Aclaran que la directiva a la Policía no es llevarse detenido a quien circule sin documentación. Que una decisión de ese tipo solo se toma cuando hay indicios de ilícitos
El gobierno provincial asegura que la Policía solo se lleva gente detenida sin DNI cuando hay sospecha de ilícitos.
El juez Rafael Coria rechazó un habeas corpus preventivo y el pedido de inconstitucionalidad de un artículo de la Ley Orgánica de la Policía sobre las facultades de los agentes para identificar a personas en la vía pública. En ese marco, desde el gobierno plantearon que la solicitud presentada por el Servicio Público de la Defensa "ponía en riesgo la política de seguridad en función de prevención".
"No es que la gente tiene obligación de llevar documento y si no tiene documento se lo llevan a la comisaría. No estamos en ese contexto histórico ni social, y no es la directiva que se está dando al personal policial", aclaró María Florencia Blotta, subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio de Justicia y Seguridad Santa Fe, en diálogo con La Capital.
La Justicia provincial volvió a rechazar un habeas corpus y desestimó el planteo de inconstitucionalidad del artículo 10 bis de la Ley Orgánica Policial que describe las facultades que le asisten al personal de la Policía de Santa Fe para llevar adelante las identificaciones de personas que circulen por la vía pública.
En una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal de la ciudad de Rosario, el juez Rafael Coria rechazó el habeas corpus presentado por el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (Sppdp) en representación de toda la ciudadanía de Rosario. Tras las reformas impulsadas por el gobernador Maximiliano Pullaro, que la Legislatura provincial sancionó en diciembre pasado, el Artículo 10 Bis de la modificada Ley 14.258 establece que “podrán ser demorados en el lugar o en dependencia policial hasta tanto se constate su identidad, cuando hubiere sospecha o indicios ciertos respecto de personas que pudieran relacionarse con la preparación o comisión de un hecho ilícito, o por resistencia a ser identificado en la vía pública”. En el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad, la normativa especifica que “la demora no podrá exceder las seis horas corridas”.
"Fue un habeas corpus que plantea que, con los controles que está llevando adelante la policía en tareas de prevención, la ciudadanía de Rosario veía amenazada su libertad ambulatoria", sostuvo Blotta. "Esto ponía en riesgo la política de seguridad en función de prevención, con una herramienta tan importante como el 10 bis entre otras que tiene la Ley Orgánica. No poder usar esa herramienta para tareas de prevención obstaculizaría e incidiría en las políticas de seguridad", explicó.
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Blotta, quien estuvo presente en la audiencia, contó que en la audiencia el Sppdp planteó que las demoras de personas en operativos de identificaciones no tienen impacto en los resultados de las políticas de seguridad. "El análisis que hace la defensa de la utilización de estas herramientas es un análisis sesgado. Le falta información respecto a las identificaciones que luego terminan en actas de procedimiento positiva, con pedido de capturas, secuestros de armas de fuego y demás", aseguró.
Para la funcionaria es importante "poner en valor el rechazo del planteo de inconstitucionalidad". "Fue desproporcionado, parece que da la idea de que la policía si no tenés documento te traslada", indicó. "No es que la gente tiene obligación de llevar documento y si no tiene documento se lo llevan a la comisaría. No estamos en ese contexto histórico ni social, y no es la directiva que se está dando al personal policial", agregó.
El juez Coria recomendó al Ministerio de Justicia y Seguridad "dictar protocolos a fin de unificar las prácticas de las facultades otorgadas al personal policial en la normativa analizada, fundamentalmente para que las actas sean completas, legibles y circunstanciadas". También sugirió realizar "capacitación permanente del personal a su cargo".
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"Todas las recomendaciones que el juez dio son políticas que estamos llevando adelante. Son líneas de trabajo que estamos siguiendo", aseguró Blotta. "Hay cuestiones a revisar. Pero el gobierno no es solo el Ministerio de Justicia y Seguridad. Tenemos políticas de intervenciones interagenciales, con Desarrollo Social y Municipalidad. Estamos haciendo un trabajo con personas en situación de calle para que puedan hacerse el DNI", precisó.
Tal como planteó el juez Coria, para la funcionaria también es importante que los procedimientos policiales consten en actas correctamente elaboradas. "Hay que trabajar en que todo quede debidamente plasmado en las actas de procedimiento. Pero hay que entender el contexto del trabajo operativo de calle. Estamos reforzando capacitaciones para actas de procedimiento porque es una herramienta importante", aseguró Blotta.
Por Mariano D'Arrigo
Por Elbio Evangeliste
