Un arma plantada, un acta policial que relata un enfrentamiento, testigos que describen una ejecución. Esos tres tópicos de manual en los casos de gatillo fácil encontró el juez Juan Andrés Donnola al investigar el crimen de Sergio Ezequiel Luján, un joven de 19 años baleado por la espalda en diciembre de 2011 en Pueblo Esther. Por ese ataque fue detenido el mes pasado el jefe de Logística de la flamante Policía de Acción Táctica (PAT), quien por entonces cumplía funciones en la subcomisaría 15ª y ahora está procesado como autor de homicidio calificado por su función policial, un delito que prevé prisión perpetua.
La medida fue dictada tras una investigación en la que recién con el paso del tiempo los testigos se atrevieron a declarar. El 30 de abril pasado cuatro personas reconocieron en una rueda judicial al oficial Mario Ariel Urquiza como la persona que tres años atrás le disparó por la espalda a Luján. Según contaron, fue cuando el joven intentó escapar del móvil donde el policía lo había retenido, sin esposarlo, y a la vista de todos le tiró sin darle la voz de alto.
El juez le ordenó además a la Dirección de Asuntos Internos que investigue cómo se confeccionó el acta en la subcomisaría 15ª de Pueblo Esther “ante una eventual falsedad ideológica de instrumento público”. Por último, archivó las actuaciones abiertas a un policía que acompañaba a Urquiza aunque dejó a criterio de la fiscalía evaluar si lo investigan por ocultamiento.
Bajo la lupa. El juez partió de poner en cuestión el acta labrada por el caso en la sub 15ª. Ese documento decía que el oficial Urquiza recibió un llamado de una vecina alertando que dos personas estaban “apretando” a un panadero en Juan Domingo Perón y Venezuela y que, al acercarse, los policías vieron a dos personas caminando que arrojaron un objeto. Los persiguieron por separado hasta que en México entre Brasil y Perón “se escuchó una detonación”, uno de los sujetos giró hacia atrás exhibiendo “algo plateado” y entonces Urquiza “saca su arma reglamentaria y repele la agresión”.
Donnola apuntó que esa versión es la misma que brindó Urquiza, quien dijo que le disparó a Luján en la zona lumbar y luego lo llevó hasta el hospital Gamen, donde no pudieron reanimarlo. La pesquisa de la seccional no encontró manchas de sangre ni testigos en el lugar. Según el acta, se hallaron un revólver Bagual calibre 22 y “un farol marca Acme” arrojado por los sospechosos.
Para el juez, no queda claro en ese “irregular” relato el motivo de la presencia policial en el lugar. Resaltó que el farol no consta como denunciado ni reclamado y citó la declaración del panadero de la cuadra: “Siempre les doy dinero a estos muchachos para que no molesten y no tener problemas”.
La otra campana. Los testigos, quienes declararon cuando la causa pasó a investigarse en la División Judiciales, revelaron otro panorama. Contaron que Urquiza retuvo a Luján, lo subió al patrullero y salió en apoyo de su compañero.
Al quedar solo y sin esposas Luján bajó corriendo del auto y eso fue advertido por Urquiza, quien “sin ningún recaudo ni alerta previa disparó a esta persona, que cayó a metros del patrullero retorciéndose de dolor”. El joven recibió un disparo en la región lumbosacra que le causó lesiones a nivel de la columna, duodeno, páncreas y abdomen.
“Escucho un disparo y veo a un policía que sujetaba con la mano derecha la remera de mi hijo”, contó la madre de Luján, y dijo que ante su reproche el policía la empujó y convocó por radio a su compañero con este mensaje: “Se me complicó todo”. “Sacó el arma y disparó así nomás. No dio ninguna voz de alto”, aportó un primo del joven fallecido.
El juez concluyó que el procedimiento “a todas luces aparece como armado para asemejarlo a un enfrentamiento”. Señaló que nadie imagina a un detenido en un patrullero portando un arma “con la que dispara al personal que se olvidó de desarmarlo”. El arma, por otra parte, no tenía rastros ni huellas. Esto le hizo concluir que fue “plantada”. El dermotest a Luján fue negativo.
En este cuadro, procesó a Urquiza por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y calificado por su función policial, lo que prevé prisión perpetua. Remarcó que ese agravante fue dispuesto por ley ante el número de homicidios cometidos por agentes de fuerzas de seguridad y evitar que provoquen daños más graves que los que deben prevenir.
