesados en agosto pasado por el juez de Instrucción Juan José Pazos acusados de tentativa de estafa. El empleado Campbell y el escribano Yanno, además, por falsificación de instrumento público. Todos están en libertad. Sólo Yanno, quien afronta acusaciones previas, estuvo en prisión domiciliaria por tener más de 70 años pero fue excarcelado tras el pago de 100 mil pesos de fianza.
En la superficie. El caso salió a luz en febrero de 2008 con la denuncia de un hombre de 84 años dueño de un predio de 10 hectáreas que está ubicado en inmediaciones de bulevar Avellaneda y avenida Uriburu, valuado en algo más de 4 millones de dólares. El denunciante había comprado el terreno en 1999, pero ante la negativa de la vendedora a escriturar inició un juicio de cumplimiento contractual y por daños y perjuicios.
Para evitar que el terreno fuera vendido, en 2004 lo inscribió como bien litigioso, es decir que no se podía disponer de él para realizar operaciones comerciales. En el Registro de la Propiedad el inmueble aparecía a nombre de la mujer, pero ella no podía disponer del mismo.
Sin embargo, a partir del llamado de una abogada solicitando que firmara una transferencia, el denunciante detectó que el terreno había sido vendido a una empresa de Rosario a fines de 2007.
Descubrió allí que el terreno estaba libre de embargos, que se había efectuado una escritura falsa y que la operación se anotó con complicidad de empleados del Registro de la Propiedad. En la escritura, Santillán aparecía como comprador a nombre de la empresa Magra S.A.
Durante la investigación del caso se advirtió que los cinco folios del tomo donde el predio estaba anotado como bien litigioso habían desaparecido. La nueva escritura de venta del inmueble se inscribió con una fecha anterior y se consignó que el terreno correspondía al departamento Constitución, cuando está ubicado en Rosario.
"Compleja maniobra". También se probó que desde el Registro se emitieron certificados sobre el estado de la propiedad como bien litigioso pero no quedaron asentados, lo que permitió que se registrara la nueva escritura.
Los camaristas Adolfo Prunotto Laborde, Ramón Ríos y Ernesto Pangia confirmaron los procesamientos tras advertir "una compleja maniobra pergeñada para tornar de imposible cumplimiento" los derechos del denunciante sobre el inmueble. Es que al ser vendido el terreno a un tercero que actuó de buena fe, no puede ser desapoderado del mismo.
Al parecer, el terreno fue vendido a Santillán a nombre de Magra S.A. y luego este hombre, acusado de participar de la maniobra, intentó vendérselo a una empresa constructora, ajena al ardid, que ofreció 600 mil dólares por el predio. Ese es el importe que, se presume, iba a repartirse entre los partícipes de la estafa si resultaba exitosa. Todo se frustró cuando desde esa empresa llamaron al denunciante por teléfono.
Para los camaristas, "es poco creíble que una empresa en cuyo objeto social no figura como actividad la compra-venta de inmuebles estuviera en tratativas para venderlo antes de que hubiera transcurrido una semana de su adquisición".
Por Nicolás Maggi
Por Carlos Durhand