Piden absolver a "Totola" Orozco y a su grupo por irreparable error en el juicio

El juicio contra siete imputados de integrar un grupo narco en Firmat liderado por Aldo "Totola" Orozco se sustentó, desde su arranque, en una discusión enconada sobre el procedimiento policial. El fiscal defendía la legalidad del operativo donde se encontraron drogas y las defensas señalaban que esa sustancia a los implicados se la habían plantado. Pero ayer se introdujo un elemento que a este trámite complejo le agregó un matiz de mucho mayor peso y al mismo tiempo insólito.

Las cuatro defensas señalan que el juicio no tiene razón de ser porque no hay certeza de que se haya secuestrado droga. Que por un error en la etapa inicial del juicio no se puede acreditar que lo incautado sea cocaína y marihuana. Por lo que, reclaman, todos los acusados deben ser absueltos.

No se puede. No es un mero detalle que la defensa parece estar usando para embarrar la cancha. Si no hay cuerpo del delito, no puede haber participación delictiva ni mucho menos culpa. En la foja 1.184 del expediente, el laboratorio bioquímico indica que por el deterioro del aparato que se usa a tal efecto no se pudo determinar la proporción de material estupefaciente de la sustancia recibida como droga. Para definir qué es efectivamente droga hay que establecer la cantidad mínima de toxicidad de la sustancia, lo que se llama dosis umbral. El expediente dice que eso no se pudo hacer.

El asunto se solucionaría con una reiteración de la prueba. Pero eso es imposible porque el material estupefaciente secuestrado a la banda de Totola ya fue incinerado. Los cuatro defensores de los imputados (dos oficiales y dos particulares) mencionaron esta situación irreparable en sus alegatos. El fiscal Federico Reynares Solari sabía que vendría esta objeción y se anticipó al pedir condenas para todos.

"Los tóxicos que fueron incautados son estupefacientes. Por las pericias queda probado que son cocaína y marihuana. Si la defensa entendió otra cosa debió probarlo antes. Nosotros sí probamos que efectivamente había cocaína por lo que no tiene sentido detenernos en la cantidad de dosis umbrales que pueda tener este secuestro", dijo al acusar. Y pidió condenas de entre 4 y 6 años para todos los implicados. Para Totola Orozco la más alta.

El defensor oficial Martín Gesino contradijo al fiscal con contundencia. Dijo que en un juicio lo primero que se debe hacer es acreditar que hubo una infracción. Y que en éste no se pudo determinar ni la cantidad ni la proporción de la cocaína decomisada. "No le corresponde a la defensa sino al Estado demostrar los extremos de la imputación. Esto es un error de la instrucción, no imputable a nosotros, pero esta etapa no fue superada", indicó.

Si un laboratorio del Estado certificó que no pudo hacer la pericia, dijo Gesino, no se definió qué es la materia secuestrada ni se lo podrá saber nunca porque ya se la destruyó. "¿Cómo podemos condenar en estas circunstancias? La absolución puede ser incómoda, o ir contra nuestra íntima convicción, pero lo que no puede hacerse es pasar sobre la letra de la ley. Hubo un error en la instrucción y ahora la solución es una sola: la absolución".

La primera solución a este dilema se conocerá esta tarde cuando el Tribunal Federal Oral Nº 2 integrado por Beatriz Cavallero de Barabani, Omar Digerónimo y Jorge Venegas Echagüe dé a conocer la sentencia.

Bien conocido. A nadie le cabe dudas en Firmat y su zona que Totola Orozco es un actor clave del narcotráfico. Fue detenido el 27 de junio de 2012 por la Brigada Operativa de Drogas Peligrosas comandada por el comisario Alejandro Druetta. Ocurrió en esa ciudad cuando iba en un Citroën Berlingo con Daniel Riera, Fernando Bermaz y Juan Martínez a quienes, según el parte oficial, les secuestraron 4 kilos de droga. Los policías acusaron también a dos abogados que llegaron al lugar de tener un arma ilegal y resistirse a las detenciones.

En este juicio se considera ese incidente más dos operativos que se estiman ligados a Orozco. Uno fue la detención de un Peugeot 307 en Presidenet Perón al 7700 de Rosario en el que se secuestraron 10,4 kilos de cocaína, el 17 de junio de 2012. Allí fueron detenidos Juan Martínez, Enrique Savi y Marcos Carlos López. Por último, un allanamiento el 18 de julio de 2012 en Pasaje 902 consorcio 6 de Firmat fueron arrestados Martínez y Luciana Arrondo y se consignó el hallazgo de 2,8 kilos de cocaína.

El primero de los hechos se inició con una polémica no acallada. Ese día Orozco fue apresado en el Citroën junto a tres acompañantes. Los policías dijeron que cuando quisieron requisarlos, los cuatro se encerraron en el utilitario y convocaron por teléfono a sus abogados. Cuando éstos llegaron, según el acta policial, uno agredió a trompadas al jefe del operativo y portaba una pistola que se le cayó. Los detenidos y uno de los letrados, Carlos Villalba, señalaron que les plantaron la droga. Los policías defendieron en el juicio la limpieza del procedimiento.

El fiscal ayer apeló a una lógica razonada para derribar la tesis defensiva de que a los imputados se les plantó droga. Leyendo las declaraciones de los cuatro hombres que estaban en el auto expuso cómo cada uno le echó la culpa de plantar la sustancia a un policía distinto. Esas discordancias, dijo Reynares Solari, daba por tierra la estrategia defensiva y sostenía la validez del acta de los efectivos de Drogas Peligrosas.

Ariel Merlini, defensor de Orozco, fijó el debate en recordar que el primero en desacreditar el relato policial fue el juez federal Carlos Vera Barros, "quien dio un sobreseimiento en primera instancia por nulidad del procedimiento". Le dijo al fiscal que no era la defensa sino un juez quien dijo por primera vez que la droga fue plantada. Aunque sea cierto que luego, cuando la Cámara Federal dio vuelta esa resolución, Vera Barros terminó procesándolos.

Pero la febril polémica que hace cuatro años discute la legalidad del operativo policial, ayer dejó lugar a otra más crucial: el hecho de si es o no demostrable que lo que se les secuestró a los acusados es droga. Para los defensores hay un error imposible de subsanar que ya no podrá establecerlo. El fiscal rechazó el concepto y pidió 6 años para Orozco y Martínez; 5 para Riera, Bermaz y Marcos López, y 4 para Enrique Savi y Arriondo. Los defensores dicen que todos deben ser absueltos.