Banda de Los Monos

La batalla de las escuchas, centro de la segunda semana del juicio oral a Los Monos

Los fiscales las expondrán como arma de acusación. Las defensas luchan para que no se difundan.

Lunes 27 de Noviembre de 2017

La primera semana del histórico juicio a la Banda de Los Monos exhibió las cartas de presentación de las partes sin grandes rupturas sobre lo que se esperaba. Pero a partir de hoy, con el arranque de la segunda, se expondrá de manera tensa la más frontal batalla entre las partes. El duelo entre acusación y defensa pasará por los decisivos elementos que decidirán el combate jurídico: la declaración de los primeros testigos y, fundamental, la difusión en las audiencias de las escuchas, principal instrumento de prueba de los fiscales para dar cuenta del funcionamiento de una asociación ilícita, base de la teoría que motivó el juicio.

Uno de los principales puntos de esta contienda será la declaración de una funcionaria de la Secretaría de Inteligencia que fue gravitante en el control de la legalidad de las interceptaciones telefónicas. Para su testimonio, casi con certeza, se pedirá el desalojo de público de la sala. Esta persona fue quien recibió las órdenes de intervención de líneas de la banda y quien ejecutó ese mandato judicial.

Planteos y argumentos

Las defensas de los líderes de Los Monos ya plantearon, de manera coincidente, que esas escuchas no deben divulgarse porque son inválidas. Lo son, a su criterio, porque toda la causa es un armado derivado de un momento político en que se reclamaba más activismo contra el narcotráfico y entonces el juez Juan Carlos Vienna, primer instructor de la causa, decidió de manera arbitraria y en sintonía con el gobierno perseguir a la familia Cantero.

Las defensas plantean que desde esa falta de imparcialidad se ordenaron las escuchas. Y que eso estuvo signado por la relación personal de Vienna con Luis Paz, padre de Martín "Fantasma" Paz, con cuyo crimen no aclarado se inició la voluminosa causa, que tiene a 25 imputados en el banquillo.

Los fiscales se sienten cómodos con ese argumento. Para ellos la guerra de la prueba no será más que una vehemente puesta en escena porque la evidencia ya ha sido admitida por numerosas instancias judiciales intermedias previas. El momento de cuestionar la prueba ya pasó y las escuchas fueron aceptadas por camaristas como Carlos Carbone, José Luis Mascali, Carina Lurati, Daniel Acosta y Rubén Jukic.

Por otro lado, para los fiscales, investigar a Los Monos en una ejecución por encargo como la del Fantasma Paz está lejos de ser una arbitrariedad. Lo pide desde el primer cuerpo del expediente la fiscal Adriana Camporini, especialmente en la foja 107, al notar entre los contactos del celular del Fantasma una línea que figura como "Pájaro". Eso fue el 25 de octubre de 2012, o sea, siete meses antes del homicidio de Claudio "Pájaro" Cantero.

Otro argumento a compulsar es que Vienna fue parcial porque, a criterio de las defensas, fue quien ordenó todas las escuchas telefónicas, las prórrogas, indagatorias y detenciones. La fiscalía retrucará que no es cierto, que hay jueces autónomos que avanzaron con procesamientos y condenas en base a la misma prueba por considerarla legítima. Que hasta la Corte Suprema ya convalidó la prueba en uno de los homicidios por el que es juzgado Ramón "Monchi Cantero" Machuca, el de Lourdes Cantero, que tiene sentencia firme como partícipe contra uno de los ahora aquí juzgados, el policía Juan Delmastro.

Pero lo que los fiscales consideran como un as en la manga es que la escucha contra una línea que resulta ser de Monchi, y que es la más relevante para determinar las imputaciones, no la ordenó Vienna sino su colega Raquel Cosgaya. Allí se lo escucha a Machuca hablando con policías que le pasan información, pidiendo que le consigan balas y pistolas. También conversando con el suboficial Juan "Chavo" Maciel sobre la búsqueda de tres personas a las que buscan por la muerte de su hermano y recibiendo el parte de su estado una vez que las ejecutaron.

Incómodos

Otro capítulo trascendente que se abre a partir de hoy es el de la presencia de los testigos en la sala, algo obligatorio para los citados en tanto se trata de una carga pública. Entre los más relevantes estarán policías que fueron auxiliares de la investigación y civiles que comprometen a los acusados.

