Oscar Adrián “Tripa” Celer tiene 43 años y fue oficial de la policía que trabajaba en la ciudad de Santa Fe. Sobre él pesa una condena por una violenta entradera cometida en noviembre de 2017 y está procesado por la Justicia federal de la capital provincial por haber pergeñado durante ese mismo año un plan para traficar marihuana, cocaína y armas de fuego desde Paraguay. Ahora, los fiscales de Delitos Complejos Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez pidieron ante la jueza Susana Luna que se lo condena a 4 años de prisión y el pago de una multa de 3.789.842,12 pesos por el delito de enriquecimiento ilícito.
Celer fue investigado por el incremento de su patrimonio entre 2013 y 2017 inclusive, mientras prestaba servicio en la policía de la provincia de Santa Fe, y hasta caer preso tras una violenta entradera que cometió con otros uniformados en una propiedad del barrio Barranquitas, en la zona oeste de la capital provincial.
“En enero del año pasado, la división de Investigaciones Patrimoniales de Asuntos Internos de la policía le requirió a Celer que justifique el aumento extraordinario de su patrimonio en los cinco años en los que fue investigado”, informaron los fiscales. Pero, “a pesar de su obligación de hacerlo por su condición de funcionario público, no lo hizo”.
Hernández y Jiménez recordaron que “la investigación se inició a raíz de una denuncia anónima de diciembre de 2013. Entonces, la División de Investigaciones Patrimoniales de Asuntos Internos recopiló información de los bienes y deudas del imputado y de allí surgió el pedido de justificación del incremento patrimonial”. También señalaron que “una vez reunido el material probatorio, se le requirió al imputado que justifique la procedencia de los fondos utilizados para la adquisición de esos bienes y si bien realizó un descargo en enero de 2019, no acompañó ningún documento respaldatorio que sustente sus dichos”.╠
En ese orden, “Asuntos Internos entendió que existían inconsistencias entre el nivel de ingresos y los bienes y deudas que integran el patrimonio del suboficial”, y enumeraron que “de la investigación llevada a cabo se desprende que entre 2013 y 2017 el imputado realizó transacciones con tres autos, dos camionetas, un cuatriciclo, una moto, dos embarcaciones y un inmueble de 374 metros cuadrados ubicado en la localidad de Sauce Viejo que luego le vendió a otro hombre que también es investigado por la Justicia Federal por haber organizado actividades ilícitas de comercialización y transporte de estupefacientes”. Y añadieron que “el acusado es propietario de otros bienes, entre ellos, un inmueble en la zona norte de la ciudad de Santa Fe”.
“El monto que no pudo justificar el imputado asciende a 1.660.536,36 pesos, tal como ratificó un perito contable contratado por la Fiscalía General”, subrayaron los fiscales, para quienes se está “ante un incremento patrimonial apreciable y desproporcionado que representa más del doble del total de los ingresos que percibió como funcionario policial durante los cinco años relevados”.
“Aún percibiendo el triple de lo que recibía en carácter de salario, Celer no llega a justificar su incremento patrimonial”, sintetizaron los representantes del Ministerio Público de la Acusación, y concluyeron que “si bien el imputado estaba inscripto como monotributista para la venta de cosas muebles, durante los cinco años analizados no existen registros de facturación ante la AFIP de que hubiera realizado alguna compra o venta”.
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En otra parte de su presentación ante la Justicia, los fiscales dijeron que “para calcular la actualización de la suma que se solicita como multa, se tuvo en cuenta el índice de la Federación Argentina de Colegios de Profesionales de Ciencias Económicas avalado por el Colegio Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Santa Fe”. Y en ese orden agregaron que, “la combinación de distintos índices de actualización llevan el monto no justificado por el imputado a 3.789.842,12 pesos”.
“No puede dejar de mencionarse que resulta altamente probable que la proveniencia de los fondos injustificados sea el desarrollo de actividades ilícitas por parte del imputado”, remarcaron los fiscales. Y para abonar esa teoría recordaron que Celer ya “fue condenado como autor de una tentativa de robo calificado y está procesado por la Justicia Federal por delitos vinculados al narcotráfico”.
Luego de la audiencia preliminar, la jueza Susana Luna deberá resolver algunas cuestiones procesales de cara a la realización del juicio oral y público, para lo cual se deberá sortear el juez para el debate y fijar la fecha para el inicio del debate.
Uno de los antecedentes que pesa sobre Celer ocurrió el 6 de noviembre del 2017, alrededor de las 2.30, cuando junto a otros tres policías ingresaron ilegalmente a una casa de Iturraspe y el terraplén del río Salado, en el barrio Barranquitas. Con golpes y amenazas le exigieron al dueño que entregara dinero, drogas y armas. Sin embargo, el episodio concluyó cuando agentes del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar y encontraron a los cuatro uniformados dentro del domicilio sin orden judicial.
El allanamiento fue desactivado y los agentes policiales fueron detenidos e imputados. El paso del tiempo dejó al desnudo el modus operandi de la banda policial. En el celular de Celer había mensajes que atribuían al acusado ser la pata santafesina de una banda narco de Paraguay y que contaba con un voluminoso patrimonio adquirido en cuatro años.
Por el falso allanamiento, Celer fue condenado el año pasado a 5 años de cárcel como coautor de una tentativa de robo calificado por ser en poblado y en banda, por el uso de arma de fuego y por ser miembros de una fuerza de seguridad. Y además fue procesado por el ex juez federal Francisco Miño sospechado de haber pergeñado en 2017 un plan para traficar a Santa Fe cargamentos de marihuana, cocaína y armas de fuego provenientes de una organización narco con base en Paraguay.
