Misterioso ataque a tiros contra una oficina del Servicio Penitenciario

Una semana después de que balearan el Centro de Justicia Penal (CJP), la tercera vez desde que se inició la saga de ataques de alto impacto institucional el 29 de mayo de 2018, otra oficina pública fue baleada. Esta vez fue la oficina de la Delegación Rosario del Servicio Penitenciario de Santa Fe dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia ubicada en avenida Pellegrini y Alsina.

Según testigos, entre la 0.30 y la 1 de la mañana se produjo un disparo que perforó la persiana de madera de una de las ventanas sobre calle Alsina 1968 y agujereó el vidrio dañanado una pared. El hecho fue descubierto y reportado alrededor de las 6.55 por un guardia mientras realizaba el rondín de seguridad. La oficina no cuenta con cámaras de videovigilancia externas y las cámaras públicas más cercanas están dispuestas en el domo ubicado en Avellaneda y Pellegrini. El hecho es investigado en principio por la Fiscalía de Flagrancia.

Desde el 29 de mayo de 2018, cuando comenzó la saga de balaceras de impacto institucional, cada ataque a un edificio público o viviendas de funcionarios judiciales despierta multiplicidad de lecturas ligadas al hampa. A ese escenario, de por si ya convulsionado, se le sumaron desde el inicio del gobierno de Omar Perotti y la gestión de sus ministros de Seguridad, Marcelo Saín, y de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Esteban Borgonovo, hechos que generaron una usina de análisis.

El desplazamientos de jefes y cambios de cúpulas policiales al inicio del gobierno en las 19 unidades regionales de la provincia; el conflicto entre el ex jefe de la Unidad Regional II, Marcelo Gómez, con el mismísimo Saín el primer fin de semana de gestión por el quite de custodias a edificios del Poder Judicial que habían sido atacados a balazos; la fuga de Lucas Ponce, el 19 de diciembre, quien estaba con prisión domiciliaria y tobillera electrónica y desapareció horas antes de ser condenado a 18 años de cárcel; la evasión, un día después, de Ariel "Teletubi" Acosta de un calabozo del Centro de Justicia Penal; una nueva balacera una semana atrás al CJP hace una semana; y ahora la oficina de Asuntos Penitenciarios como si fuera poco para completar el cuadro de 12 homicidios en 8 días.

Un solo disparo

La oficina ubicada en la esquina de Alsina y Pellegrini se encarga de brindar informes sobre los detenidos en las unidades penitenciarias provinciales. En una casa de dos plantas y de bajo perfil donde funciona la sede rosarina del Servicio Penitenciario. Una oficina que tranquilamente puede pasarse de largo si no se está atento a la presencia de la bandera provincial o una mínima referencia en una placa roja que refiere: Secretaria de Asuntos Penitenciarios y la referencia al Ministerio de Seguridad ya en desuso.

Sólo uno de los vecinos consultados indicó haber escuchado una detonación "entre la 0.30 y la 1". El resto dijo haberse enterado por los medios la mañana de ayer. Lo primero que se supo sobre el ataque fue el reporte de un guardia de seguridad a las 6.55 cuando realizaba el rondín diario. Ahí comprobó que una de las persianas sobre calle Alsina había sido perforada por un disparo. En su reporte el guardia dejó asentado que no estaba seguro sobre cuándo sucedió el ataque.

"Esta zona del barrio es de lo peor. No te podes descuidar porque pasan ladrones en moto y te asaltan. A las vecinas del barrio dos por tres las desparraman sobre la vereda. Es una autopista en la que se ve como los adictos se pegan un saque sin vergüenza. Es un barrio que está cerca del centro, con mucho movimiento de autos y gente, pero que no le importa a nadie. ¿Por qué sería sorprendente que baleen esta oficina o cualquier otro lugar de la zona? Es de terror vivir así", explicó una vecina de la zona.

"Yo me enteré por la radio. No es un lugar que nos traiga problemas a los vecinos. Nosotros hace rato que vivimos acá. Anoche había tormenta y nosotros dormimos con el acondicionador de aire, así que mucho no se escucha lo que pasa en la calle", agregó otra residente.

Inicialmente el caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Flagrancia. Desde allí se comisionó a efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC, ex PDI) para que releven la escena del ataque y la existencia de cámaras de videovigilancia privadas que pudieran haber captado a él o los atacantes.