La particularidad de que los testigos deberán estar sentados frente a los imputados es un elemento que ya motivó, de parte de los primeros, manifestaciones que van de la incomodidad al miedo. Los abogados defensores anunciaron que ejercerán su derecho al contrainterrogatorio con el legítimo propósito de demostrar, allí donde las haya, contradicciones o mendacidad. Fuentes cercanas al tribunal indicaron a este diario que habrá una vigilancia especial de su parte para que las defensas y la fiscalía ejerzan esta potestad en un marco de respeto a los testigos.

Entre los testigos de esta semana hay familiares del Fantasma, que era de la banda de Los Monos y con quien —según la principal teoría— hubo una diferencia por dinero que lo llevó a la muerte. Uno de los testigos será Luis Paz, su padre, citado para el jueves. Su presencia es relevante: por la relación que le atribuyen con Vienna y los viajes realizados en coincidencia por ambos a Estados Unidos, las defensas le adjudican un rol clave en la orientación arbitraria que el juez, según postulan, le imprimió a la causa en contra de los Cantero.

También asistirán como testigos, esta semana, familiares de las víctimas del referido triple homicidio de Francia y Acevedo, ocurrido dos días después del crimen del Pájaro y considerado por jueces y fiscales como una venganza por la crimen de éste.

La semana que pasó

Todo lo que pasó en el recinto de las audiencias tuvo durante toda la semana un explosivo impacto en lo institucional y lo político como es la marca distintiva de esta causa. La negativa de los ocho acusados que llegaban detenidos a subir a la sala de audiencias, quienes se desnudaron disconformes con ser trasladados de la cárcel de Piñero a la de Pérez, primero, y con tener que pernoctar en el subsuelo del nuevo Centro de Justicia Penal, después, fue considerado por los fiscales una demostración de fuerza inaugural y presagio de lo venidero en el juicio.

Este diferendo, que retrasó tres horas el inicio del juicio, desató un conflicto. El ministro de Justicia Ricardo Silberstein dijo que era muy grave que los presos decidieran su lugar de detención. "Hay un paso a un crimen organizado que construye su propia cárcel como en Colombia", sostuvo el funcionario.

Esos dichos desataron una inmediata repulsa del Colegio de Magistrados, que cuestionó a Silberstein por desconocer el principio de inocencia y por descargar una presión

Para las defensas las escuchas son nulas porque el juez fue parcial. Para los fiscales es prueba ya aceptada inaceptable contra los jueces, que estaban atendiendo la respuesta a un hábeas corpus por el mejoramiento de condiciones de detención.

Chivos

A esto siguió la acusación de Monchi, en pleno ejercicio de su derecho a un descargo en el inicio del juicio oral, contra el gobierno provincial. Dijo que él y su familia son “chivos expiatorios del socialismo”. Aunque su hermano, su cuñada, su madre y allegados muy cercanos tienen juicios por narcotráfico, lo que se cuidó de mencionar, él dijo no tener nada que ver con ese delito.

En cambio, Machuca aludió al ex gobernador Antonio Bonfatti por una especie de trato comercial con el asesinado comerciante narco Luis Medina, por un vínculo con dos autos que no aclaró más allá de la mención. También recordó que el socialismo le concedió a Medina, a través de testaferros, la habilitación del boliche bailable Esperanto.

Al día siguiente el socialismo lanzó una respuesta en la que señala que las estrategias de los grupos violentos que están siendo juzgados por sus homicidios y actividades delictivas es atacar al partido de gobierno. “Vean quienes nos atacan y sabrán quiénes somos (?) Ratificamos que en Santa Fe las mafias y el delito se combaten”, enuncia el texto. Una muestra más de la resonancia omnipresente que tuvieron las alternativas del juicio en su primera semana.

Los Paz y los Cantero

Antes de que hablara Monchi hizo lo propio Lorena Verdún, madre de los tres hijos del Pájaro Cantero y acusada de asociación ilícita. “Siento impotencia por tener a dos jueces sentados frente a mí que absolvieron a los asesinos del padre de mis hijos”, arrancó, lo que impulsó al presidente del tribunal, Ismael Manfrín, a replicar que no le iba a permitir esa invectiva, cuestión que reiteraría con dos llamados de atención, incluso a la abogada de la mujer.

