Policiales

La reforma cambia el trabajo policial y fija un criterio de suba salarial

Ajusta por ley el sueldo inicial a 2,5 salarios mínimos, lo que hoy implicaría pasar de 33.286 a 42.187 pesos, casi un 27 por ciento más. Define 45 horas semanales de labor y un esquema de exclusividad, a excepción de servicio adicional.

Martes 08 de Septiembre de 2020

La reforma del sistema policial que promueve el Ministerio de Seguridad de la provincia tiene impacto en la forma en que los 21 mil policías santafesinos cumplen el servicio, pero también en las exigencias de tiempo en funciones, en los criterios para lograr ascensos y en el régimen salarial. Sobre esto último se apunta a que el policía de grado jerárquico más bajo no perciba menos que el equivalente a dos veces y medio el salario mínimo fijado por ley. Hoy un ingresante a la fuerza provincial percibe, según datos de esa cartera, 33.286 pesos. De regir el nuevo criterio el mínimo se iría a 42.187 pesos, un aumento que rondaría el 27%.

El proyecto de ley que contiene la propuesta, aún no remitido a la Legislatura, reconoce que la mayoría de los policías santafesinos tienen salarios nominales y reales muy bajos, “insuficientes para mantener a sus familias sin necesidad de recurrir al doble empleo, a prestar servicios de policía adicional o de seguridad privada, o cualquier otra changa en negro”. Este cambio implicaría una suba ligada por ley a un mecanismo nacional que, al elevar el mínimo, impactaría al alza a todas las jerarquías superiores.

Un punto fundamental es el que regula para el personal policial la dedicación exclusiva. Esto supone que cada efectivo deberá cumplir 45 horas mínimas semanales sin poder realizar otra actividad incompatible, riesgosa o que pueda ir en desmedro del rendimiento físico o psíquico de sus funciones (excepto el servicio de policía adicional).

El proyecto también cambia la capacitación y estipula procedimientos para ocupar cargos y ascensos. Estos deben estar asentados en la formación y el desempeño profesional a lo largo de la carrera. Se desterrará la primacía de la antigüedad como criterio para subir de jerarquía que históricamente, indica el texto, ha puesto en segundo plano las destrezas y competencias profesionales.

“Esa es la razón por la cual en las policías tradicionales en general, y en Santa Fe en particular, hay numerosos jefes superiores absolutamente incompetentes para ejercer labores de dirección, pero como no tuvieron severos problemas disciplinarios o han tenido apoyos políticos externos, llegaron a formar parte de la cúpula institucional”.

El esquema que prevé el ministro Marcelo Sain contiene cambios que, como primer objetivo, colocarán a los efectivos en la calle y en funciones operativas. Para ello la proyectada reforma apunta a terminar con las 19 unidades regionales, modificar el entramado de las casi 500 comisarías que hay en la provincia, alterar el patrón que concentra al 47% del personal uniformado en tareas administrativas y ajustar la organización de la fuerza en criterios profesionales.

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El proyecto aduce que la policía hoy no organiza sus rutinas sobre un conocimiento del delito sustentado en análisis criminal idóneo. Indica como problema un personal de poca trayectoria (once años de antigüedad promedio), casi del 90% de la dotación en los escalafones más bajos y solo un 5% con más de 25 años.

La liquidación del modelo de 19 regionales obedece a una doble idea. La primera es desplegar recursos técnicos y humanos según patrones demográficos y recurrencia delictiva. La otra, plantea el proyecto que se remitirá a la Legislatura, es desmontar “la influencia informal” del grueso de los senadores sobre la institución policial, lo que produce interferencias en la conducción.

El diagnóstico indica que las 19 regionales se organizaron porque los núcleos básicos de la política santafesina están en los departamentos. Y que eso evidentemente favoreció la influencia de los senadores sobre la institución policial lo cual implicó en algunos casos, según Sain, la conformación de una conducción en las sombras de la policía “con todo lo que ello implicaba en materia de desprofesionalización e instrumentalización política” de la fuerza.

El organigrama tiene cinco niveles. El primero es el jefe de policía de provincia. Luego el proyecto ubica al Centro de Análisis, Comando y Control Policial (Ceac), órgano abocado a la dirección, control y evaluación de la fuerza a nivel estratégico. Bajo el Ceac aparecen seis superintendencias de seguridad: Santa Fe, Rosario, San Lorenzo, Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela.

¿Sustituyen estas seis superintendencias a las actuales 19 regionales? “No explicó Sain porque son una estructura completamente distinta, aunque serán verdaderas jefaturas de policía. Cada superintendencia tiene una estructura de comando superior pero funcionará con una doctrina policial totalmente diferente a la vieja sostenida en el criterio de ocupación territorial. Y combinará tres funciones bajo un mismo mando: análisis criminal, operaciones policiales que derivan de ese análisis criminal y la logística que proviene de combinar las dos previas”, sostuvo.

La policía se dividirá en cuatro escalafones o grandes áreas de competencia: seguridad preventiva, investigación criminal, operaciones especiales y control policial.

El proyecto también analiza como déficit la excesiva cantidad de policías en labores administrativas que tornan insuficientes los recursos humanos para labores de seguridad básicas. Por ello muchos de los que hoy cumplen esas labores pasarán a tareas operacionales y quienes queden en esas funciones perderán el carácter de policías para pasar a desempeñarse en áreas ministeriales.

Junto con el cambio drástico de labores hacia lo operativo, el proyecto apunta a desplegar al personal según cuestiones demográficas, la extensión territorial y las tasas de criminalidad de cada zona. Estas pasarán a ser variables de peso a la hora de distribuir los recursos humanos.

La seguridad preventiva se basará en el mapeo criminal. Eso supone que las rutinas policiales en la calle se planifiquen a partir del análisis de lo que pasa allí. “Hoy el trabajo está asentado en el patrullaje o vigilancia aleatorios y en la respuesta a llamados de emergencia, siempre en el marco de una acción reactiva y de escasa eficacia en el abordaje de eventos delictivos. Está comprobado que la mayoría de los problemas criminales pueden ser eficazmente reducidos si el sistema policial de seguridad preventiva interviene de manera focalizada en los espacios donde ocurren, abandonando la presencia policial aleatoria”, postula el proyecto de ley.

Para ello hay que conocer lo que pasa con bases de datos. Al respecto, el análisis de Seguridad plantea que la central criminal OJO funciona en forma deficiente: “No se analiza la información acumulada en vistas a un patrullaje focalizado y sólo se responde a la emergencia. La información recibida por el OJO no es de calidad, es parcial, no está protocolizada y se trasmite esporádicamente. El análisis criminal es episódico y los reportes no permiten orientar la labor preventiva de la policía”.

¿Qué pasará con el sistema de comisarías? A fin del año pasado en la provincia había 229 comisarías, 147 subcomisarías, 112 destacamentos y 4 puestos policiales. Durante la gestión de Miguel Lifschitz se había postulado en las mayores ciudades el reemplazo de las comisarías por un sistema de estaciones policiales que articularía la dotación de patrullas.

El plan de Sain no dirimirá en lo inmediato este punto. “Cómo se armarán las estructuras debajo de las seis superintendencias derivará del análisis de la problemática criminal de cada superintendencia”, dice Sain. “En cada lugar habrá unidades especializadas trabajando, como seguridad comunitaria, orden público, seguridad preventiva, seguridad vial y seguridad rural. Decidir cómo se organizarán las estructuras nos llevará dos años de evaluación en cada superintendencia. Las estructuras se arman con tiempo de observación y no al día siguiente de promulgarse la ley”, dijo Sain.

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