Cinco oficiales superiores policiales, entre ellos un ex jefe de Unidad Regional de Rosario y un ex subjefe de la policía santafesina, quedaron en prisión preventiva por 90 días por brindar protección a una organización dedicada al juego clandestino con base en la ciudad de Rafaela. Tres de los policías acusados se desempeñaron como jefes de la Unidad Regional del departamento Castellanos, con sede en esa ciudad, donde según el fiscal actuante fueron parte de la asociación ilícita liderara por el capitalista de juego ilegal David Perona.
En una audiencia compleja, que se prolongó nueve horas, el fiscal de Delitos Complejos Martín Castellano agregó a los cinco jefes policiales a la estructura en la que ya había imputado a doce civiles, cuatro de los cuales están presos. En una estructura de tolerancia continuada al juego ilícito, de acuerdo a la investigación los policías recibían cobros de entre 120 a 280 mil pesos con frecuencia variable, entre semanal y mensual, en lugares mencionados frente al juez actuante, durante 2017 y 2019.
Entre los policías acusados está el ex jefe de la Unidad Regional II Juan Pablo Bengochea, el ex subjefe de la policía de la provincia comisario general José Jorge Pérez, y los comisarios Fabián Forni y Javier Gorosito. El único de los imputados que no está retirado es el también rosarino Flavio Aranda.
El fiscal Castellano detalló que los imputados Pérez, Forni, y Bengochea fueron jefes de la Unidad Regional V Rafaela de la policía provincial. Por su parte Gorosito fue jefe de la Agrupación de Unidades de Orden Público, mientras que Aranda integró la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional V. Y enumeró que cobraban mensualmente hasta 280 mil pesos para habilitar las salas de juego y optimizar la explotación del negocio ilegal.
A estos cinco oficiales jerárquicos, el fiscal les atribuyó la coautoría del delito de asociación ilícita en calidad de organizadores. Además, a los imputados de Bengochea, Pérez y Forni adjudicó ser partícipes necesarios del delito de organización, administración, operación y explotación de sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente.
“Los civiles investigados entregaban parte de las ganancias obtenidas de la actividad ilegal a los policías en los períodos en que cada uno de ellos formó parte de la asociación ilícita, conforme a un acuerdo existente para el reparto de las ganancias”, describió el fiscal.
El fiscal argumentó que “la entrega del dinero era a raíz de la protección policial que brindaban para que las actividades delictivas de la organización criminal sean factibles y desarrolladas con los menores contratiempos posibles”.
“Los cuatro policías retirados y el policía en actividad junto a otros dos civiles de sexo masculino que ya habían sido imputados anteriormente acordaron constituir y formar parte de una asociación de carácter delictivo de manera estable, con suficiente organización y roles definidos (aunque dinámicos)”, comenzó explicando el fiscal Castellano en la audiencia.
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Para el fiscal, “la asociación ilícita estaba destinada al ejercicio regular y habitual de organización, administración y explotación de juegos de azar que no contaban con la debida autorización emitida por las autoridades competentes en la materia”.
“Los civiles investigados entregaban parte de las ganancias obtenidas de la actividad ilegal a los policías en los períodos en que cada uno de ellos formó parte de la asociación ilícita, conforme a un acuerdo existente para el reparto de las ganancias”, describió el fiscal.
El fiscal argumentó que “la entrega del dinero era a raíz de la protección policial que brindaban para que las actividades delictivas de la organización criminal sean factibles y desarrolladas con los menores contratiempos posibles”.
Castellano especificó que “el accionar ilícito de los imputados consistió en brindar información _incluso de investigaciones fiscales en curso_ para que los civiles conserven a resguardo las ‘salas de juego‘”. También subrayó que “impartieron instrucciones para optimizar el rendimiento de la explotación ilegal; volcaron su influencia para obstruir o inhibir cualquier tipo de control, actuación o procedimiento policial y facilitaron las condiciones necesarias para que las ‘salas’ pudieran habilitarse, mantenerse en el tiempo o bien cerrarse temporalmente, incluyendo el suministro de información sobre investigaciones fiscales en curso”.
"La asociación ilícita estaba destinada al ejercicio, organización, administración y explotación de juegos de azar sin autorización" "La asociación ilícita estaba destinada al ejercicio, organización, administración y explotación de juegos de azar sin autorización"
Castellano añadió que “los pagos eran de entre 120 y 280 mil pesos y se hacían de forma semanal, quincenal o mensual de acuerdo a la modalidad establecida por el jefe policial de turno”. También precisó que “algunas entregas de dinero se hicieron en el edificio de la Jefatura de Policía de Rafaela, pero otras las hacían personalmente los civiles imputados en la vía pública”. También detalló los lugares que funcionaban como salas de apuestas.
Castellano advirtió que “a partir de enero de 2017, a los hechos delictivos que constituían el objeto de la asociación ilícita desde su inicio, se añadió el ejercicio habitual y continuo de la actividad de organización, administración y explotación de juegos de azar sin autorización”. El fiscal explicó que “estaba dirigida a un público indefinido y variado que concurría de manera fluida y asidua a los establecimientos puestos a disposición a tales fines o bien ingresaba a páginas online para disputar los juegos de azar”.
“El entramado de negocios ilegales indicados fue desplegado en cuatro inmuebles en la ciudad de Rafaela, dos en Sunchales y uno en la localidad de Ramona”, afirmó y agregó que “mediante la puesta a disposición de locales físicos de acceso libre en los cuales los asistentes disputaban juegos de azar mediante la utilización de máquinas y equipamientos electrónicos o bien a través de la modalidad denominada ‘juego o casino on-line’”.
El fiscal del MPA también concluyó que “a estos fines, los miembros de la organización vendían ‘créditos’ para que los adquirentes ingresen a sitios web que se les indicaba en condiciones de disponer de recursos para apostar en el marco de partidas online de juegos de azar, asumiendo la misma, en consecuencia, la condición de intermediaria en el flujo de dinero entre los portales web de apuestas y los jugadores”.
El juez Javier Bottero impuso la prisión preventiva a los cinco policías por 90 días, por el delito de organizadores de asociación ilícita. También a Bengochea, Forni y Pérez están imputados de organización, administración, operación y explotación de sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente.