Verdún afirmó que llegó a juicio por la posesión dos vehículos. “Tengo 39 años, soy comerciante y tengo derecho a comprarme mi vehículo, así como tuve otros que fui vendiendo”. Los fiscales señalaron dos días antes que la investigación patrimonial descarta que los haya adquirido con ingresos lícitos.

El pasaje central fue cuando Verdún aludió a Mercedes Paz, hija de Luis Paz y última pareja del Pájaro, para decir que no entendía por qué ella no estaba siendo juzgada también. “Tenía un Mini Cooper que sale cuatro veces más que lo que sale mi auto”, dijo.

Lorena tuvo éxito en presentar eso que aparece como un favoritismo. Los defensores habían planteado el día anterior que Verdún fue investigada cuando hacía cinco años que estaba separada de Pájaro y que su última mujer, Mercedes, nunca fue requerida.

En ese sentido, también fue solvente Carlos Varela, defensor de Ariel Máximo Cantero padre, conocido como “El Viejo”, en un trámite donde la evidencia en su contra, al revés de otros miembros de su familia, luce muy débil. “Lo encarcelaron por portación de apellido pese a que formó otra familia con cinco hijos. Si Ariel Máximo Cantero se llamara Ariel Máximo González no estaría sentado acá”, dijo.

La pregunta que flotaba fuera del tribunal, luego de que Varela blandiera esa comparación, fue: “Si Mercedes Paz se llamara Mercedes González ¿estaría sentada como acusada?”. Los fiscales deberán recoger ese guante.

Quebrado

Otro momento destacado fue el de la defensa consistente del policía Germán Herrera. Su testimonio logró instalar su misma idea en general: que es casi imposible saber por qué fue imputado en esta causa.

A Herrera no le adjudican asociación ilícita, es decir pertenencia a la banda, sino cohecho. Por eso no queda claro por qué no corrió la misma suerte que otros policías imputados por lo mismo. Por ejemplo, los cuatro condenados por liberar a Leandro Vilches de la comisaría 15ª y reemplazarlo por otro detenido sin antecedentes, en un acuerdo con los Cantero mediado por el policía Chavo Maciel mediante un pago de 35 mil pesos (ver aparte). En este caso, a los uniformados no se los imputó por asociación ilícita sino que se los juzgó en un proceso aparte por cohecho.

Herrera transcurrió tres audiencias con expresión de mortificación. Lloró cuando el fiscal le formuló la imputación. Hizo lo mismo cuando su abogada Florencia Chaumet lo defendió. Y luchó contra sollozos incontenibles durante todo el tiempo en que hizo su descargo.

Está acusado a partir de escuchas entre Monchi y Mariano Ruiz —miembro de la banda ya condenado en un procedimiento abreviado— en las que refieren haber recibido datos de policías de Sustracción de Automotores para llevarse unos vehículos que tienen destino de secuestro. Herrera, que era jefe de Automotores, no es mencionado en las escuchas, pero cayó por ser jefe.

“Todo esto para mí es muy grave”, dijo. “Vivo en un Fonavi en la zona sur. Nunca tuve casa propia ni 0 kilómetro. Tengo un Peugeot 98 y estoy orgulloso de ello”. Contó, mientras no dejaba de llorar, que para pagar la caución para una prisión domiciliaria tuvo que sacar un crédito personal que lo llevó a la quiebra. “Todo lo que tengo está embargado. Trabajé limpiando en una escuela de zona sur. Cuidé una fábrica en una ciudad vecina, trabajé de remisero. Pero cuando las personas se enteran de que estoy imputado en esta causa el trabajo se termina”.

El punto débil

Estos puntos altos de las defensas contrastaron con otros. El más notable fue la contradicción en relación a la mención a los juicios abreviados de once personas que, con la misma prueba que se muestra en este juicio, a veces también con los mismos abogados, aceptaron sus culpas y tienen condena. Cuando el fiscal Gonzalo Fernández Bussy dijo el primer día que “otros miembros de la banda” ya están sentenciados en juicio abreviados, varios defensores corcovearon en sus sillas para que no hiciera mención de eso, porque era algo impertinente.

Sin embargo esos mismos defensores, al día siguiente, mencionaron ellos mismos al abreviado, para referirse como desmesurado el pedido de pena de 24 años a Guille Cantero, a quien en el acuerdo abreviado que terminó sin ser homologado para él le habían pedido siete.

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