Siete policías imputados por el encubrimiento del doble crimen de Emanuel Medina y David Campos, asesinados el pasado 23 de junio luego de una persecución por el sur rosarino, fueron liberados ayer a partir de una morigeración de las medidas cautelares acordada por la fiscalía y las defensas. Los uniformados, de los cuales cinco estaban presos y dos con arresto domiciliario, tuvieron que presentar a familiares que actuarán como garantes y deberán observar reglas de conducta como una firma semanal en sede judicial.
En tanto, otros dos imputados también fueron beneficiados con arresto domiciliario mientras quedó pendiente resolver la situación cautelar de otros siete acusados para quienes el fiscal Adrián Spelta pidió ayer una nueva prórroga de la prisión preventiva por el plazo legal. Es que como cuatro imputados pidieron declarar en la audiencia el trámite se extendió hasta que sobre las 19.30 se decidió pasar a un cuarto intermedio para terminar hoy.
En ese marco, entre los acusados que alcanzaron a declarar estuvieron un policía de la PAT que dijo haber visto a una de las víctimas con un arma en la mano y justificó sus dos disparos "para repeler una agresión contra un compañero". Sin embargo, su relato se mostró endeble ante las preguntas de los fiscales.
El 23 de junio al mediodía el Volkswagen Up en el que iban Campos y Medina se estrelló contra un árbol en Callao al 5700 tras casi media hora de persecución. El auto fue rodeado por policías que dispararon contra los ocupantes del vehíuclo, que recibieron al menos 14 tiros.
En septiembre Spelta imputó a 18 efectivos que estuvieron en distintos momentos del operativo. Entonces, sólo el agente del Comando radioeléctrico Alejandro Rubén B. fue acusado de homicidio y a los otros se les atribuyó encubrimiento. A fines de octubre, merced al relato de dos acusadas, también fue imputado por el doble crimen Leonel M.
Ante el vencimiento del plazo de prisión preventiva ayer se hizo una audiencia en la que los fiscales Spelta y Luis Schiappa Pietra pidieron la prórroga para nueve imputados.
Spelta dijo que en el último mes se incorporó más prueba, como fotos digitales, videos y nuevas declaraciones de policías que estuvieron en el lugar; entre ellos, algunos de los imputados.
Según reseñó, los testimonios coinciden en presentar a Alejandro Rubén B. como "muy exaltado", disparando varias veces y gritando "la escena es mía". Además, remarcó Spelta, ningún agente dijo haber visto armas en el VW ni haber notado que dispararan desde su interior.
En ese marco, y a partir de nuevos videos que llegaron a la fiscalía, se establecieron dos secuencias de disparos. Una casi exclusiva de Alejandro Rubén B. y otra, tras una pausa de 6 segundos, en los que éste realiza otro tiro más, seguido de otros dos de Marcelo E. y un último efectuado por Leonel M.
El fiscal también se refirió a la conducta del entonces jefe de tercio del Comando, el también imputado Hugo B. Según declaró un agente, en un momento el oficial pidió a dos efectivos que lo llevaran "a 140 kilómetros por hora" hasta su casa "donde estuvo cuatro minutos y volvió con un estuche que dijo que era de una computadora que nadie vio luego en la escena", remarcó Spelta.
Morigeraciones
Luego de detallar la nueva prueba por la cual justificó su pedido de prórroga, el fiscal se refirió a las morigeraciones solicitadas para los policías que llegaron a la escena una vez consumado el doble homicidio y quienes, a su criterio, ya no presentaban la misma peligrosidad procesal que antes (tres de ellos estaban con arresto domiciliario). Se trata de los miembros del Comando Walter O., Germán M., María R., Daniela A. y Ricardo A., y de los PAT Alexis T. y Alejandro B.
Para ellos el fiscal solicitó una morigeración de la medida cautelar que ya no los priva de su libertad sino que sólo los obliga a presentarse a firmar una vez por mes en la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), así como presentar un garante y la prohibición de acercarse a los familiares de las víctimas.
Posteriormente, y si bien "su apariencia de responsabilidad sigue siendo la misma" en cuanto al encubrimiento que se les imputó, Spelta propuso un arresto domiciliario para los PAT Claudio C. y Aldo B. Las defensas estuvieron de acuerdo y el juez Hernán Postma también dio su visto bueno.
Finalmente, para cinco efectivos que están en la cárcel (Alejandro Rubén B., Leonel M., Hugo B., Fernando V. (Comando) y Marcelo E. (PAT) y para dos con arresto domiciliario (Leandro C. (PAT) y Paola C. (CRE), el fiscal pidió que sigan detenidos bajo la misma modalidad. Sin embargo, como cuatro de ellos pidieron declarar, la jornada se extendió hasta que se decidió un cuarto intermedio.
Así, la definición sobre las situaciones cautelares de esos siete imputados se resolverá hoy (en principio a partir de las 14), mientras no se descarta que algunos acusados puedan seguir declarando, lo que podría arrojar más información sobre ese impactante caso de violencia institucional.
