Los casos de tortura policial en Rosario tienen un destinatario predilecto: los varones pobres de 19 años, radicados en la periferia y con bajo nivel de instrucción. El dato surge de un estudio realizado por el Ministerio Público de la Defensa sobre los tratos crueles que registró a partir de los relatos de 274 víctimas de violaciones a los derechos humanos durante 2015 en la circunscripción Rosario. Según el informe, lo que predomina es la agresión física en el momento de la detención en la calle o durante el encierro en comisarías, una práctica que tiene a los policías como victimarios y que se da en toda la ciudad y a cualquier hora.
Esos son los principales hallazgos del Registro Provincial de Casos de Tortura, un instrumento creado en 2012 por la Defensa pública provincial para obtener indicadores sobre violencia institucional. "Esto no es una muestra. Es la punta de un iceberg mucho más amplio. Es una práctica que ocurre de manera sistemática y en algunos casos hasta está naturalizada", planteó al presentar el informe a la prensa Enrique Font, el criminólogo que se sumó recientemente como asesor a la Defensoría y cuya designación fue cuestionada desde el gobierno. La presentación oficial será el jueves a las 18 en el Museo de la Memoria.
La cifra negra es inestimable. Por retoques metodológicos recientes los resultados del estudio no se pueden comparar con años anteriores. Por eso, más que el dato cuantitativo, lo valioso del instrumento es que aporta información sobre modalidades de tortura. Este año se espera que el número de casos aumente porque se profundizará la búsqueda. "Este registro tiene un para qué: no es para juntar datos por juntar sino para generar información que permita a las autoridades armar políticas que desarticulen estas prácticas", planteó Lorena Negro, subsecretaria del Registro.
Intervenciones. En ese punto, lo que arrojó el estudio es que "el foco de atención tiene que estar en el momento inmediato de la detención". Es decir que apuntará a "la inmediata presencia de un defensor en el lugar". Otro proyecto es que "toda persona detenida sea examinada por un médico de Salud Pública, no policial". Se suman las visitas sorpresivas a los centros de detención, una medida que se está coordinando para evitar represalias a los internos. Todo esto, para Font, "marca la necesidad de un programa de protección de personas privadas de la libertad" a la manera del sistema de protección de testigos.
"Donde hay un activismo en términos de monitoreo, la tortura baja", resumió el criminólogo, para quien aún debe mejorarse el seguimiento fiscal de los casos denunciados, que representan el 60 por ciento del total. El resto, por temor o descreimiento, no denuncia. Si bien se están gestionando datos concretos sobre el avance de esas causas, Font planteó que "hay un nulo movimiento en la gran mayoría".
Para atacar estas prácticas policiales arraigadas en terreno, indicó, se acordó compartir la información con el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro. Mientras que una reunión prevista con el ministro de Justicia, Ricardo Silberstein, se suspendió en medio de la polémica entre las dos áreas.
Selectividad. El Registro se nutre de varias fuentes. La principal es un cuestionario estandarizado que completan los detenidos en sus entrevistas con los defensores públicos. Otra vertiente son los recorridos a cárceles, donde se toma contacto con presos del viejo sistema penal. También se alimenta de llamados, denuncias y notas periodísticas. Las situaciones de violencia institucional que abarca van desde simples detenciones por averiguación de antecedentes a casos extremos de gatillo fácil, la intervención de funcionarios y las ocurridas en todo ámbito de privación de la libertad.
Así, en todo 2015 se relevó un total de 274 víctimas de tortura en el ámbito de la 2ª circunscripción judicial. Entre maltratos físicos, psicológicos y de otro tipo, muchas de esas personas sufrieron más de un tormento. Por eso la cantidad de agresiones es mayor (323 hechos) si se las analiza como variable autónoma. Sólo Rosario concentró el 55 por ciento de los casos provinciales.
La distribución por sexo marca que el 98 por ciento de las víctimas fueron varones, los más afectados tienen entre 18 y 28 años (68 por ciento del total). En el gráfico por edad, el valor que más se repite es el de los varones de 19 años, con cerca de 30 casos.
Otros datos permiten definir al sujeto sobre el cual la violencia institucional se vuelca de manera periódica. Son jóvenes con bajo nivel educativo, ya que el 90 por ciento no finalizó la secundaria y sólo el 32 por ciento completó la primaria. En el mapa rosarino, la mayoría de los casos se ubica en las zonas sur y oeste, generalmente cerca de comisarías. También se detectó un gran número de episodios en el centro, aunque las víctimas proceden de hogares periféricos.
Para los analistas, este sesgo no es casual: es la policía la que selecciona y define al sujeto penal en base a criterios de "precariedad, pobreza y exclusión social". Y es ese mismo sujeto, construido por el sistema penal, el que termina siendo víctima de tortura.
