Juan Cruz Jaimes tiene 19 años y hasta el 18 de diciembre pasado su vida trancurrió normalmente. Pero ese día lo apresaron por primera vez acusado de la portación de un arma de fuego y lo llevaron a la comisaría 11ª. Poco después lo trasladaron a la seccional 5ª y allí quedó en medio del violento motín que se desató el 11 de enero (ver aparte). Entonces quedó con el 40 por ciento de su cuerpo quemado, uno de sus brazos inmovilizados y otras secuelas cuya gravedad aún parece no estar definida. Pasó 15 días en coma, se recuperó a medias y lo llevaron a la prisión de Piñero aún sin estar procesado. Pero desde el jueves está internado nuevamente en el Hospital de Emergencias por el agravamiento de las heridas que sufrió. En ese marco, sus abogados le plantearon a la Justicia que se "aplique el criterio de oportunidad y la pena natural" en virtud de una cuestión humanitaria. "Las heridas sufridas y el daño ocasionado son peores que la pena que le podrían dar por tener un arma", dijeron los profesionales.
Hasta el 18 de diciembre último la vida de Juan Cruz no difería en mucho con la de cualquier pibe humilde y estigmatizado por vivir en un barrio violento como La Tablada. Sin embargo, a sus 19 años, lejos estaba de enrolarse en alguna de las bandas que hacen de las suyas en esa zona y dedicaba parte de sus días a estudiar en la escuela que el Sindicato Obreros Marítimos Unidos (Somu) tiene en inmediaciones de Ovidio Lagos y Santa Fe. "En esos días tenía que rendir matemáticas y natación", dijeron sus familiares. Su aspiración era embarcarse en la marina mercante y poder así esquivarle a la miseria conociendo otros lugares. Pero ese día todo empezó a cambiar para él.
El arma en el piso. "Volvía a su casa después de visitar a una hermana y se encontró con un conocido en la esquina de Estado de Israel y Ayacucho, a metros de donde vive su familia. Entonces apareció un móvil del Comando Radioeléctrico que paró para identificarlos. El conocido escapó a la carrera y a él lo agarraron. Entre los yuyos encontraron una pistola calibre 9 milímetros y se la endilgaron a él", contó el abogado Marcos Cella, quien junto a Germán Mahieu y María Julia Fantin asumieron la defensa de Juan Cruz. Lo cierto es que el muchacho terminó en un calabozo de la seccional 11ª en el inicio de un periplo del cual aún no salió.
A los pocos días de estar preso, antes de que terminara 2012, Juan Cruz fue llevado desde la comisaría 11ª a la 5ª. Allí, en la seccional de Italia al 2100, el 11 de enero se desató un violento motín del cual "él no participó y se terminó llevando la peor parte", aseguró María Emilia Jaimes, una de las tías del muchacho. Ese día el joven terminó internado en estado crítico en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez con el 40 por ciento del cuerpo quemado, sus pulmones dañados por la inhalación de monóxido de carbono, un brazo semiparalizado y otras lesiones.
En ese centro asistencial Juan Cruz estuvo dos meses, de los cuales los primeros 15 días los pasó en estado de coma y luego empezó a ser asistido psiquiátricamente ya que "no podía dormir y sufría ataques de pánico y pesadillas, porque cada vez que cerraba los ojos veía fuego y tenía miedo", contó Andrea, otra de las tías del muchacho.
Cuando los profesionales del Heca creyeron que el joven había superado la peor parte, el 15 de marzo lo trasladaron a la cárcel de Piñero "donde no recibe las atenciones médicas que debe tener por la gravedad de las lesiones sufridas", dijo la tía de Juan Cruz. Y explicó que en la sala sanitaria de la cárcel "no hay gasas, no hay desinfectantes ni nada para curarlo y todo lo tenemos que llevar nosotras".
El jueves último, el joven volvió a ser trasladado al Hospital de Emergencias donde anoche estaba en terapia intensiva. "El jueves la familia lo fue a visitar a la cárcel y allí le informaron que lo habían trasladado al Heca. En el hospital lograron saber que el muchacho había tenido mucha fiebre y convulsiones, quizás por las mismas heridas que sufrió en enero, y que estaría internado en observación algunos días", confió ayer la abogada María Julia Fantin.
Ya basta. Así, mientras Juan Cruz trata de salir adelante y curar las heridas corporales, sus familiares y sus abogados pelean ante la Justicia para curar las otras heridas, las que no se ven en su cuerpo. "Este pibe fue apresado por un delito de peligro, es decir por algo que podría haber hecho pero que no hizo y con un arma de fuego que aún no se comprobó que sea de él ya que el dermotest que le hicieron al detenerlo dio negativo. Y sin embargo tiene la mitad de su cuerpo quemado y está pasando todo este mal momento", dijo Marcos Cella, en nombre de los defensores.
La causa que investiga a Jaimes está en manos de la jueza de Instrucción María Luisa Pérez Vara, quien le imputó al joven portación de arma de fuego y le dictó la prisión preventiva. El expediente no avanzó más allá de eso y ahora sumó 5 fojas más con la presentación hecha por la defensa para que se "aplique el criterio de oportunidad y la pena natural".
En el escrito los abogados sostienen que "el daño sufrido por Jaimes es netamente superior al delito de peligro que se la ha imputado, y entendiendo que todo el daño sufrido supera la hipotética pena a imponer, se solicta que se conceda de manera urgente su libertad aplicando el criterio de oportunidad de la pena natural". Y al respecto aclaran: "No existe un caso más claro que éste para aplicar este instituto que no es un beneficio sino un derecho de Juan Cruz y es un deber de la fiscalía y la jueza conceder de manera inmediata la libertad a un joven al que ni la Justicia, ni el Servicio Penitenciario, ni la policía de Santa Fe, ni el poder político le han podido garantizar su integridad física".
Para sostener su pedido, la defensa echa mano al artículo 10 del Código Procesal Penal de la provincia que hace referencia a los criterios de oportunidad y dice que "el Ministerio Público podrá no promover o prescindir total o parcialmente de la accional penal.....cuando las consecuencias del hecho sufridas por el imputado sean de tal gravedad que tornen innecesaria o desproporcionada la aplicación de una pena".
Finalmente, los defensores de Juan Cruz recuerdan en su escrito que la Justicia rosarina ha dictado al menos dos fallos de naturaleza similar a la reclamada y remarcan que el muchacho "fue víctima del descuido y la desidia de quienes debían velar por su seguridad y ha sufrido consecuencias físicas y psíquicas irreparables". En ese sentido, reconocieron que el fiscal Aníbal Vescovo "está analizando el reclamo con muy buen criterio" y se mostraron esperanzados en una pronta respuesta de la magistrada.
