Una disputa intramuros en la cárcel de Piñero marcó el destino de Débora Natalia Fernández, asesinada a balazos la tarde del 17 de marzo pasado en la casa de su madre, en el barrio Godoy, por un hombre que llegó hasta allí a bordo de un auto rojo, la llamó por su nombre y la ejecutó sin miramientos. Todo indica que un día antes, en uno de los recreos del pabellón 7 del mencionado presidio, un hermano de la mujer apodado "Casquito" discutió en malos términos con "Chanchón", uno de los más de quince hijos de Ariel Máximo "El Viejo" Cantero. Esa pelea selló el final de la vida de la mujer.
La hipótesis fiscal es que desde el penal y tras la pelea partió la orden de matara a Débora en venganza por la pelea y fue "Tartita", otro de los hijos de "El Viejo", quien llevó a cabo el trabajo. Con las evidencias recogidas, y después de que el viernes "Tartita" fuera apresado por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el fiscal Alejandro Ferlazzo lo imputó en el marco de una audiencia realizada por videoconferencia como autor de los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, portación ilegítima de arma de fuego de guerra y tenencia ilegal de arma de fuego de guerra. Tras ello, el juez de primera instancia Carlos Leiva le dictó la prisión preventiva por el plazo de ley, es decir al menos dos años.
Previamente a la acusación en el fuero provincial, Alexis Claudio "Tartita" S. fue indagado en los Tribunales Federales por el juez Marcelo Bailaque y el fiscal federal Javier Arzubi Calvo por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización ya que al ser allanada el viernes la casa donde se aguantaba, en Solís al 3300, los pesquisas encontraron unas 90 dosis de cocaína fraccionada para su venta además de un revólver calibre 38 que podría haber sido utilizado en el homicidio, un centenar de municiones calibre 9 milímetros, varios celulares, una balanza de precisión para el fraccionamiento de la droga y unos 200 mil pesos en efectivo.
Alexis Claudio S. (está anotado con el apellido de su mamá) se incorporó con el alias de "Tartita" a la biografía de los hijos de "El Viejo" Cantero. Hasta el viernes, cuando fue detenido, se sabía que el muchacho de 20 años regenteaba una serie de puntos de venta de drogas que controlan Los Monos en el barrio Fonavi de Monte Flores al 7200 junto a Ariel Maximiliano "Chanchón" Cantero, uno de sus hermanos y preso desde septiembre de 2019 en Piñero tras ser imputado por el asesinato del policía Cristian Ezequiel Ibarra, adscripto a la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) y ejecutado con seis balazos en la cabeza en el interior de su Peugeot 206 el 22 de julio pasado en Deán Funes y Larralde.
Según esa investigación, Ibarra le pagaba a "Chanchón" y a "Tartita" un canon para poder vender droga en el Fonavi. Pero un conflicto de intereses con un socio de los Cantero apodado "Dominicano" (Otniel D.L.A. también acusado por el crimen de Ibarra) firmó su sentencia de muerte.
El lunes a la mañana estaba prevista una audiencia por videoconferencia pero debió suspenderse por un corte en el servicio de internet y se postergó hasta entrada la noche.
La llamaron y la mataron
Así, alrededor de las 20, el fiscal Ferlazzo comenzó la lectura de la acusación a "Tartita" por el crimen de Débora Fernández. Dijo que el joven llegó hasta la casa de Colombres al 3000 en un Volkswagen Gol Trend rojo, se bajó y llamó por su nombre a la mujer de 28 años y madre de un nene de 8. Cuando Débora se asomó a la puerta, "Tartita" le disparó al menos siete veces provocándole una lesión que le provocó la muerte además de la portación y la tenencia de un arma de fuego.
Tanto el arma como el auto mencionado fueron incautados en los allanamientos del pasado viernes.
La hipótesis del fiscal es que el asesinato de Débora se gestó en el pabellón 7 del penal de Piñero, donde están alojados "El Viejo" Cantero, "Chanchón" y Darío David "Casquito" Fernández, hermano de Débora y sindicado como soldadito de Los Monos. Tras una fuerte pelea entre los jóvenes el 16 de marzo se gestó el asesinato de la mujer por venganza. Quien lo cometió tras recibir una orden desde la cárcel fue "Tartita".
Durante la audiencia el acusado prefirió callar. Sus abogadas defensoras cuestionaron la acusación al considerar que "no había elementos suficientes" para imputarlo y que el planteo del fiscal se sostenía en "testimonios contradictorios".
A la hora de resolver el juez de primera instancia Carlos Leiva le dio la derecha al fiscal Ferlazzo y dictó la prisión preventiva para "Tartita" por al menos dos años.