"El cabezón" López es la figura central de los operativos realizados el miércoles por la policía santafesina en la ciudad de Goya. La investigación que condujo el juez federal de Reconquista Aldo Alurralde establece que trafica unos 200 kilos de marihuana por semana desde su enclave en Corrientes hacia las provincias de Chaco, Entre Ríos, y Santa Fe. Es un hombre que controla empresas, inmuebles, vehículos de alta gama y un stud con dos caballos pura sangre en el Jockey Club de Goya, uno de los ocho lugares allanados. La casa donde fue detenido el principal vendedor de López, que se llama Carlos Ramírez, está ubicada en Chile al 1000. El domicilio frente al cual el gobernador de Corrientes en persona, Ricardo Colombi, le aseguró al jefe antinarcóticos de la policía de Santa Fe, José Mario Moyano, que lo haría poner preso.
El juez federal Alurralde llevaba seis meses investigando a Javier Oscar López. Este encumbrado hombre de 43 años fue blanco de una investigación de la Policía Federal en 2013, también ordenada por el Juzgado Federal de Reconquista. Esa vez, cuando los efectivos llegaron, los esperó con los brazos abiertos. Estaba limpio de cualquier sustancia. En el tribunal hoy dicen saber que aquel operativo fracasó porque un soplón previno a "El cabezón".
La aparición espontánea de Colombi en medio de un procedimiento contra el narcotráfico persiste como incógnita fundamental de un hecho que desató, durante siete horas, un conflicto entre dos provincias. Con expresiones de furia registradas en video, el mandatario exigió al jefe del operativo, quien terminó seis horas demorado, que desobligara a los testigos de las acciones, lo que habría frustrado los allanamientos en los que se encontraron drogas, armas de fuego y hubo cuatro detenidos.
La reacción de Colombi se produce en un momento en que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) investigan una trama de amparo institucional a delincuentes económicos en Corrientes. Las acciones apuntan a una estructura compuesta por figuras influyentes del poder político, judicial y empresario de esa provincia. El denominador común son los obstáculos a las investigaciones que apuntan a estos círculos en los que, según la Procelac y la Procunar, se advierte garantizada la impunidad en trámites donde se investiga a funcionarios.
En esas causas está denunciado el propio Colombi por la compra de una casa a valores irrisorios a través de un testaferro. El caso se conoció a partir de la denuncia de un periodista que apareció muerto de un tiro tres días después de ampliar la declaración contra el gobernador, en un incidente con repercusión nacional y nunca esclarecido.
En otra causa también está imputado el juez federal Nº 1 de Corrientes, Carlos Soto Dávila, sospechado por conceder excarcelaciones inesperadas e infundadas a personas con prisión preventiva en hechos de narcotráfico, que a los fiscales de los casos los lleva a presumir negociaciones ilícitas. Por esto el fiscal Flavio Ferrini pidió contra Soto Dávila y su secretario Pablo Molina imputaciones por los delitos de cohecho, falsedad ideológica, estafa procesal y encubrimiento.
Ningún narco preso
El juez federal Alurralde, quien el martes ordenó a la policía de Santa Fe irrumpir en ocho domicilios de Goya, remitió el exhorto para informar de esa acción justamente a su colega Soto Dávila, acción que luego derivó en la acalorada objeción de Colombi al operativo y la detención del jefe policial santafesino.
"Todos los narcos con causa judicial en Corrientes están en libertad", señalaron ayer fuentes judiciales de esa provincia a este diario. "A excepción de Pedro Ramón Bareiro, un ex funcionario del gobierno formoseño de Gildo Insfrán que volcó en su camioneta con 60 kilos de cocaína en Corrientes, no hay nadie preso. Son situaciones en extremo sospechosas", remarcaron.
Desde la Procunar y la Procelac describieron los hechos que trascendieron hasta ahora, a lo que se suma la reacción de Colombi, como "la punta del iceberg". Existe evidencia documentada de un espeso entramado de acciones que buscan blindar a funcionarios políticos y judiciales favorecidos en actos de criminalidad económica.
Uno de los más destacados es el que acusó por enriquecimiento ilícito al propio Colombi. Según la denuncia del periodista Hernán González Moreno, el delegado en Corrientes del Pami, Hernán Laslo, compró en julio de 2009 una vivienda a precio vil actuando como testaferro de Colombi. Tres días después de presentar evidencia probatoria, el periodista de 28 años apareció asesinado de un disparo dentro de su auto frente a una estancia de Goya.
En el trámite por la venta de esa vivienda Laslo y su esposa, María Helena Haddad (miembro del Tribunal de Cuentas de Corrientes) fueron procesados por evasión tributaria agravada al igual que la escribana que intervino en la operación.
El trámite fue confirmado por la Cámara Federal de Corrientes que acreditó que Laslo compró la vivienda para Colombi, que a la fecha de los hechos era diputado provincial, por una suma ínfima y en un día inexistente en el calendario (31 de noviembre de 2006).
Lo más desconcertante de este caso es que el fiscal federal Benito Pont, que inicialmente había acusado, solicitó repentinamente el sobreseimiento de los acusados en 2015, planteo que el juez Soto Dávila aceptó.
El 31 de mayo de este año el fiscal federal Pont, que había pedido un año antes desvincular a los presuntos testaferros de Colombi, renunció a su cargo al ser descubierto como integrante de una red dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual en la ciudad correntina de Itatí.
Devolviendo autos
Ayer mismo hubo en los Tribunales Federales de Corrientes una audiencia en el trámite en el que juez Soto Dávila, que sobreseyó a los prestanombres de Colombi, está acusado. La denuncia contra el juez está presentada por los fiscales federales Carlos Schaeffer y Flavio Ferrini en torno de la presencia de testigos falsos en incidentes de devolución de autos secuestrados en causas narcos. ¿Qué pasaba? El vehículo era incautado en un procedimiento, el narco no lo pide pero comparece una tercera persona alegando ser el verdadero propietario del vehículo y pide la devolución, siendo que no es la auténtica titular. Por éste hecho se llamó a indagatoria al secretario penal Pablo Molina, del juzgado de Soto Dávila, y si lo decide la Cámara Federal lo mismo le pasará al magistrado. Los fiscales aducen que los vehículos secuestrados en causas narco son 300 y que hay 80 incidentes para la devolución.
Los allanamientos del miércoles que irritaron al gobernador Colombi fueron ordenados por el juez federal Alurralde, quien advirtió que una banda de distribuidores de drogas de Reconquista (tres de los cuales fueron detenidos en una lancha con 40 kilos de marihuana un día antes) se abastecían en la vecina Goya.
El incidente, para fuentes de la Procuración General de la Nación consultadas por este diario, puso al descubierto una estructura de patronazgo de protección recíproca entre funcionarios políticos y judiciales. Un gobernador yendo en persona a la puerta de la casa de un traficante allanado es algo que carece de precedentes. “Evidentemente El cabezón López es alguien con contactos, organización y cobertura”, dijo ayer un funcionario de Seguridad santafesino. “De otro modo no pudo haber operado tanto tiempo sin ser tocado”, concluyó.
