En los últimos días el criminólogo y docente universitario Enrique Font estuvo muy activo en su cuenta de Twitter con apreciaciones sobre temas candentes en la política judicial de Santa Fe. Lo hizo tras las declaraciones de la testigo protegida Mariana Ortigala en el juicio que se sigue al narco empresario Esteban Lindor Alvarado como líder de una asociación ilícita y lavado de activos. Y lo volvió a hacer ayer, después de que representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) se presentaran en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) para denunciar lo que, entienden, es una injerencia de sectores políticos partidarios en sus investigaciones. Respecto del primero de los episodios, Font expresó entre otras cosas que “hay fiscales que sólo se dedican a investigar a bandas de turno con procesos judiciales manchados y a grupos de policías convenientemente seleccionados dejando afuera a sectores políticos y judiciales a los que son afines” y que serían parte de lo que definió como “los sótanos de la democracia santafesina”. En cuanto al segundo tema, sostuvo que la actuación de la Asociación de Fiscales santafesinos tuvo “un desempeño patético... evidenciando un preocupante amateurismo”, y que “el objetivo no es otro que la fraudulenta utilización de una audiencia para armar una operación política y mediática”.
— Días atrás planteó que la Justicia, en causas emblemáticas que llegan a juicio como proceso a Esteban Alvarado y el ya histórico juicio a Los Monos, no avanza más allá de los eslabones débiles del sistema y no ahonda en lo que denominó “los sótanos de la democracia santafesina”.
— Cuando se habla de bandas narco criminales hay que tener en cuenta que hablamos de una economía que tiene componentes muy diversos. Son dimensiones que varían de acuerdo a las drogas o las regiones y dentro de cada dimensión hay diversidad de actores en una actividad que no sigue un sistema piramidal sino más bien nodal y disperso. Es una economía dinámica y compleja que, cuando se baja a lo local, desnuda que hay varias patas claras que la sostienen: el mercado y la clientela que consume y que no debería ser abordada por el sistema penal; las organizaciones dedicadas a distintas áreas de provisión, distribución y logística; la policía, ya sea cubriendo la actividad mediante el cobro de un canon que entra a la fuerza y se distribuye o aquellos que directamente integran las bandas; actores del sistema judicial tanto provincial como federal que no se investigan; la política a la que muchas veces llega el dinero que luego se emplea en campañas; y un componente muy significativo que es quienes lavan el dinero proveniente de todo ese negocio ingresándolo al circuito legal.
— Pero en los juicios no se ve a todos esos eslabones en el banquillo.
— Es que si uno ve los procesos que se llevan adelante, al banquillo llegan sólo los integrantes de la banda de turno que muchas veces es elegida por la Justicia y la política para usar su nombre en campaña; crecientemente llegan algunos policías vinculados por su rol tradicional de protectores o aquellos que pertenecen a una fuerza fragmentada, mal conducida e incapaz de regular estas actividades y trabajan para las bandas. Pero no aparecen todos porque hay una selectividad muy grande para no llegar a quienes participan de la administración de Justicia y la política. Esos generalmente quedan afuera. Por ejemplo, la testigo Mariana Ortigala, en el juicio a Alvarado, mencionó a una ex jueza federal que recibía dinero de la organización. ¿Quién investiga eso? ¿Quién le preguntó para ahondar en el tema? Otro ejemplo es el del empresario de juego Leonardo Peiti, quien como arrepentido determinó una investigación contra los fiscales Gustavo Ponce Asahad y Patricio Serjal y contra un senador provincial y que derivó en un proceso al menos inequitativo. Es que Peiti también nombra a dos jefes policiales a quienes les pagaba y ellos eran los que repartían. Y esos jefes policiales respondían a Maximiliano Pullaro cuando era ministro de Seguridad, pero nunca se investigó esa línea. Por eso digo que no llegan a juicio todos sino aquellos que son selectivamente elegidos ya que son fácilmente reemplazables mientras otras bandas siguen funcionando. Los que quedan protegidos son actores de la política partidaria, de la Justicia y por sobre todo los circuitos económicos del lavado de dinero que no es solo el del narco del barrio sino del círculo rojo de la ciudad y la provincia.
— ¿Se refiere a lo que dijo sobre que los territorios narcos están en el centro de Rosario mientras los enfrentamientos y los muertos se dan en los barrios?
— En forma irónica digo que los territorios más sólidos del negocio narco están en el centro de la ciudad porque no son intercambiables, es toda gente del sector ABC 1. Hay una construcción judicial y mediática que sostiene que el problema narcocriminal es un problema de gente pobre y bandas violentas, que indudablemente existe, pero oculta lo transversal del fenómeno y estigmatiza, porque los sectores humildes ponen los puntos de venta, los territorios y los muertos. Pero sobre ellos el problema está en la administración de la Justicia, de la política, de los lavadores de dinero. Y esos sectores están entre los bulevares.
— Se ha mostrado muy crítico del Ministerio Público de la Acusación y de algunos fiscales que llevan adelante las investigaciones a bandas narcocriminales. Incluso sostuvo que son políticamente parciales....
— Soy crítico del MPA en su conjunto y de algunos fiscales en particular porque en algunas de sus declaraciones y desempeño dejan en evidencia lo que hacen. El MPA nació con una fuerte influencia política, con muchas internas y formas de construcción que no fueron lineales, y eso va quedando en evidencia en las causas. Un caso es el del fiscal Luis Schiappa Pietra, quien fue denunciado por la familia de María de los Angeles Paris (una bibliotecaria fallecida tras estar detenida en la seccional 10ª en 2017) por faltas graves en la investigación y que públicamente sostenía la misma tesitura de quien era ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, diciendo que no hubo violencia policial y que la mujer murió sola en custodia y no había nada que investigar. Hoy ese fical investiga a la banda de Alvarado y demuestra que había policías que participaban de la misma fraguando evidencias de manera sofisticada para embarrar a la banda opuesta (Los Monos). Fue el mismo fiscal el que blanqueó con eso la investigación ilegal y la falta de independencia que llevaron adelante los políticos del socialismo y sus ejecutores policiales y judiciales en el proceso a Los Monos con la Brigada de Judiciales y el juez Juan Carlos Vienna. Él fue el fiscal de juicio que terminó convalidando esa investigación ilegal. Y ahora dice que va a demostrar la participación de policías de la banda de Alvarado en la construcción de evidencias que terminaron condenando a Los Monos. ¿Cuál es la independencia? Creo que hay temor de avanzar en la investigación para no llegar a lugares de la política a la que él responde, es decir que le está haciendo la campaña a su jefe político. No había razón alguna para que el ex ministro Pullaro declare en el juicio a Alvarado, no aportó nada relevante y terminó siendo una operación de prensa. Y junto a ese fiscal actúa Matías Edery, con quien investigan cualquier punta que lleve al Partido Justicialista y no se ocupan de los funcionarios del socialismo o del radicalismo nombrados por las mismas personas que dieron lugar a investigaciones sobre funcionarios peronistas. Son los mismos fiscales que tienen el descaro y el cinismo de ir a una audiencia temática de la Cidh a hablar de independencia judicial cuando no son independientes. La independencia del MPA no está jaqueada por los mecanismos de control que impone la Legislatura sino por el origen de buena parte de sus funcionarios y las operaciones que éstos hacen y que la Asociacion de Fiscales encubre.
