“En las casas que usurpan primero ponen a alguien de su confianza. Después las alquilan hasta que las venden”. Un vecino de Nuevo Alberdi resumió así cómo operaba en el barrio la llamada “banda de Los Colorados”, una organización que realizaba operaciones inmobiliarias con casas usurpadas, además de la adulteración de vehículos robados y acopio de armas de fuego. Una mujer detenida el año pasado en allanamientos al grupo aceptó este lunes una condena a 3 años y 8 meses de prisión efectiva en un juicio abreviado como recaudadora de los alquileres de esas viviendas.
Lorena Rosa Castillo fue detenida en junio del año pasado junto a otras dos personas acusadas de integrar la banda de “Los Colorados”, entre ellas el presunto líder. La organización polirrubro creció en Nuevo Alberdi sobre la base de violentas usurpaciones. A partir de denuncias de vecinos el fiscal de Investigación y Juicio Mariano Ríos Artacho ordenó entonces una decena de allanamientos en el barrio, donde era moneda corriente la usurpación de terrenos y viviendas que luego eran puestas en alquiler, a la venta o destinadas como búnkers para la venta de droga.
Este lunes a la tarde, en una audiencia que se realizó en el Centro de Justicia Penal, el fiscal y la defensa de Castillo presentaron una propuesta de juicio abreviado que fue aceptada por la jueza María Trinidad Chiabrera. La mujer de 40 años prestó su consentimiento y fue condenada a 3 años y 8 meses de prisión efectiva por los delitos de asociación ilícita, usurpación y estelionato, una clase específica de defraudación.
La Banda de los Colorados comenzó a ser mencionada en los últimos cinco años como una de las que se disputan los emprendimientos delictivos en Nuevo Alberdi. Comenzaron a hacerse fuertes, según la investigación, tras la caída o retracción de Los Romero, la familia que en algún momento dominó esa zona del noroeste rosarino donde todavía quedan tierras por poblar y aún se alternan la ciudad y el campo.
La práctica del grupo consistía en enviar mensajes escritos a los dueños o moradores de las viviendas que pretendían obtener por la fuerza, luego concretar balaceras contra esos domicilios _incluso se concretaron ataques con bombas molotov_ y finalmente tomar posesión en el momento en que las víctimas, por temor, abandonaban sus domicilios. Entonces enviaban gente de confianza para ocupar las casas que luego eran alquiladas o vendidas.
Como jefe de la banda fue imputado Walter Daniel M., a quien le atribuyeron otras actividades como la adulteración de guarismos de motos y autos robados, así como ingresar celulares a las cárceles. Está preso a la espera de juicio junto a otro acusado, Lisando M. La actividad del grupo quedó plasmada a lo largo de seis meses en escuchas telefónicas entre las cuales se detectó cómo el sindicado jefe de la banda coimeaba al titular de la subcomisaría 2ª para que liberara a uno de sus hombres a cambio de 50 mil pesos.
La pareja de M., Mónica Graciela Páez, fue condenada en mayo pasado a 3 años de prisión efectiva como miembro de la organización, en el rol de recaudadora y encargada de conseguir ocupantes para las viviendas. A esa condena se sumó ahora la de Rosa Castillo, detenida como otra de las personas que se ocupaba de recaudar los alquileres y además proveía de armas a la organización. A ambas les reprocharon su pertenencia a una asociación ilícita, además de las violentas usurpaciones a tres viviendas de Caracas al 2600, Ciudadela al 3200 y Caracas entre Bouchard y Somoza cuyos dueños fueron despojados mediante amenazas y violencia.
Castillo además fue acusada como quien “provee de armas de fuego al grupo criminal” y por adulterar guarismos de motos. En una conversación intervenida se la escuchó reconocer que “trabajó” bien los números de una moto robada por su hijo y que la policía no se dio cuenta.
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La investigación se inició con la denuncia de un hombre en representación de cuatro personas que se encontraban fuera del país por la usurpación de un terreno situado entre el Club Olimpia y el canal Ybarlucea. En ese lugar se formó un asentamiento que avanzó más allá del cerco de la propiedad. A partir de esa denuncia se intervino el teléfono de un hombre luego condenado por las usurpaciones, quien intentaba comprarle armas y una moto a alguien identificado como Walter y apodado “Colo”. Las escuchas orientaron la pesquisa.
“Para usurpar ellos acusan de algo, balean la casa y meten a la gente más vulnerable para que no los saquen. Primero ponen a alguien de confianza, después las alquilan o venden”, apuntó un testigo de identidad reservada. “En caso de que la persona que les alquila no abone en término ingresan al domicilio, le sacan las pertenencias y las esconden hasta que abona”, añadió. En otro pasaje un testigo indicó que “Walter es el dueño de todas las casas, donde meten a sus sobrinos. Las más precarias son las que alquila”. Un vecino cifró en alrededor de 50 las propiedades usurpadas.
Además del rubro inmobiliario, al grupo se le atribuye la compraventa de armas detectada en las conversaciones. "Van rotando las armas en una bolsa negra. Hay 9 milímetros, una ametralladora casera 22, un arma larga”, manifestó uno de los testigos reservados, y añadió: “Walter no solamente hace usurpaciones sino que también desmantela autos y motos robados y los vende. El remarca los guarismos. Es difícil que se den cuenta de que las motos están remarcadas porque lo hace muy bien”.
Dentro de esas actividades, Castillo fue vinculada a tres episodios de usurpación. En 2019, según la condena, simuló ser la dueña de una casa de Caracas al 2600 cuyos dueños habían sido despojados de la vivienda con violencia y la alquiló en 4.500 pesos mensuales por casi medio año. “Cuando yo estaba me hicieron un allanamiento y ahí me enteré de que la casa era usurpada. Por los policías y por el dueño, que empezó a escracharme en Facebook. Se que es de Los Colorados, lo único que se es eso y no quiero tener problema”, contó la inquilina. Esta maniobra ocasionó un perjuicio de 22.500 pesos. La casa luego fue vendida y en un allanamiento de la Tropa de Operaciones Especiales se secuestró el boleto de compraventa.
Otro ocurrió en una vivienda de Ciudadela al 3200, al fondo de un pasillo y con techo de chapa, la cual fue alquilada. Y el último fue en un domicilio de Caracas entre Bouchard y Somoza de Rosario. La mujer que vivía allí manifestó al llegar la policía que lo había comprado dos meses antes sin contar con documentación alguna que acreditara que la vivienda era de su propiedad. Todos los hechos fueron constatados el 17 de Junio de 2021 durante los allanamientos de la TOE.
